Los Hechos y el Derecho TV Señal en Vivo

Sunday, April 22, 2012

Los Sistemas Judiciales en América Latina



LOS SISTEMAS JUDICIALES EN AMÉRICA LATINA:

Continuación del Articulo Principal:
Los Derechos Humanos y los Sistemas de Justicia
By Natalia Sampor

Pictures Provided by Fundación Fedi


En esté apartado tomare unos párrafos de los trabajos realizados por  personas con las cuales comparto en su totalidad sus resultados, finalizando con algunos aportes propios sobre mi experiencia y los datos recolectados en los diferentes ambientes que realice las tareas investigativa.

LA JUSTICIA COMO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

(Documento tomado del libro EL PROCESO PENAL: Sistema Penal y Derechos Humanos en Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y españa. México: secretaria de gobernación, ilanud, comision europea y editorial porrúa, 2000.


LA LEY Y LA REALIDAD: 
(Dr.Eugenio Raúl Zaffaroni)


 Cuando se analizan las leyes de los países de nuestro continente latinoamericano, puede causar sorpresa el número de derechos y garantías que en ellas se consignan, incluso desde el siglo pasado, frecuentemente arraigados en los actos de los propios libertadores o de los primeros gobiernos independientes.
...Muy poco contribuyó la independencia, las guerras civiles entre intereses portuarios y mediterráneos (liberales y conservadores según la terminología más corriente) y la consagración de repúblicas oligárquicas para estrechar la distancia entre la ley y su vigencia. Estas últimas se caracterizaron por sancionar constituciones republicanas y liberales, que reproducían a su modo disposiciones de la declaración de derechos del hombre y del ciudadano francés de 1789, de la Carta de Virginia o de la Carta Magna, pero el poder quedó en manos de una minoría hegemónica que operaba como grupo dominante proconsular del poder mundial del momento, en sociedades muy estratificadas y que, con demasiada frecuencia, sin cambiar las constituciones, se traducían en largas dictaduras personales. Muchas décadas hubo de esquizofrenia entre la ley y la realidad: constituciones y leyes republicanas en los papeles y pergaminos, y gobiernos autoritarios y hasta totalitarios en la realidad, sin que éstos se preocupasen por reformar las constituciones, sino que, por el contrario, se proclamaban defensores de los valores jurídicos que aniquilaban.
...Con semejante experiencia jurídica, era bastante natural que las poblaciones no se habituasen a vivenciar el derecho como fruto de una conquista resultante de una lucha propia, sino como el discurso de dominación de las minorías hegemónicas, frecuentemente hipócrita e incomprensible. Fue un largo mal entendido que se prolongó hasta nuestro tiempo y que no ha desaparecido totalmente, proporcionando la base sobre la cual se extendió la idea de que el derecho es una superestructura inútil y desechable. Las luchas guerrilleras y las demás manifestaciones de resistencia política armada de los años setenta, fueron llevadas acabo por grupos políticos que, sobre la base de esa experiencia histórica, no planteaban tampoco reformas jurídicas, sino que se insertaban en esa traducción de desprecio a lo jurídico, considerado sólo como discurso hegemónico superestructural, convicción en la cual los confirmaban quienes los combatían y que, con base en la teoría de la guerra sucia o con la famosa seguridad nacional, arrasaban con todo límite jurídico en nombre de los mismos valores que despreciaban. Hasta el presente no puede asegurarse que haya un pensamiento jurídico progresista consolidado y con caracteres comunes en la región, precisamente porque el peso de la dicotomía aún se siente en toda su extensión.                         
Este fenómeno es particularmente grave en el campo del derecho procesal penal, por dos razones fundamentales: a) la ley penal naufraga en todos los límites garantizadores que puedan pensarse y plasmarse, sin un proceso penal conforme a sus mismos y paralelos principios; b) no basta con la consagración formal de los principios y los procedimientos, si no hay mecanismos de efectivización de los derechos y garantías.
El estado de policía paternalista no necesita defensa del procesado, porque se erige no sólo en víctima, sino también en acusador, defensor y juez. Cuando el derecho penal adopta la forma de la emergencia, es decir, de un poder que debe ejercerse para salvar a la sociedad (o a la especie) de un mal que de otro modo la aniquilaría, se degrada a derecho policial y asume el discurso de la coerción administrativa directa diferida: debe detener el avance de un proceso lesivo en curso y todo lo que hace es defensa (legítima), pues no resta otra solución ante tamaña amenaza. La pena cumple la misma función que la medida policial y el proceso no puede ser otra cosa que una investigación, llevada a cabo mediante el interrogatorio frente a cualquier dato revelador del peligro o de cualquiera de sus manifestaciones. El tribunal es una autoridad policial que investiga y toma la medida coercitiva de inmediato: no se requiere acusación ni defensa.
...En un derecho penal más republicano, las infracciones no son signos sino lesiones a derechos o bienes jurídicos, que conllevan un mal en sí mismas. Por ello, es necesario saber que es lo que se imputa al sujeto (fijarlo en una acusación) y debatir entre partes la prueba al respecto. Esto requiere que las funciones procesales se separen nítidamente y que la materia de acusación quede bien determinada antes del debate o juicio. De allí las bases del sistema acusatorio, que es la manifestación procesal del derecho penal liberal o de garantías.
...Las fórmulas de los textos internacionales deben entenderse en el sentido amplio y de buena fe —pro homine— como prohibiendo la retroactividad de toda ley que amplía el poder punitivo, cualquiera que sea su naturaleza; y la tesis del doble derecho es inaceptable en la región. Planteada la cuestión en estos términos, debiera concluirse en el necesario reconocimiento de la violación de los tratados por parte de toda norma más gravosa que pretenda tener efecto retroactivo respecto de la prescripción de cualquier delito. Cabe recordar aquí el caso de la dictadura franquista cuando prolongaba la prescripción de los supuestos delitos cometidos por los republicanos.   
Es bastante claro que los intentos alemanes como la racionalización argentina para otorgar la extradición, no son más que imperativos políticos que, por materialmente justos que parezcan o sean, producen un total desconcierto doctrinario. No es del caso analizar en particular estos supuestos, pero quizá la solución se halle reconociendo claramente la naturaleza política de las decisiones y no aplicando reglas que no están pensadas ni pueden aplicarse a supuestos que nunca pueden ser realmente materia del poder punitivo formalizado. Para evitar la impunidad de genocidas no pueden lesionarse indiscriminadamente elementales garantías de toda la población: es preferible sostener a su respecto una suerte de nueva "pérdida de la paz".
...Pero el problema más grave, por su frecuencia y extensión, es decir, por constituir en nuestra región la forma más usual de ejercicio del poder punitivo represivo, es decir, por haberse erigido en la pena más corriente, es el de una institución considerada casi siempre de naturaleza procesal penal, pero que para nosotros tiene una filiación penal: la prisión preventiva.        
Los esfuerzos que se han hecho para explicarla dentro de los principios y garantías constitucionales e internacionales son, a nuestro juicio, completamente vanos: la prisión preventiva, al menos en la gran mayoría de los casos, implica una lesión a la presunción de inocencia, y por ende, una pena anticipada a la sentencia.
La prisión preventiva —al igual que algunas penas excepcionales— puede legitimarse como coacción directa en los casos en que la misma sea necesaria para detener una actividad lesiva en curso o para impedir una inminente, pero en los restantes casos es aún más irracional que una pena irracional, dado que se trata de un poder punitivo habilitado antes de que se pueda afirmar que haya un delito, es decir, una pena impuesta por la mera notitia criminis. No puede tener ninguna legitimidad la imposición de una pena a quien no se sabe si es autor de un delito.            
...Los intentos de legitimar la prisión preventiva circulan por dos carriles diferentes: los que le reconocen más o menos expresamente el carácter de pena y tratan de legitimarla como tal, y los que le desconocen este carácter y tratan de legitimarla como medida procesal. Son, respectivamente, las llamadas teorías sustantivistas y procesalistas de la prisión preventiva.        
Ambas posiciones se reflejan y tienen su versión en negativo en los criterios usados por la legislación y la jurisprudencia para hacer cesar la prisión preventiva, que son los llamados "criterios excarcelatorios", donde por lo general se cruzan en la práctica argumentos de ambas naturalezas.
...La imposibilidad de legitimar la prisión preventiva, porque entra en contradicción irreductible con el principio de inocencia, nos muestra que no hay principio ni garantía que sea absolutamente respetado en el ejercicio del poder punitivo, o sea que, éste los viola a todos, sólo que en diferentes medidas. Dicho más sintéticamente: los derechos humanos siempre son violados por el poder punitivo, sólo que en diferentes grados; si se quiere invertir la fórmula —aunque no por eso cambia el contenido— puede decirse que el poder punitivo respeta los derechos humanos en diferente medida.              
Es verificable que ninguno de los principios que se mencionan como limitadores del poder punitivo reconoce realización absoluta. La observación corriente permite comprobar que si todos ellos se enunciasen de modo absoluto, sería menester reconocer su violación cotidiana. Ello obedece al muy limitado espacio de las agencias jurídicas dentro del marco general del poder punitivo y a que, incluso dentro del ejercicio punitivo manifiesto y en los casos a ellas sometidos, la criminología no la inician éstas y sólo se limitan a decidir su continuación o interrupción.    
Si los principios limitativos fuesen elevados a reglas de valor absoluto y conforme a ellas fuese corregida la operatividad del poder punitivo, éste sufriría una radical reducción. Esta comprobación produce desconcierto en la doctrina tradicional, al punto de llegar a considerarlos meramente orientadores, ante la evidencia de que, aplicados estrictamente, llevarían a la abolición de la pena, como lo reconoció Naucke hace años. Semejante desconcierto implica aceptar pacíficamente que el derecho penal viola el derecho internacional.    
Ante lo inadmisible de esa propuesta, corresponde considerar el dato de hecho e incorporarlo dinámicamente al sistema: en la realidad observamos diferentes grados de realización de los principios: en el plano teórico debe incorporarse el dato para partir de esos niveles de realización e impulsar su avance. Esto lleva a considerarlos reglas de realización progresiva o principios inacabados (unfinished). El grado de incompletividad de su observancia es parejo al de defecto realizador del estado de derecho. El progreso de sus standards de realización será paralelo al poder jurídico y a la reducción de la violencia de las restantes agencias del poder punitivo.     
Conforme a ello, puede afirmarse que hay standards de realización de los derechos humanos en el ejercicio del poder punitivo, y cuanto más extensamente se haga uso de la prisión preventiva, menor será el standard de respeto a los derechos humanos. Esta afirmación basta para demostrar que el nivel realizador en la región es considerablemente bajo, dado el extensísimo uso de la prisión preventiva.
...Las recientes tentativas de reducir la prisión preventiva en América Latina no marchan por buen camino. Siendo prácticamente innegable la violación al principio de inocencia que ésta implica y siendo igualmente verificable su carácter de pena, la lógica elemental —pero algo separada de la realidad por omisión del dato cultural respecto de los operadores judiciales— señala que la principal causa de extensión de la misma son los procesos prolongados. Para resolverlo se ha intentado abreviar los procesos, pero la ecuación no resulta exacta, pues la prisión preventiva no se reduce en la misma proporción en que se abrevian los procesos, debido a que los jueces la siguen empleando como pena anticipada.
De cualquier manera, abreviar los procesos resulta indispensable tanto a éste como a otros efectos garantizadores. Pero esta empresa requiere inversión presupuestaria, de modo que, ante la situación creada, se ha tratado de hallar una fórmula de reducción de la duración de los procesos que no tuviese ese inconveniente y que, además fuese funcional a otros efectos. Lo que se buscaba era una institución que: a) redujese la prisión preventiva sin implicar gastos, b) que no pudiese perjudicar a los invulnerables o menos vulnerables, c) que sustituyese a la tortura, y d) que pudiese satisfacer la voluntad de imponer privación de libertad por delitos de gravedad media o leve. Se la halló con la plea bargaining de la que se valen en los Estados Unidos para batir el record de presos con bajo porcentaje de prisión preventiva. Con este objeto se están importando a la región distintas variantes de la bargaining o regateo (más pudorosamente traducido como negociación).    
Como es sabido, la misma se convierte fácilmente en una fuente de extorsión que reemplaza a la tortura: quien carece de defensa de calidad no tiene otro recurso que admitir lo que se le ofrece en la negociación o regateo, pues de lo contrario se le amenaza con una pena mucho más grave. De este modo se logra reducir el número de presos preventivos, puesto que se los condena a todos rápidamente. Además, se trata de un recurso que llena otro requisito fundamental para la selectividad estructural del poder punitivo: perjudica sólo a quienes tienen menores recursos; el resto puede incluso beneficiarse con él. En tercer lugar, los jueces pueden seguir ejerciendo el manejo de la prisión preventiva como pena, aunque ya a modo de pena formal.         
...El derecho penal contribuye decidamente a la amplitud del ejercicio del poder punitivo de diversas maneras. Una de ellas es la reproducción incesante de tipos penales, especialmente cuando los mismos son formulados de modo nebuloso o defectuoso, pero también cuando no lo están. 
La excarcelación o procesamiento sin prisión preventiva depende en gran medida de la calificación que se hace de la conducta en el auto de procesamiento que, en el panorama de extensión de la misma como pena, viene a cumplir la función de sentencia condenatoria provisional. Sin embargo, no es el momento en que se discute profundamente la calificación del comportamiento imputado. Por regla general, el mismo se formula muy tentativamente y con grandes defectos técnicos.          
Esto significa que el juez que califica en el acto de someter a proceso a una persona tiene el poder de condenarla en forma ejecutiva y de cumplimiento inmediato casi con absoluta arbitrariedad.
Por lo general, en todos los países existe un tipo penal al que se apela para obtener este resultado. En el derecho anglosajón, a medida que se iba restringiendo la facultad judicial de crear delitos —por efecto del predominio del statute law o derecho legislado— los tribunales apelaban, progresivamente a una figura indefinida que es la conspiracy, definida por los tratadistas como la obtención de un fin lícito por medios ilícitos o de un fin ilícito por medios lícitos. Semejante apariencia conceptual permite hasta hoy construir analógicamente la ley penal y violar la rule of law en el derecho penal de los países anglosajones. En nuestros países no es extraño que se apele a la asociación ilícita, si es que tiene pena considerablemente alta y permite, por ende, denegar la excarcelación o imponer la prisión preventiva.
...Con frecuencia, los mismos tribunales que deben conocer de la sentencia en segunda instancia son los que deben revisar el procesamiento y su calificación. Se trata de la fórmula procesal mas idónea para garantizar la arbitrariedad del juez del procesamiento y, al mismo tiempo, una denegación de la revisabilidad o doble instancia.             
No se garantiza la doble instancia con la mera posibilidad procesal de revisión de la sentencia definitiva, cuando la mayor parte de las penas que se están ejecutando no se imponen por sentencia definitiva: si los hechos nos muestran que la verdadera función de sentencia condenatoria la están cumpliendo los autos de procesamiento, es bastante claro que la doble instancia se debe garantizar plenamente con respecto a éstos.
Cuando el mismo tribunal que debe revisar la sentencia es el que decide acerca del procesamiento, se halla en una posición contradictoria, pues siempre su decisión respecto del segundo importa un cierto grado de prejuzgamiento con referencia a la primera. Esto no le pasa por alto al mismo tribunal y, por ende, encuentra una solución que, por un lado le simplifica el trabajo y, por otro, le permite salir formalmente de la encrucijada: prácticamente no abre juicio acerca de la calificación, amparado en que las mayores precisiones al respecto corresponden a otro momento procesal, con lo cual, por un lado trabajan menos y, por otro, les evita el prejuzgamiento. De este modo, los argumentos de derecho quedan en la mayor parte de los casos sin responder y el procesado (en realidad condenado a sufrir la pena de prisión preventiva) en situación de indefensión frente a la arbitrariedad calificatoria.      
...Otra de las contribuciones penales de fondo a la violación de elementales garantías procesales es la teoría de los concursos, mediante cuya confusión y manipulación es muy sencillo violar la regla del non bis in idem.
Se trata de un tema suficientemente oscuro en el derecho penal y que, por ende, es perfectamente utilizable para condenar dos veces a una persona por el mismo hecho, para conceder extradiciones aunque la persona haya sido condenada y haya cumplido pena por el mismo delito en el país cedente, para que una persona sea al mismo tiempo condenada por un tribunal normal u ordinario y otro extraordinario, etc.               
En la medida en que no quede claro que el concurso ideal es un único hecho y por tal se considere una única acción o conducta, que encuadra simultáneamente en varios tipos penales, aunque sea en forma parcial y aunque provoque el efecto de "enganche" entre tipicidades que de otro modo serían independientes, se usará el concurso ideal para proceder al desdoblamiento artificial de una única acción y, por ende, se someterá a dos procesos a una única conducta. Lo mismo sucederá si no se admite que el concurso ideal requiere que sólo una parte de la acción se superponga con la otra tipicidad, pues se convertirán todos en concursos ideales y, por ende, se llegará al mismo resultado. Algo análogo sucede cuando se considera que los resultados multiplican los delitos, pasando por alto que delito no es básicamente un resultado sino una acción.
Este itinerario por el derecho penal de fondo, que nos obliga contínuamente a entrar en el terreno del procesal penal, es suficiente para proporcionar la vivencia de la íntima vinculación e interdependencia entre ambos, al menos desde el punto de vista político criminal o de los derechos humanos.     
En estos momentos no se trata solo de descalificar las legislaciones que violan abierta y frontalmente las garantías procesales, como sería el caso de las que establecen tribunales secretos o anónimos, sino que es necesario hilar más fino para descubrir que, a través de la legislación procesal, el derecho penal defectuoso puede facilitar tipos y confusiones (como la conspiración o la teoría de los concursos) que le permitan burlar sus límites internacionales y cometer injustos jushumanistas bajo legalidad formal, generalmente no percibida por los internacionalistas, poco enterados de los tecnicismos penales. Aunque siendo necesario menor grado de penetración técnica para percibirlo, también es necesario comprender que el proceso penal en la región tiende a desaparecer, reemplazado por un procedimiento que desemboca en el auto de procesamiento con calificación arbitraria y en una pena de prisión preventiva de ejecución inmediata y a veces sin apelación, pero que en los casos de delitos leves produce que la pena se halle prácticamente cumplida cuando llega la sentencia formal, en tanto que en los delitos más graves tiende a desaparecer reemplazado por la bargaining. Si a esto añadimos la introducción acelerada de instituciones inquisitoriales en el área de tóxicos con seria amenaza de extenderse a otras, como ha sucedido siempre que se ha vuelto al inquisitorio, nos daremos cuenta de que la mera consagración formal y legal de los principios no lograr evitar los injustos jushumanistas en el proceso penal.        
La fuente del derecho internacional de los derechos humanos son tratados internacionales. La buena fe se impone como criterio interpretativo de cualquier tratado, en función del art. 31 de la Convención de Viena: Todo tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objetivo y fin.               
El principio pro homine es propio del derecho internacional de los derechos humanos e impone que en la duda se decida siempre en el sentido más garantizador del derecho de que se trate. En realidad, es una aplicación particular del principio de buena fe del general derecho de los tratados a éstos cuando corresponden a una rama especializada del derecho internacional.   
El principio de buena fe y su concreta aplicación (pro homine) impide que el discurso penal invoque las disposiciones de los tratados para violar los límites del derecho penal de garantías, o sea, que se haga un uso perverso de las propias cláusulas garantizadoras. Ejemplo de estos usos perversos son las invocaciones a derechos para convertirlos en bienes jurídicos e imponer penas inusuales o crueles so pretexto de tutela. Pero no sabemos si con esto se agota el contenido de la regla de la interpretación de buena fe de los tratados internacionales de derechos humanos: cabe preguntarse si no se renuncia a una interpretación de buena fe cuando no se tienen en cuenta los tecnicismos a que se acude para encubrir injustos jushumanistas en sentido material.
Los procesos penales se desarrollan en un mundo real, en el cual se violan derechos humanos todos los días, aunque las leyes establezcan garantías formales que, en la práctica, se desconocen por diferentes razones. Es imposible sintetizar acabadamente estos desvíos de la realidad respecto de lo pautado, pero lo cierto es que hay actitudes o conductas de los protagonistas del proceso y en especial de la jurisdicción que, si bien no siempre se apartan abiertamente de la ley, en concreto significan la cancelación de diversas garantías. Lo que sigue es un breve listado ejemplificativo de situaciones de esta naturaleza, que vale como indicador del camino que entendemos debe transitar en el futuro la investigación jushumanista del proceso penal.
...Nadie ignora la gran discusión existente en torno de la llamada instrucción y de la controvertida figura del juez instructor de cuño bonapartista. Es verdad que esa figura es realmente atormentada, en particular cuando se le reclama imparcialidad. Lo máximo que puede exigirse cuando se reclama imparcialidad al juez instructor, es la falta de una finalidad de perjudicar o de favorecer a alguien, pero en modo alguno una imparcialidad frente a las pruebas: si el juez de instrucción es un investigador, es claro que todo investigador es parcial en cuanto a las hipótesis sobre las que trabaja y de las que termina convencido. Esta contradicción lo convierte en una figura atormentada porque se le exige lo imposible. Resulta mucho más coherente en este sentido la investigación en manos del ministerio público, en el marco de un proceso más puramente acusatorio, limitándose al juez a disponer las medidas coactivas y a controlar las garantías.   
...Pero mucho antes de esta discusión —importantísima por cierto— es menester preguntar, ante un sistema procesal concreto, si realmente la instrucción o investigación la lleva a cabo el juez o el fiscal, o si, por el contrario, éste se limita a legitimar una tarea que en definitiva es realizada por la policía dependiente del poder ejecutivo.             
Se trata de un dato de hecho fundamental para saber si se respetan las garantías: cuando el funcionario instructor —juez o fiscal— tiene a su cargo miles de causas, no pasa de ser una figura decorativa que legitima actos policiales. Esto se comprueba fácilmente conociendo el índice de conflictividad y la densidad de instructor por habitante. Si de esa información se deduce que es completamente insuficiente, la conclusión es que la delegación en la policía es obligada.
Por regla general, ésta es la base de la corrupción policial, usualmente fomentada por los operadores políticos, porque de ese modo obtienen un doble recorte presupuestario: por un lado, se ahorran la inversión que implica montar y sostener las fiscalías y juzgados; por otro, ahorran gran parte del presupuesto policial, que es solventado a través de los ingresos ilícitos que comete la policía con el uso arbitrario de la función instructoria penal.           
...Si a esto se agrega que la obligación de poner a la persona detenida a disposición de la autoridad judicial no es inmediata, si se permite la incomunicación, si se admiten declaraciones en sede policial, si se otorga valor probatorio a dichos de los funcionarios policiales respecto de manifestaciones de los detenidos, no se requiere mayor penetración para concluir que se trata de un proceso penal en el que no se respeta ninguna garantía y en el que es frecuente el uso de la tortura y los apremios.
...La incomunicación y la permanencia del preso en dependencias policiales es la ocasión de la tortura; esto es así incluso cuando la declaración válida sea sólo en sede judicial, porque la circunstancia de que el preso deba volver a la dependencia policial es coacción suficiente, máxime si, como a veces sucede, permanece en el juzgado o fiscalía mientras declara custodiado por el mismo personal policial que oye su declaración.
La declaración prestada después de larga incomunicación es dudoso que pueda ser —en puridad— considerada voluntaria y prestada con total conciencia de la situación. La persona que declara en estas condiciones lo hace siempre presionada por las circunstancias y en situación totalmente desfavorable. Si se aplicasen estrictamente los principios que la ley establece se trataría de declaraciones nulas por vicio de la voluntad coacta del declarante.     
...La dependencia de la policía judicial del poder ejecutivo es un factor necesariamente distorsionante de la investigación. Cuando el poder ejecutivo no quiere que se investigue, el juez o el fiscal quedan sin la cooperación necesaria y, por ende, en imposibilidad de hacerlo. No basta con la formalidad legal que establece que la policía es auxiliar de la justicia, puesto que es sabido que ésta averigua si lo desea, es decir, que en caso contrario se limita a cumplir las órdenes y está en condiciones de desviar gravemente la investigación con total impunidad, pues no tiene nadie capacidad de controlarla.
Por cierto que no se resuelve esto cambiando de nombre a las instituciones: si el ministerio público es una dependencia del poder ejecutivo, que lo nombra y remueve a su conveniencia, y la policía una dependencia de éste, la investigación a cargo del mismo no sería un paso hacia el sistema acusatorio, sino la puesta de la investigación de todos los delitos bajo los dictados e intereses del ejecutivo o, lo que es lo mismo, que la policía se haya transformado en ministerio público. Aparentemente, la única policía judicial realmente existente en los países que abarca la presente investigación es la de Costa Rica, puesto que en El Salvador, en contra de lo dispuesto por la Constitución, la misma sigue dependiendo del ejecutivo. El caso de México parece indicar la otra variante: una gran maquinaria policial que se ha deglutido a un ministerio público dependiente del ejecutivo; no cambia la naturaleza de las cosas que en lugar de comisarías, las dependencias policiales se llamen delegaciones del ministerio público.
La delegación de la instrucción en la policía por parte de jueces o fiscales a los que el volumen de trabajo les impide realizarla personalmente, conduce por razones estructurales a la formación de un poder policial autónomo al que se van tolerando vicios que se disimulan: no se pregunta cómo se llega a las noticias, se admiten explicaciones absurdas y banales, se acepta tácitamente que se valgan de informantes pagos con impunidad, etc. La cuestión alcanza la paradoja cuando, en algún caso aislado, el juez o el ministerio público quieren investigar y la policía les resta auxilio material: en tales casos son los funcionarios los que deben acudir a estos procedimientos, con el consiguiente escándalo. Lo cierto es que esto pone de manifiesto que se investiga con medios ilícitos pero tolerados por todos, mientras lo haga la policía: el único al que no se le toleran estos procedimientos es al juez.              
...A estos procesos suelen corresponder poderes policiales muy autónomos que, por lo general se atribuyen facultades de detención masiva y arbitraria, por contravenciones o por pura prevención (redadas), con lo cual ejercen el poder recaudador y al mismo tiempo llenan estadísticas con las que prueban su supuesta eficacia preventiva. Esas atribuciones forman parte de la estructura de una policía sobredimensionada y autofinanciada y de un poder judicial y ministerio público atrofiado y débil.             
...Se hace necesario investigar el grado de defensa real que se ofrece a quienes no tienen recursos para una defensa privada, porque el trabajo excesivo de los abogados de la defensa pública suele completar el panorama de indefensión de la persona. Cuando se garantiza el derecho de defensa, no se está tratando de una mera formalidad, sino de una defensa con real contenido de tal y en todas las etapas del proceso. La pertenencia de la defensa pública al mismo órgano judicial tiene serios inconvenientes, como que los defensores públicos no interponen todos los recursos y tampoco acuden a las instancias internacionales, por temor a las sanciones administrativas que les pueden imponer sus superiores que, obviamente, no lo harán en la misma causa, pero buscarán el pretexto para vengarse del funcionario al que consideran un traidor a la corporación.
...Otra importante violación de garantías la constituye la actitud de los jueces de instrucción y de primera instancia, temerosos de las sanciones de su alzada en poderes judiciales corporativos, jerarquizados y verticalizados: el temor les lleva a negar toda medida que pueda beneficiar al procesado e incluso a condenar en las mismas sentencias formales, para ahorrarse conflictos con los órganos colegiados. De este modo, los sobreseimientos y absoluciones prácticamente deben resolverse en segunda instancia, lo que por lo general es favorecido por un ministerio público que, por errónea interpretación de su función, entiende que es su obligación apelar toda medida que beneficie al procesado, sin tener en cuenta la naturaleza de la misma y ni siquiera las constancias de la causa.             
...El peligro que significa un ministerio público que deja de ser control de legalidad y acusador racional, para convertirse en una máquina de acusar sin sentido ni razón, está demás que lo subrayemos. Mucho más grave es que la propia jefatura del cuerpo imparta instrucciones obligando a la apelación de todas las resoluciones e interlocutorios que benefician a cualquier persona, porque eso implica que la propia cabeza ejerce su función arbitrariamente y deforma la misión procesal del ministerio público. Es lamentable que en tales aberraciones no se haga efectiva la responsabilidad política de los funcionarios que aniquilan garantías por meras razones de estadística burocrática.          
...La instrucción a cargo de jueces distintos de los sentenciadores es una necesidad largamente reconocida en tanto se sostenga el llamado sistema mixto, pero es bueno tomar las precauciones necesarias para evitar que los sobreseimientos desaparezcan, porque ante la duda, siempre es mucho más sencillo redactar una elevación a juicio que un sobreseimiento. La ley del mínimo esfuerzo, a la postre, triunfa en detrimento de las garantías y con desmedro de la propia función judicial cuya economía se lesiona con juicios innecesarios.           
...El derecho a interrogar a los testigos y peritos es materia que frecuentemente se desconoce de modo grave: el rechazo de testigos y peritos es moneda corriente. Los jueces de tribunales orales no tienen interés en prolongar las audiencias. La magnitud de un proceso no se mide desde el tribunal por la dificultad probatoria o jurídica del caso, sino por el número de testigos a interrogar, lo que da idea del tiempo que insumirá. De allí que sea práctica en muchos tribunales afilar la atención para rechazar testigos, sobre todo de la defensa o de la querella, al menor defecto de forma en el ofrecimiento o incluso sin defecto alguno. Los defensores, por lo general, no insisten porque entienden que no es buena táctica comenzar peleando por el tribunal y, mucho menos, ganarse la antipatía del mismo con declaraciones que prolongan las audiencias de juicio y aumentan el malhumor de los jueces. Este temor es aún mayor cuando se trata de una población relativamente pequeña y de abogados que ejercen habitualmente su ministerio en ese tribunal y que consideran que no pueden permitirse efectuar planteos de esta naturaleza, ante la posibilidad de perjudicar a sus defendidos no sólo en ese juicio sino en otros que nada tienen que ver con el mismo, es decir, de ver obstaculizado su ejercicio profesional. Sería necesario que la admisión de la prueba la decidiera un tribunal diferente del que hará el juicio.      
Los actos instructorios sin control de las partes conformándose con la simple notificación a las mismas a veces por nota, o perjudicando su intervención con cambios de horarios en su realización, prácticamente desconcertando al defensor, a quien se le proporcionan informaciones falsas, son otras tantas actitudes corrientes y conocidas de las que se valen algunos jueces de instrucción para tomar declaraciones o practicar otras diligencias sin la presencia del defensor, que no las puede objetar porque, teóricamente, debiera haber permanecido en el tribunal muchas horas, con el consiguiente detrimento de sus tareas, esperando que el juez decida realizar el acto.             
Otro medio muy recurrido para impedir el interrogatorio de testimonios y peritos tiene lugar en el plenario oral, cuando con mucha generosidad se va imponiendo el criterio de admitir la introducción de las pruebas de la instrucción sin reproducirlas: basta que se informe que un testigo cambió de domicilio, que otro ha viajado porque lo dice una vecina, que el perito se halla de vacaciones, todo lo cual, especialmente si tiene lugar en un proceso penal cuya instrucción la lleva a cabo la policía dependiente del poder ejecutivo por delegación, no es más que la coronación de la potestad de los funcionarios del ejecutivo de decidir quien debe ser condenado y quien absuelto.           
El derecho de las partes a interrogar resulta lesionado, cuando en la instrucción se habilita al funcionario a que realice actuaciones sin la presencia de la defensa y luego, en el plenario, éstas se incorporan por lectura por decisión del tribunal, ante obstáculos despreciables.
...No es necesario apelar a la tortura para violar el principio de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, pues existen distintos métodos por los cuales se logra convertir a la indagatoria y sus ampliaciones en medios de prueba cargosa, sin que la persona física del imputado o procesado sufra ningún detrimento. La incomunicación es, en este aspecto, una forma de apremio.              
Una persona sometida a ese apremio, particularmente si carece de experiencia procesal y si es "aconsejada" por el policía "bueno" que alterna con los "malos" durante ese estado, está privada de la capacidad de juicio crítico necesaria para declarar.             
La prisión preventiva prolongada y con asistencia jurídica defectuosa por falta de comunicación más o menos frecuente con el preso, provoca conductas erróneas en el orden procesal con demasiada frecuencia: los presos librados a su suerte suelen tener comunicación entre ellos y armar planteos jurídicos disparatados que los perjudican. No sólo existen presos "parias" porque no reciben visitas de sus familiares y amigos, sino también "parias" jurídicos, porque no reciben visitas regulares de sus letrados. Esta asistencia personal es parte de la defensa y evita la autolesión procesal del preso.            
...La garantía de la doble instancia tiene un contenido material: no basta con su establecimiento procesal formal, sino que debe asegurarse que todos los procesados tengan la posibilidad real de acceder a las instancias superiores nacionales e internacionales. Para ello se requiere una asistencia jurídica adecuada e independiente de la estructura judicial, al menos en el aspecto disciplinario.          
Igualmente grave es que la propia ley niegue para casos considerados de "menor gravedad" el acceso a las instancias de revisión y de control de constitucionalidad. La magnitud de una lesión de derechos no la proporciona la cuantía de la pena impuesta. Las infracciones menores deben ser tratadas con igual cuidado de las garantías que las más graves: la simplificación del procedimiento a su respecto no debe significar reducción de garantías y menos aún de instancias, sino todo lo contrario. La tendencia a simplificar lesionando garantías no es más que un criterio economicista del proceso penal, en el cual se privilegian cuestiones presupuestarias en detrimento de los derechos de los habitantes. Justamente los ámbitos de abuso policial cotidiano son las infracciones de menor gravedad que, por otra parte, brindan el pretexto para el control social configurador, es decir, el que reduce el espacio social de las personas y que es el que más interesa a los poderes políticos por un lado y a la dinámica cultural por el otro.
INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL EN IBEROAMERICA Y EN EUROPA (Vicente Gimeno Sendra Magistrado del Tribunal Constitucional Español  Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid-http://www.ilanud.or.cr/dd51-2.rar)
LA LEGITIMACION DEL PODER JUDICIAL: Antes de  examinar  la  independencia  del  Poder Judicial  en Latinoamérica (o, mejor dicho el grado de independencia, pues la independencia judicial no se erige en valor absoluto alguno), conviene que nos preguntemos por qué, al igual como acontece en el art. 117.1 de la Constitución Española, también la mayoría de los distintos países iberoamericanos han proclamado en sus distintas Constituciones la exigencia de que el Poder Judicial sea independiente y esté sometido exclusivamente a la Constitución y a la Ley  ( Arts, 117.1 de la Constitución de Bolivia, 228 y 230 de la de Colombia, 154 de la de Costa Rica, 122 de la de Cuba, 172.III de la de El Salvador, 303 de la de Honduras, 203 de la de Guatemala, 165 de la de Nicaragua, 207 de la de Panamá, 248 de la de Paraguay, 233.2 y 242 de la de Perú y 4 de la de la República Dominicana.).
Preguntarse por el fundamento de la independencia judicial es lo mismo que indagar cual sea la legitimación de la actividad judicial o, dicho en otras palabras, cual sea la causa en virtud de la cual la soberanía popular ha decidido otorgar con exclusividad a los Jueces y Magistrados la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Distintas han sido las tesis que a este respecto se han sucedido en la historia y coexisten en el momento presente, pudiéndose resumir en las siguientes: la legitimación judicial a través de la elección popular, mediante la designación ministerial y la elección parlamentaria, o a través de la independencia judicial.
LA JUSTICIA POPULAR: Cronológicamente en el Estado liberal los sistemas de designación popular fueron  los  primeros  que  intentaron  dotar de  legitimación democrática al oficio judicial. Y, así, frente a la justicia de funcionarios dependientes del Poder real o "justicia de gabinete", inquisitiva, secreta e inhumana. El pensamiento liberal opuso la participación popular directa (el jurado) o a través de representantes (jueces electos) en el Poder Judicial. Esta idea, junto con la de evitar la venalidad de los Tribunales ( Este fue el motivo primordial que animó a MONTESQUIEU a propugnar por el sistema de la justicia popular. PEDRAZ, La jurisdicción en la teoría de la división de poderes de Montesquieu, RDP ib-filip, 1976. pp. 905 y ss.), y el anhelo de los ciudadanos de ser juzgados por sus iguales, fue la que impulsé la implantación de la participación popular en la justicia europea y americana durante los siglos XVIII y XIX.
En la actualidad el sistema de la justicia popular tan sólo permanece vigente en los EEUU (Su crítica puede verse en KAYSER, Die Auswahl der Richter in der englischen und amerikanischen Rechtspraxis, Berlin, 1969, pp. 215 y ss.) distintos cantones suizos ( Castella, La independenza dei giudici in Svizera, en “Magistrati o funzaionari”, Milano, 1962, pp. 178 y ss) y Estados de la extinta URSS (Chambre, Le pouvoir sovietique, París, 1959, p. 98; Tschelow. Der sowjetische Strafprozess, Berlin, 1958, pp 105 y ss) descansando su fundamento en el mismo principio que informa el sistema democrático: al igual que el Poder Legislativo también los integrantes del Poder Judicial flan de ser elegidos por quien ostenta la soberanía, esto es, el pueblo.
La crítica al modelo de la justicia popular la efectuó en Alemania el profesor KAYSER ( Kern-Wolf, Gerichtsverfassungsrecht, Munich, 1975, p10.) en los siguientes términos: si bien el sistema de la justicia electa ofrece una manifiesta legitimación democrática en el inicio del desempeño de la función judicial, no es suficiente, por si misma, para sustentar dicha legitimación en su continuidad, ya que por el solo hecho de haber sido elegido el Juez por el pueblo no cabe presumir que a través de dicho sistema se seleccionen los más capaces o que la imparcialidad y el acierto hayan de presidir sus fallos; antes al contrario, la experiencia demuestra que el juez electo, una vez designado, ha de pagar con no pocos favores al partido o maquinaria electoral que le promovió al cargo.
...LA DESIGNACION MINISTERIAL:Puesto que, como se ha indicado, el sistema de la justicia popular no garantiza que, a través de él, necesariamente accedan al Poder Judicial los más capaces, señalan KERN y WOLF ( Kern-Wolf, Gerichtsverfassungsrecht, Munich, 1975, p10.)  que también podría obtenerse una cierta legitimación mediante la designación de los jueces por el  Ministro de Justicia, que, en una democracia, es responsable de sus actos ante el Parlamento.
En realidad esta tesis no constituye novedad alguna, pues, con mucha anterioridad a ella, fue ya inaugurada por la Ley francesa de 20.Abril. 1810 y secundada en la práctica por la totalidad de las Leyes orgánicas de la Magistratura europeas del S.XIX (entre ellas la Ley española del Poder Judicial de 1870 que se mantuvo vigente hasta el año 1985),  originando el denominado  "modelo napoleónico" de la Magistratura, conforme al cual el ingreso, la promoción o ascenso y el régimen disciplinario de los Jueces era confiado al "grand juge Monsieur le Ministre de la Justice” (Picardi, Problemi attuali della responsabilitá dei guidise, RTDPC, 1979, p 14919) .
Dicha tesis se nos representa, pues, más como una racionalización o justificación de un privilegio del Poder Ejecutivo que una verdadera teoría, a través, de la cual pueda legitimarse democráticamente el Poder Judicial, ya que, si una de las funciones esenciales de la Jurisdicción en el Estado de Derecho estriba en el control judicial de los actos y disposiciones del Ejecutivo, resulta atentatorio a dicha función y, en general, a la división de poderes encomendar al Poder Ejecutivo el nombramiento, promoción y ascenso de los miembros del Poder Judicial.
...LA ELECCION PARLAMENTARIA:Por  esta  razón  una  mayor  legitimación  democrática  e independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo puede obtenerse a través de la elección por el Parlamento, si no de todos los jueces, al menos de la cúpula del Poder Judicial, esto es, de los Magistrados de la Corte Suprema.
Este sistema, que con los matices propios de los regímenes presidencialistas (en los que el Presidente de la República interviene directamente en la designación de los Magistrados de la Corte Suprema)-(Este es el caso de países, tales como Brasil, Argentina, México, Chile y Perú. Veáse el interesante trabajo de Salas-Rico, Carrera judicial en América Latina, San José, 1990, pp 11-12.) aparece manifiestamente hegemónico en los países iberoamericanos (Son nombrados por el Parlamento los miembros de las Cortes Supremas de Bolivia, Costa rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, república Dominicana, Uruguay y Venezuela. Similar es el caso guatemalteco en el que el Congreso elige a cuatro magistrados y una comisión integrada por los derechos de las Facultades de Derecho, Colegio de Abogados y Organismo Judicial elige a otros cinco hasta integrar un total de nueve magistrados. Salas- Rico, op.cit., p.21), se nos manifiesta como mucho más democrático que el de la designación ministerial.
Con todo, se le han podido formular determinadas objeciones, de entre las que cabría señalar la confusión de intereses que, en la práctica, puede producirse entre la más alta Magistratura y la clase dirigente, elite o partido político que ha ganado las elecciones y que mantiene  un  interés objetivo en  promover personas  fieles  a  los denominados “puestos judiciales de confianza”. Si a esa circunstancia se une la de que, en la práctica totalidad de los países iberoamericanos, los Magistrados de la Corte Suprema son “jueces a plazo" (  Con la sola excepción de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú, en donde el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema es vitalicio y la de Costa Rica, país, en el que se ha consagrado la reelección  práctica de dichos magistrados, en los demás países  latinoamericanos tales magistrados son elegidos por un período determinado, cuyo plazo es de 4 años en Ecuador, Honduras y República Dominicana, 5 en Guatemala y Paraguay, 6 en Nicaragua, 8 en  Costa Rica, 9 en Venezuela y 10 en Panamá y Uruguay. SALAS. op. cit, p. 21.)y que, por lo tanto, pueden ser reelegidos o promovidos a otros cargos del Ejecutivo, fácil es colegir (todo sea dicho con el máximo respeto a la independencia individual de mis colegas latinoamericanos, de la que no abrigo duda alguna que, desde un punto de vista objetivo, su independencia no es total, pues el sistema no garantiza una ausencia de vinculación no sólo con respecto al Poder Legislativo, sino también frente al Ejecutivo (.Para Luis Salas los principales inconvenientes que posibilita el sistema son “la influencia política, el compadrazgo y las relaciones de amistad”. Op. Cit. p.13.).
LA INDEPENDENCIA JUDICIAL: Pues bien, partiendo de esta evidente exigencia social, puede inferirse que, en el momento actual, la legitimación de la potestad jurisdiccional estriba en la independencia y sumisión a la Ley de quienes hayan de aplicarla, esto es, de los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial.
Los jueces, en primer lugar, han de estar sometidos al imperio de la ley, porque la misión de la Jurisdicción consiste en aplicar, a los casos concretos, las Leyes que promulga el Parlamento y demás disposiciones con arreglo al principio de jerarquía normativa o de supremacía de la Ley frente al reglamento. Lo que no significa, por lo demás, que el juez haya de ser "la boca que pronuncia las palabras de la Ley"(Como afirmaba MONTESQUIEU (Oeuvres, completes, II, París, 1958, p. 404) o FEUERBACH para quien la función del juez no debería ser otra “que comparar cada caso con este tenor literal (de la norma) y, sin preocuparse del sentido y espíritu de la ley, condenar si el sonido de la palabra condena, y si lo absuelve, absolver” (Kritik des Kleinesrodtschen Entwurfs zu einem Peinlichen Gesetzbuch für die Hur-Pfalz-Bayerischen Staaten, II, Giesen, 1804, p.20.), pues en nuestro sistema jurídico también tiene cabida la creación  judicial  del  Derecho,  siempre  que  dicha  creación  sea integradora y no vulneradora de la Ley.
Pero la aplicación de la Ley, en segundo, se ha de efectuar con absoluta independencia, tanto frente a las partes, como frente a los demás poderes del Estado, porque "todos los ciudadanos son iguales ante la Ley" y la Ley, en tanto que manifestación de la voluntad general,  precisa  ser  judicialmente  individualizada  sin  tomar  en consideración situaciones hegemónicas de las partes o privilegio material alguno.
La independencia judicial abarca hoy todo un conjunto de garantías que preservan la actuación desinteresada del juez frente a eventuales presiones de las partes, los superiores del juez y  demás poderes del Estado. De todas ellas que conforman un estatuto peculiar del juez como funcionario, merecen ser destacadas la "inamovilidad" judicial y el "autogobierno de la Magistratura".
LA INAMOVILIDAD JUDICIAL: La inamovilidad judicial es, sin duda alguna, la garantía que al nivel individual, mejor garantiza la independencia judicial.
Nacida durante el S.XVIII en la Francia prerrevolucionaria, mediante un sistema tan rudimentario como lo fue el de la "compraventa de oficios", pronto reveló su eficacia en la fuerte resistencia que otorgó a los Tribunales o "Parlamentos" franceses frente al Ejecutivo.
Naturalmente esta concepción no se mantuvo mucho tiempo, tras la Revolución francesa y hasta esta fecha la inamovilidad judicial se ha obtenido, de un lado, mediante los sistemas públicos de acceso al funcionariado (concurso y oposición), que permiten la selección de los más capaces y, de otro y sobre todo, mediante la configuración de un estatuto jurídico del juez como funcionario que impida su arbitraria remoción, suspensión o traslado fuera de las causas que generan responsabilidad penal o disciplinaria.
Aparece así la inamovilidad judicial como un contrapeso al sistema judicial “bonapartista" al que ya nos hemos referido, que configuraba a la Jurisdicción como una organización fuertemente jerarquizada en la que se confiaba al Ministro de Justicia todo el estatuto funcionarial de los jueces: desde su ingreso hasta su promoción o ascenso, así como su régimen disciplinario. En este contexto, y a diferencia del resto de los funcionarios que se encontraban sometidos al  régimen de la "cesantía",  la  inamovilidad judicial  permitía mantener la  neutralidad política de la Magistratura necesaria para el cumplimiento de sus fines (En España la inamovilidad judicial se instauró con la promulgación de la Ley Provisional Orgánica del Poder Judicial. Con ocasión de la presentación de esta ley en la apertura de los tribunales, de 15.Septirmbre.1870 dijo entonces Ministro de Justicia que “de hoy más tendrá (la judicatura) una estabilidad completa. Gozará de una inamovilidad bastante para permitirle funcionar libremente. Será, en fin, un verdadero Poder del Estado que llevará en sí mismo la razón y los medios de su existencia” (Breves indicaciones acerca de las nuevas Leyes relativas al Derecho Penal y Organización del Poder Judicial, RGLJ, 1870; núm. 37, p. 249 15. ).
LA CRISIS DEL MODELO RONAPARTISTA Y EL NACIMIENTO DEL "AUTOGOBIERNO" DE LA MAGISTRATURA:
Pero,  la  inamovilidad  judicial,  en  el  marco  del  modelo administrativista o de designación ministerial lo único que garantizaba eta la independencia individual del juez o magistrado, posibilitando, en el mejor de los casos, el surgimiento del mito del juez-héroe (del que se ha hecho eco la literatura y el cine de nuestra época) la (Cfr. Tomeo, II giudise sullo schermo, Bari. 1973.), del juez o magistrado que, consciente de su alta función histórica, sabía resistir a las recomendaciones y Presiones de todo tipo, razón por la cual era factible que, si bien pasara a la posteridad, en esta vida no fuera ascendido, cuando no trasladado.
En efecto, si bien no era frecuente la destitución gubernativa de los jueces, la existencia de un estatuto disciplinario, generoso en la inclusión de estándares morales (“El Magistrado debía, ser, pero sobre todo parecer, de un elevado y rígido sentimiento de moralidad en todo ámbito de su propia vida privada y pública”. SENESE, La disciplina dei Magistrati, QJ, 1977, núm. 38-39, p. 183.)  y la reserva ministerial de los más altos cargos de la justicia ocasionaban la existencia de un tipo de juez pusilánime, preocupado más en ser grato a los ojos de sus Superiores que en administrar justicia con absoluta, imparcialidad en aquellos asuntos en los que pudiera estar comprometido el interés del Poder Ejecutivo.
Pero, cuando con el advenimiento de los Estados totalitarios en Europa se produjo una presión del Ejecutivo sobre la Magistratura fuera e los límites de lo tolerable, se potenció, con posterioridad a la segunda guerra mundial, el movimiento asociacionista de la Magistratura con él, los jueces y   magistrados empezaron a cuestionarse la concepción individual de la independencia judicial, para pasar a obtener una visión colectiva de su propia independencia.
El resultado de todo este movimiento ha sido la instauración en la práctica totalidad de los Estados Europeos del sistema de “autogobierno” de la Magistratura, en cuya virtud el ingreso (En España, el ingreso en la Magistratura y su perfeccionamiento en el “Centro de Estudios Judiciales” todavía es un competencia del Ministro de Justicia, si bien el actual Ministro, D. Juan Alberto Belloc Julbe ya ha manifestado a los medios de comunicación su intención de traspasar esta competencia al Consejo General del Poder Judicial.), ascenso y régimen disciplinario de los jueces y magistrados se encomienda a un órgano (“el Consejo Superior de la Magistratura” o “Consejo General del Poder Judicial” en España) autónomo e independiente de los demás poderes del Estado e integrado, bien por representantes de la Magistratura, del Poder Legislativo o ambos (Pueden distinguirse en Europa los siguientes sistemas: a) Administrativista o francés, en el que, junto con los magistrados que integran el “Conseill Superieur de la Magistrature”, aparecen elementos del Ejecutivo; b)Mixto, compuesto por representantes del Poder Legislativo y del Judicial, inaugurado por la Constitución belga de 1913, fue el sistema seguido en Italia tras la “Lege sul Consiglio Superiore della Magistratira” de 24. Marzo. 1958, declarado inconstitucional por la Corte Constitucional italiana e iniciado también por España con la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 10. Enero. 1980, derogada por la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1. Julio. 1985; c) Judicialista: en la actualidad vigente en Italia, tras la promulgación de la Ley, de 18. Diciembre. 1967, y d) Parlamentario, sistema en vigor en España tras la promulgación de la referida L.O.P.J. de 1985 ).
En la actualidad, pues, todo el estatuto jurídico del juez, en tanto que funcionario, se le encomienda a dicho órgano de autogobierno con la particularidad de que los actos que de él emanan poseen naturaleza administrativa, lo que posibilita su revisión jurisdiccional, a través del recurso contencioso-administrativo, por los Tribunales. Así, pues, el enigma "¿quid custodiat custodes?” se resuelve, al menos en España, confiriendo toda la materia de régimen jurídico de ingreso, promoción y estatuto disciplinario de los jueces y magistrados a su órgano de gobierno, quien ostenta la primera palabra, y al propio Poder Judicial la última, sin que exista, por tanto, posibilidad alguna de que ningún poder del Estado pueda interferir en el independiente ejercicio de la potestad jurisdiccional.
...LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN IBEROAIMERICA:Examinada la evolución de la independencia hemos  de  comprobar  ahora  en  qué  medida el modelo judicial iberoamericano se aproxima o distancia de ella.
A  tal  efecto,  invertiremos  el  orden  de  esta  exposición  y examinaremos,  en  primer  lugar,  las  garantías  y  principales condicionamientos  de  la  independencia  judicial  colectiva  de  la Magistratura  para  pasar  a  estudiar,  en  segundo,  el  nivel  de independencia individual de la Magistratura latinoamericana.
...LA INDEPENDENCIA JUDICIAL COLECTIVA:Tal como se ha adelantado, el sistema hegemónico de designación de jueces en Iberoamérica es el parlamentario, lo que no impide, sin embargo, que el Poder Ejecutivo tenga una fuerte influencia en la judicatura americana. Dicha presencia se hace manifiesta en aquellos países de corte presidencialista, en los que se le encomienda al presidente de la República o al Consejo de Ministros la facultad de designar a los miembros de a Corte Suprema (En Panamá los magistrados de la Corte Suprema son nombrados mediante acuerdo del Consejo de Gabinete y aprobación posterior por el Poder Legislativo. En Argentina, Brasil y México los designa el presidente de la República con la aprobación del Senado; en Chile el presidente de la República a propuesta de una lista presentada por la Corte Suprema y en Perú el acuerdo de dicho presidente precisa la aprobación del Consejo Nacional de la Magistratura y el ulterior ratificación del Senado. SALAS-RCIO, op. Cit., pp. 11-12)  (Argentina, Brasil, Chile,  México,  Panamá y Perú), así como en la creación de jurisdicciones o tribunales especiales (militares, laborales, agrarios, fiscales, de policía) dependientes del Poder Ejecutivo, de entre los que destaca el carácter expansivo de la jurisdicción castrense que, sobre todo  en  tiempos de  inestabilidad política,  atenta gravemente  la exclusividad e independencia del Poder Judicial (RICO, Independencia Judicial, cit. pp. 13 y ss.) . De aquí la necesidad de reinstaurar plenamente los principios de exclusividad y unidad jurisdiccional con sujeción de la jurisdicción militar al ámbito estrictamente castrense.
En  los  países que  secundan  el  sistema  de  la  designación parlamentada evidentemente el grado de legitimación democrática e independencia del Poder Judicial es mucho más notable e incluso superior a la de algunos Estados europeos que todavía permanecen anclados en el modelo "bonapartista".
Ello no obstante, también el sistema parlamentario presenta algunos inconvenientes prácticos. En este sentido, y al margen del apuntado problema de la confusión de poderes, puede señalarse la sobrecarga de trabajo de las Corte Supremas latinoamericanas a las que, uno a su labor genuina de asegurar la aplicación uniforme de las leyes ordinarias y de creación de la doctrina legal, se les adiciona, no solo las propias de los Tribunales Constitucionales ( Con las solas excepciones de Chile y Guatemala que conocen los Tribunales Constitucionales. Este último país mantiene heroico /tal como lo han demostrado los recientes acontecimientos de usurpación del poder constituyente) Tribunal Constitucional. Asimismo, Costa Rica ha concentrado la jurisdicción constitucional en la famosa Sala IV de la Corte Suprema que ha servido de modelo para su instauración en El Salvador (art. 174 de la Constitución) y Paraguay (art. 260 de la Constitución). En Venezuela existe también un Proyecto de implantación del modelo costarricense), tal como corresponde a un modelo difuso de jurisdicción constitucional, sino también todas las funciones administrativas y gubernativas que el modelo de autogobierno de la totalidad del poder Judicial comporta (Salas, op. Cit. pp. 16-18) , lo que ocasiona una pérdida de tiempo y de energías en cuestiones burocráticas de tales magistrados en detrimento del cumplimiento de su alta función casacional.
Por esta razón en ciertos países iberoamericanos (Colombia, Honduras, Panamá, Perú y Venezuela (Rico, op. cit., p. 37) se ha procedido a desgajar de la Corte Suprema las funciones gubernativas de las jurisdiccionales para pasar a ser aquellas encomendadas a órganos que, como es el caso del “Consejo de la Judicatura" venezolano, constituye un auténtico germen del autogobierno.
...LA INDEPENDENCIA JUDICIAL INDIVIDUAL:Pero, en donde se produce la gran quiebra, desde el punto de vista de la independencia judicial, del sistema iberoamericano es en el modelo de designación de los jueces y magistrados y en la ausencia de una auténtica inamovilidad judicial.
a)En efecto, salvedad hecha de aquellos países que conocen los “Consejos de la Judicatura", constituye un común denominador de los países de esta área el que los jueces inferiores son nombrados y destituidos por los Tribunales Superiores y en última instancia por la Corte Suprema. La ausencia, por otra parte, de una auténtica "carrera judicial" y de la inamovilidad de los jueces y magistrados ordinarios ocasiona que tales jueces, al igual que en el modelo “bonapartista", estén más preocupados en ser gratos a los ojos de sus superiores que en la aplicación desinteresada e imparcial de la Ley, sobre todo, a aquellos casos concretos en los que pudieran estar comprometidos los intereses del Ejecutivo.
Este sistema de “cooptación judicial", unida a la ausencia de la inamovilidad judicial, es fuente de amiguismos y de corrupciones (lo que puede dificultar que a los puestos superiores de la Magistratura no siempre accedan los jueces más capaces,  sino los más dóciles y aduladores  a  sus  superiores,(el subrayado me pertenece)  a  la  vez  que  se  manifiesta contraproducente para el buen funcionamiento del sistema procesal, pues el juez de instancia, a la hora de valorar el materia de hecho y aplicar el derecho, no puede tener otro límite que el de su propia conciencia, por lo que, sin perjuicio de la utilización de los medios de impugnación contra las sentencias erróneas, constituye un atentado a la independencia judicial el que los tribunales superiores puedan dar a los inferiores órdenes o instrucciones sobre el modo de  resolver los procesos o, lo que es peor, efectuar presiones o veladas conminaciones de irrogación de futuras sanciones disciplinarias.
b)Junto a estos graves inconvenientes a la independencia judicial deben mencionarse otros no menos graves obstáculos que pueden ser sistematizados en especiales y comunes. De entre los primeros destacan la violencia terrorista y del narcotráfico e incluso del propio Ejército o de organizaciones paramilitares.  Los afortunadamente ya históricos casos de Argentina, los más recientes de El Salvador o Guatemala y sobre todo, el todavía desgraciadamente vigente de Colombia son lo suficientemente significativos para instar, a través de los instrumentos que proporciona la democracia y con el más absoluto respeto a  los derechos humanos, por la lucha y colaboración internacional (ayuda financiera incluida) contra estas graves lacras de la sociedad contemporánea que con mayor virulencia sufren nuestros colegas hispanoamericanos.
De entre las limitaciones comunes a la independencia judicial cabe señalar la escasa remuneración de los sueldos de jueces y magistrados, lo que constituye un buen caldo de cultivo de la corrupción judicial.(el subrayado me pertenece) No obstante el esfuerzo presupuestario de muchos de tales países, de entre los que destacan aquellos que mantienen una cuota mínima de inversión presupuestaria obligatoria en la justicia y establecida en la propia Constitución (Costa Rica Honduras, Guatemala, Panamá y Perú mantienen cifras que oscilan entre el 8% y el 2% del presupuesto), los sueldos del personal jurisdiccional suelen ser bastante bajos (Vide RICO, op. cit. p. 32-34 y SALAS, op. cit., p. 34-36) o, por estar mal distribuidos, pueden convenirse en fuente de agravios comparativos (Este es el caso, por ejemplo, de Venezuela en donde un juez civil de primera instancia puede ganar más que un magistrado de lo penal de un Tribunal Superior).
... De aquí la necesidad de incrementar las dotaciones presupuestarias de la justicia no sólo en gastos de personal, sino también en la formación jurídica de los miembros del Poder Judicial.
...EL PAPEL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA: (Rodrigo Alberto Carazo Zeledón Defensor de los Habitantes de la República-http://www.ilanud.or.cr/dd51-3.rar)
...Los  derechos  humanos,  sin  un  aparato  institucional  que garantice su respeto y exigibilidad frente al Poder, no pasarían de ser una simple declaración de buenas intenciones relegadas al ámbito del deber ser y de la retórica política.
...En el Estado de Derecho la función de administración de justicia se constituye en el mecanismo idóneo para garantizar los Derechos Humanos consagrados en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.
...El concepto de administración de justicia no está limitado a la actividad que realiza el Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional. El concepto es más amplio y alude a otros ámbitos como la administración de justicia en sede administrativa,  así como  la existencia de medios alternativos para lograrla. En estos últimos puede ubicarse el trabajo que actualmente  realiza  la  Defensoría de los Habitantes y, eventualmente, los tribunales de arbitraje y los centros de mediación.
...Enrique P. Haba describe bien esta función "garantizadora" de la Administración de Justicia:  "Un buen grado de independencia, etc. - Estado de Derecho - en el poder de los jueces, como elemento de la propia estructura interna del Poder, es condición sine qua non para que el Poder actúe, en general, con contención respecto a los derechos humanos.  Y si bien es cierto, siempre o casi siempre, que "un poder no se opone al Poder”, no menos cierto es que el Poder mismo, en uno de sus posibles modelos de estructura (su cuadro de roles), puede ser de un tipo tal que allí las autoridades se vean constreñidas – internalización,  presión social - a violar en un grado mínimo los derechos humanos. Tal es el caso del modelo de Poder denominado Estado-de-Derecho, que se caracteriza, entre otras cosas, por una específica clase de vías judiciales abiertas (potencialmente) para la defensa de derechos humanos contra acciones de las autoridades. En el mamo de dicho modelo, la circunstancia de que estén previstas tales vías, aunque cuando son puestas en luego no suelen "oponerse” al Poder, significa un considerable elemento de presión sobre las autoridades.   De ahí que, por lo habitual, aquel proceda entonces a auto limitarse y, con ello, las violaciones a derechos humanos sean mucho menos amplias que si el Poder está estructurado de otras maneras. Puede decirse que, en tales condiciones, el Estado de Derecho es un "momento” del Poder mismo, vale decir, que lo limita desde su propio interior."
...Existen algunos síntomas que llevan a preguntarse sobre la manera como el Poder Judicial cumple su función de garante de los derechos humanos. La dilación en los procesos, la onerosidad, la formalidad y complejidad de los trámites, la ausencia de controles internos efectivos son tan solo algunos de los problemas que padece actualmente la administración de justicia. Más serio aún, según lo describimos en nuestro informe anual, la mayoría de las personas "desconocen las vías y los procedimientos de que disponen para resolver sus conflictos y, aunque los conocieran, difícilmente tendrían acceso a ellos".

EL DERECHO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA:


Después de todo, el derecho a una tutela judicial efectiva es un derecho humano en sí mismo.
Dicho  derecho  se  encuentra,  asimismo,  incluido  en declaraciones y convenios suscritos por el país en materia de derechos humanos:Declaración Universal de Derechos Humanos:
Artículo 10:“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e Imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre:
Artículo 18:“Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos,   asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".
Convención Americana sobre Derechos Humanos:
Artículo 8:“1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."
... Al ser definido corno un derecho, debe en ese carácter ser exigible. Es decir, su incumplimiento debe generar algún tipo de responsabilidad para el Estado.
...Dicho derecho adquiere una dimensión práctica si se logra garantizar el acceso efectivo de la población a la administración de justicia con la certeza de que al hacerlo se obtendrán resultados dentro de un plazo razonable.
...LA DILACION INDEBIDA EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA:...De la experiencia derivada del primer año de labores de la Defensoría de los Habitantes se puede extraer que uno de los problemas que más reclaman los habitantes tiene que ver con la dilación indebida en los procesos jurisdiccionales.(el subrayado me pertenece)
...La dilación indebida en la Administración de Justicia es el problema que más afecta el derecho a una tutela judicial efectiva en nuestro país.  Estamos ante una dilación indebida cuando existe una actuación judicial que por su tardanza origina un daño a un particular.
..Para evitar que ocurra la dilación, la tutela judicial efectiva debe  realizarse  dentro de  un  plazo  razonable,  el cual  estará condicionado en cada caso por los siguientes factores:
-realidad de la materia litigiosa de que se trate
-término inicial de procedimiento
-término final
-la complejidad del asunto
-la conducta de los litigantes y las autoridades
-consecuencias del proceso para los litigantes
...En sentencia 38/84 del 14 de marzo de 1984 el Tribuna Constitucional Español indicó lo siguiente:  "El abrumador volumen de trabajo que pesa sobre determinados órganos jurisdiccionales, situación a la que el Ministerio Fiscal alude, pero no documenta, puede exculpar a los jueces y magistrados de toda responsabilidad personal, pero no priva a los ciudadanos del derecho a reaccionar frente a tajes retrasos, ni permite considerarlos inexistentes, o dicho con mayor exactitud autoriza a considerar que la dilación no es indebida, sin prueba alguna de que se hayan intentado todos los medios que las circunstancias permiten para evitarías".
LA PERCEPCION DE LOS HABITANTES EN RELACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA:... Como se mencionó anteriormente (Enrique P. Haba), la percepción que tengan quienes ejercen la autoridad sobre la forma en que se cierne la administración de justicia constituye un elemento de presión que auto limita el ejercicio del Poder.  A la par de ello, la percepción que tengan los habitantes sobre la forma en que funciona la administración de justicia tiene un efecto legitimador sobre el sistema de garantías y, en ese sentido, sobre el Estado de Derecho.
...La percepción de los habitantes en relación con el Poder Judicial se ve afectada por la lejanía de los despachos judiciales, falta de  comunicación  con  las autoridades judiciales debido a la no comprensión del lenguaje y  de las costumbres. Un caso evidente es el de los indígenas.(el subrayado me pertenece)
LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS: (Eugenio Raúl Zaffaroni -Director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires-http://www.ilanud.or.cr/dd51-1.rar)
Los países centroamericanos (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) y México contienen cartas de derechos sumamente generosas, cuya amplitud nada tiene que envidiar a las de los países que suelen considerarse como modelos por el derecho comparado. La lectura de sus Constituciones es altamente positiva en este sentido. Además, han adherido a casi todos los tratados internacionales que configuran el eje central del derecho internacional de los derechos humanos. Algunos lo han hecho a otros más, demostrando una disposición al compromiso internacional por los derechos humanos que supera a los mismos países mencionados como de avanzada en la materia.
Sería agobiador reiterar la mención en detalle del rico material que los informes de cada uno de los equipos locales aportan y, además, la repetición les restaría precisión y riqueza. Nos limitaremos a ordenar el núcleo  de  la  información  recogida,  para  destacar  la  cobertura constitucional e internacional de los aspectos fundamentales en lo que interesa a nuestra investigación.
Puede considerarse incorporados al derecho de todos los países abarcados los siguientes instrumentos internacionales: la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; etc. Con esto, los países abarcados forman parte del sistema mundial de protección internacional de los derechos humanos y también del regional americano.
Los derechos humanos nacieron en el derecho interno, primero como derechos a reclamar omisiones por parte de los estados, caracterizándose éstos como derechos "individuales", pero luego, se consideró que era necesario consagrar derechos a reclamar acciones positivas de los estados y surgieron los llamados derechos “sociales” 1. Justamente uno de los países abarcados en la investigación fue pionero de estos últimos: la Carta de Ouerétaro (Constitución Mexicana de 1917)  se  adelantó  en  dos  años  a  la  Weimarer Grundpesetz (Constitución Alemana de 1919). Durante muchos años se debatió la preferencia entre derechos individuales y sociales, se colocó el tema bajo la falsa disyuntiva de "pan o libertad", se debatió la naturaleza jurídica de los llamados derechos "sociales", es decir, de la exigencia de acciones positivas a los estados, hasta que a partir de la Segunda Guerra  Mundial  cobra  particular  impulso  el  movimiento  de internacionalización de los derechos, acompañado de la idea de globalización de los mismos, es decir, de la imposibilidad de concebir a unos sin los otros. Si bien esto no elimina todas las dudas ni mucho menos, es verdad que la idea central de la internacionalización globalizante proporciona un marco referencial internacional que refleja en forma positiva la conciencia jurídica universal y regional, al tiempo que reduce considerablemente los efectos prácticos de las disputas entre positivistas y jusnaturalistas.
De cualquier manera, no debe creerse que la internacionalización de los derechos resta importancia a los esfuerzos nacionales o internos. No cabe duda que los derechos humanos son operativos a través de los derechos nacionales y el plano internacional sólo sirve como control, parámetro y reforzamiento de los mismos, pero jamás puede ser entendido como su sustitución. En consecuencia, tiene importancia fundamental indagar su tutela a nivel nacional.
Cabe consignar que en general no se ha optado por la técnica constitucional que incorpora en forma expresa el texto de algunos tratados internacionales con jerarquía de ley suprema, aunque cabe reconocer alguna excepción en este sentido, como la Constitución Política de Nicaragua (capítulo l. art. 46: "En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes  del  Hombre;  en  el  Pacto  Internacional  de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos de la Organización de las Naciones Unidas y  en  la  Convención  Americana  de  Derechos  Humanos  de  la Organización  de  Estados  Americanos").   Por  consiguiente,   las Constituciones  conservan  toda  su  importancia  en  cuanto  fuente declarativa de derechos. Es aún más amplia - y correcta, a nuestro juicio - la fórmula guatemalteca "Los Tribunales de Justicia observarán siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional, sin perjuicio de que en materia de Derechos Humanos  prevalecen  los  tratados  y  convenciones  internacionales, aceptados y ratificados por Guatemala".
En orden a las fórmulas internas consagratorias de derechos, no es  nuestro  deseo  incurrir  en  largas  listas  de  enunciados,  pero sintéticamente nos referiremos a las principales disposiciones de cada texto:
Panamá: derecho a la vida, a la honra y a los bienes (art.17); reserva (art. 18); no discriminación (art. 19); igualdad ante la ley (art. 20); a la libertad, no detención fuera de flagrancia sin mandamiento de autoridad competente (art. 21); presunción de inocencia (art. 22); habeas corpus (art. 23); no extradición de nacionales (art. 24); prohibición de autoincriminación o de incriminación de allegados  (art. 25): al domicilio (art. 26); de tránsito y de residencia (art. 27); a régimen penitenciario (art. 28); inviolabilidad de correspondencia y comunicaciones (art. 29); prohibición  de las penas de muerte, expatriación y confiscación (art. 30); legalidad penal (art. 31); legalidad procesal (arts. 32 y 33); límites a la obediencia debida (art. 34); libertad de cultos (arts. 35 y 36); libertad de pensamiento y de expresión (art. 37); de reunión (art. 38); de asociación (art. 39); de trabajo (art. 40); de peticionar (art. 41); irretroactividad de la ley, ley más favorable al reo (art. 43);  de propiedad privada (art. 44 a 48); a la propiedad intelectual (art. 49); al recurso de amparo (art. 50). A continuación trata de la familia (arts. 52 a 59), del trabajo (arts. 60 a 75); de la cultura nacional (arts. 76 a 86), de la educación (arts. 87 a 104); de la salud, seguridad y asistencia sociales (arts. 105 a 113); de la ecología (arts 114 a 117); del régimen agrario (arts. 118 a 124) y de los derechos políticos (arts. 125 a 189).
Costa Rica: a la libertad y prohibición de la esclavitud (art. 20): a la vida (art. 21); al tránsito (art. 22); al domicilio (art. 23); a la intimidad y al secreto de correspondencia y comunicaciones   (art. 24); de asociación (art. 25); de reunión (art. 26); de petición (art. 27); de reserva (art. 28); de libertad de pensamiento y de expresión (art. 29); de información (art. 30); de asilo (art. 31); prohibición de expatriación del nacional (art. 32); de igualdad ante la Ley y de no discriminación (art. 33); de irretroactividad de la ley y de protección a los derechos adquiridos (art. 34); de prohibición de tribunales especiales (art. 35): de prohibición de autoincriminación y de incriminación de allegados (art. 36); de libertad y prohibición de detención sin mandato escrito de autoridad competente o en flagrancia (art. 37); prohibición de prisión por deudas (art. 88); de legalidad penal y procesal (art. 39); prohibición de tratamientos crueles, inhumanos o degradantes y penas perpetuas, de confiscación y nulidad de toda declaración obtenida por la violencia (art. 40); de justicia pronta y cumplida (art. 41); prohibición de doble juzgamiento y con pluralidad de instancias (art. 42); limitación de la incomunicación de detenidos a cuarenta y ocho horas sin orden judicial y a diez días con orden judicial (art. 44); derechos a la tutela efectiva de los derechos, mediante el habeas corpus y el amparo (art. 48).
Nicaragua: derecho a la vida y prohibición de la pena de muerte (art. 23); a la libertad, a la seguridad y a la personalidad jurídica (art. 25); a la privacidad, al domicilio y a la reserva de correspondencia y comunicaciones, a la honra y reputación (art. 26); igualdad ante la ley y no discriminación (art. 27); a la protección diplomática en el extranjero (art. 28); libertad de conciencia, de pensamiento y de cultos (art. 29); de libre expresión (art. 80); de tránsito y de residencia (art. 31); reserva de ley (art. 32): a la libertad personal, prohibición de detención sin mandato competente o en flagrancia (art. 3~); a la presunción de inocencia, al juicio. rápido, al juez natural y a la defensa en juicio, a intérprete, a no autoincriminarse, a no incriminar a sus allegados, a revisabilidad de la sentencia, a la legalidad penal (art. 34); al régimen de menores (art. 35); prohibición de torturas, procedimientos, penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 36); intrascendencia de la pena (art. 37); máximo penal de treinta años (art. 37); irretroactividad de la ley penal más gravosa, retroactividad de ja más favorable (art. 88); a régimen  penitenciario  (art.  39);  prohibición  de  servidumbre  y  de esclavitud (art. 40); prohibición de la prisión por deudas (art. 41); al asilo (art. 42): no extradibilidad del nacional (art. 43); derecho de propiedad (art. 44); al amparo (art. 45); derechos políticos (arts. 47 a 55). derechos sociales (arts. 56 a 69): derechos de la familia (arts. 70 a 79); derechos laborales (arts. 80 a 88).
Honduras: persona como fin supremo de la sociedad y del estado, inviolabilidad de su dignidad (art. 59); prohibición de la discriminación (art. 60); derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad (art. 61); derechos implícitos (art. 62); derecho a la vida y; prohibición de la pena de muerte (arts. 65 y 66): prohibición de la tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 68); libertad personal (art. 69): reserva legal (art. 70); límite de un día para la detención sin puesta a disposición del juez y para la incomunicación y de seis días para indagar en sede judicial (art. 71): libertad de pensamiento y de expresión (arts. 72 al 75); derecho al honor y a la intimidad (art. 76): libertad de cultos (art. 77); libertad de asociación y de reunión (arts. 78 y 79); de petición (art. 80): de tránsito y residencia (art. 81); de defensa en juicio (arts. 82 y 83): prohibición de detención sin mandato o en flagrancia (art. 84); lugares de detención legales y régimen penitenciario (arts. 85 a 87); prohibición de autoincriminación y de  incriminación de allegados,  nulidad de declaraciones ante juez ¡incompetente o coaccionadas (art.88): presunción de inocencia (art. 89); legalidad procesal (art. 90): condiciones para dictar la prisión preventiva (arts. 92 y 93); judicialidad de las penas (art. 94): legalidad penal y prohibición de doble juzgamiento (arts. 95 y 98): irretroactividad de la ley. retroactividad de la más benigna (art. 96); prohibición de penas perpetuas, infamantes, proscriptivas o confiscatorias, máximo de veinte años y de treinta por concurso (art. 97): inviolabilidad del domicilio (art. 98): de las comunicaciones (art. 100); derecho de asilo (art. 101); prohibición de expatriación (art. 102): derecho de propiedad (arts. 101 a 107);  propiedad  intelectual  (art.  108):  prohibición  de  impuestos confiscatorios (art. 109); derechos sociales (arts. 110 a 118); derechos del niño (119 a 126); del trabajo (arts. 127a 141); de la seguridad social (arts. 142 a 144); de la salud (arts. 145 a 150); de la educación y cultura (arts. 151 a 177); de la vivienda (arts. 178 a 181): del babeas corpus y del amparo (arts. 182 y 183): de la inconstitucionalidad (arts 184 a 186): de la restricción o suspensión de derechos (arts. 187 y 188).
El Salvador derecho a la vida. a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a la protección para la conservación y defensa de los mismos (art.2); al honor, a la intimidad, a la imagen y a la indemnización por daño moral (art. 2); igualdad ante la ley (art. 3); abolición de privilegios hereditarios, de la esclavitud, servidumbre y cualquier otra condición que menoscabe la  dignidad  humana  (art.  4);  tránsito.  residencia,  prohibición  de expatriación de nacional (art. 5); libertad de pensamiento y de expresión (art. 6); de asociación (art. 7); reserva (art. 8); prohibición de servicios personales o trabajos forzados (art. 9); intangibilidad de derechos (art. 11); inocencia, asistencia letrada, voluntariedad de declaraciones (art.12): detención por arden escrita o en flagrancia, limitación de la detención administrativa a tres días, lo mismo que la judicial para indagar y resolver (art. 13); (contiene una disposición sobre estado peligroso que es contraria a los tratados internacionales); judicialidad de las penas (aunque permite que sentencien órganos administrativos, lo que es también contrario al derecho internacional) (art. 14): legalidad (art. l5); cosa juzgada (art. 17); de peticionar (art. 18); domicilio (art. 20): irretroactividad de la ley y retroactividad de la penal más benigna (art. 21); de propiedad y libre administración y contratación (arts. 22 y 23); inviolabilidad de correspondencia (art. 24); libertad religiosa (art. 25); prohibición de pena de muerte en la ley no militar, de la prisión por deudas. de las penas perpetuas, infamantes. proscriptivas y de toda clase. de tormentos, régimen penitenciario (art. 27); derecho de asilo (art.:.28); régimen de excepción (arts. 29 a 31): familia (arts. 32 a 36); trabajo y seguridad social (arts. 37 a 52); educación, ciencia y cultura (arts. 53 a 64): salud pública y asistencia social (arts. 65 a 70): derechos políticos y electorales (arts. 71 a 82).
Guatemala: derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la seguridad, a interrogatorio judicial, a lugar digno de detención, a debido proceso, a presunción de inocencia, a publicidad del proceso, a no autoincriminarse, del recluso a ser tratado como persona humana, a comunicarse.  derecho  a  la  inviolabilidad  del  domicilio,  de  la correspondencia,  a  la  libre circulación,  de  asilo,  de  petición.  de publicidad de actos administrativos. de acceso a archivos y registros estatales,  libertad  de  reunión,  de  asociación,  de  emisión  del pensamiento,  de  información  de  prensa,  de  comunicación1  libertad religiosa, de tenencia y portación de armas, derecho a la propiedad privada, a su protección, a la propiedad intelectual, libertad de industria, de comercio, de trabajo) de contraer matrimonio) derechas implícitos; derecho a la familia, a la cultura, al arte, a la educación. la ciencia y la tecnología, a la salud, al medio ambiente. al trabajo, a la vivienda, al nivel de vida digno, al consumo, si ahorro, a la electrificación y derechos políticos y electorales.
México: prohibición de la esclavitud (art. 2): educación estatal (ant-3): igualdad del hombre y la mujer (art. 4); derecho a fa salud, a la vivienda digna, de los menores (an.4); libertad de trabajo, prohibición de contratos que menoscaben a la persona (art.5): libertad de pensamiento y de expresión (arts. 6 y 7); de petición (art. 8); de asociación (art. 9); de tenencia de armas (art.  10); de transitar y residir (art.  11); prohibición de títulos hereditarios (art.  12); de tribunales y fueros especiales (art. 13): irretroactividad de la ley que perjudique) legalidad procesal. prohibición de analogía (art. 14); derecho de asilo (art. 15): derecho a no ser molestado en sus derechos sin Orden escrita, a no ser privado de libertad sin orden judicial o en flagrancia,  a la invw¡ab,~lrdad de' dornrc jito, a la correspondencia (art. 15): derecho a la justicia y prohibición de justicia por mano propia (art. 17); prisión preventiva y sistema penitenciario (art. 18); detención máxima de tres días sin auto de formal prisión (art. 19); derecho a la libertad provisoria, prohibición de la autoincriminación y de la incomunicación, derecho de información,  de  careo,  de  juzgamiento  público.  de  defensa,  de juzgamiento en cuatro meses o en un año (art. 20); judicialidad de las penas (excluye las contravenciones, lo que es dudosamente compatible con tos tratados internacionales) (art. 21); prohibición de penas crueles, de  confiscación  de  bienes  y  de  otras  penas  inusitadas  y trascendentales. de muerte por delitos políticos y limitación a otros supuestos graves (art. 22); limitación de las instancia a tres como máximo,  prohibición del doble juzgamiento y de la absolución de instancia (art. 23); libertad religiosa (art. 24); derecho de propiedad (art.27); derechos políticos y electorales (arts. 34 a 38); amparo (107).
...PARTICULARIDADES DIFERENCIALES:...Corno se deduce de esta síntesis, las cartas de derechos de los países abarcados son muy amplias.  Sus diferencias  responden  a razones y experiencias históricas diferentes, también producto de la permanencia coetánea de referencias que han perdido vigencia. Por regla general las Constituciones se gestan en etapas sucesivas sus textos se  reforman en épocas diferentes,  pero conservan  muchos elementos de los anteriores. Aunque no se proceda siempre por enmiendas, esto es, aunque las constituciones sean rígidas, rara vez se produce un corte total  con la  tradición  anterior,  La  Constitución Mexicana, producto de un hecho revolucionario muy profundo y de un notable cambió ideológico en su momento, conservé,  no obstante, bastantes elementos provenientes de su precedente de 1857.
En esta dinámica, cada país va dejando en su Constitución el relato de las alternativas de los derechos de sus habitantes. Cada impulso liberal trata de plasmar garantías en forma que tos preserven de  la  violación  de  derechos  que  experimentan,  conforme  a  la particularidad que ésta asume en el propio país. Se trata de la propia experiencia de violación de derechos que se escribe en esos textos, pero  que  no  se  agota en  ellos  ni  pueden  ser adecuadamente interpretados  si  se  prescinde  de  las  referencias  espaciales  y temporales.
Por referencias espaciales entendemos las remisiones interactivas de experiencias, que van operando circularmente en dos sentidos:
a.Algunos textos, por su tradición, precedencia, calidad técnica, Importancia  del  país o  por imponderables,  se convienen  en ejemplares, son tomados como modelos por otros, y de esta manera, la experiencia nacional se extiende a otro país.
b.Las violaciones a derechos (impulso antiliberal) tienen expresiones nacionales,  pero  su  catálogo,  aunque  casi  infinito,  reitera modalidades, frente a las cuales reaccionan los impulsos liberales de modo parecido o bien, adoptan las soluciones de otros textos que enfrentaron experiencias análogas.
Las referencias espaciales de tipo a y b producen la interacción que, en definitiva, termina universalizando algunas fórmulas. aunque la incesante  producción  de  nuevas  modalidades  de  violaciones  siga alimentando el movimiento de gestación de las mismas y la dinámica de universalización.
En cuanto a las referencias temporales, no puede ignorarse que las fórmulas van quedando en los textos y las situaciones violatorias cambian: esto hace que las fórmulas respondan a la prevención de violaciones que han perdido actualidad y, en consecuencia, puede leerse en una Constitución, la historia política de los derechos y de sus violaciones en un país. Esta es la llamada "tradición" legislativa del mismo en cuanto tiene de original: es un producto de formulaciones que siempre van a la zaga de violaciones a derechos y que por ello, nos cuentan lo que sus habitantes sufrieron y cómo imaginaron prevenido.
Las violaciones a los derechos humanos se reiteran en situaciones de violencia que escapan al control jurídico inmediato, pero bajo este control, tienden a asumir nuevas y más refinadas formas, por lo cual la relación “violación/formulación garantizadora preventiva" tiende a ser siempre diacrónica: la violación se dinamiza mutando para eludir la formulación garantizadora que tiende a prevenirla.
La razón última de este proceso debe buscarse en la sagaz observación de Merkl, en el sentido de que el estado de derecho nunca decretó la muerte del estado de policía, o sea, que el estado moderno nunca canceló totalmente al estado premoderno (el estado de razón no acabó con el estado de terror) sino que lo encapsuló, de modo tal que el estado de policía habita en su interior y pulsa por emerger y dominar en cuanto la coraza racional cede. Se trata de una lucha continua en la que por momentos Se produce la quiebra de a contención y la eclosión desenfrenada del estado de terror. En las Constituciones, es decir, en las Leyes supremas que pretenden fundar o restaurar el estado de derecho, tratan de neutralizarse las concretas formas de aparición histórica del estado de policía, de terror o premoderno, las condiciones que permitieron o facilitaron su eclosión y las pulsiones que el mismo o anteriores estados de derecho tuvieron que contener, y todo eso es en una parte producto de la propia experiencia histórica y, en otra, de las fórmulas adoptadas al acudir a otros textos para ilustrarse acerca de la técnica de prevención de esos fenómenos de otros pueblos.
Por efecto de este proceso hallamos historias diferentes en las Constituciones, un proceso de universalización que se pone de manifiesto en las fórmulas coincidentes o muy similares de las mismas y en las de los tratados internacionales y una dinámica que lleva a nuevas formulaciones constitucionales y al enriquecimiento de los tratados internacionales, con el surgimiento de nuevas "generaciones" de derechos humanos.
De cualquier manera, las diferencias que pueden observarse entre los diferentes países abarcadas, no implican una carencia de fórmulas garantizadoras en los textos. En el ámbito penal, quizá sea El Salvador por la peligrosidad sin delito y México por las contravenciones (aunque en menor medida y limitando las sanciones), los dos países cuyos textos presentan fallas claras frente a los instrumentos internacionales. Justo es señalar que con Constituciones que no consagran esas excepciones expresas, hay países de la región y de fuere de ella que han intentado establecer penas sin delito (leyes de peligrosidad), como por ejemplo la Argentina (en varias oportunidades a partir de 1922) y otros que las han establecido (Bolivia, Venezuela), al tiempo que la mayoría, sin que la Constitución lo autorice, tienen leyes que transfieren jurisdicción a las policías en materia contravencional.
En cuanto a fórmulas garantizadoras,  por ende,  los  países abarcados no están carentes de ellas: podría decirse que tienen una abundancia considerable, en textos constitucionales cuya principal característica parece ser, justamente, el enorme espacio dedicado a las mismas.
...MECANISMOS DE PROTECCION JUDICIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS:...Panamá: Constitución prevé el habeas corpus (art. 23) y el amparo de garantías constitucionales (art. 50) y la ley 19 del 9 de lulio de  1991  estableció el proceso contencioso de protección de  los derechos humanos.
Art. 23: “Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley, será puesto en libertad a Petición suya o de otra persona, mediante el recurso de habeas corpus que podrá ser ¡interpuesto inmediatamente después de la detención y sin consideración a la pena aplicable. El recurso se tramitará con prelación a otros casos pendientes mediante procedimiento sumarísimo, sin que el trámite pueda ser suspendido por razón de horas y días inhábiles".
Art. 50: "Toda persona contra la cual se expida o ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona". "El recurso de amparo de garantías constitucionales a que este artículo se refiere, se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales".
La ley de 1991 dispone que la Sala Tercera de la Corte Suprema deberá entender  "del proceso de protección de los derechos humanos mediante el cual la Sala podrá anular actos administrativos expedidos por autoridades nacionales y, si procede, restablecer o reparar el derecho violado, cuando mediante dichos actos administrativos se violen derechos humanos justiciables, incluso aquellos que aprueben convenios internacionales sobre derechos humanos. Este proceso... no... requerirá que el agraviado agote previamente la vía administrativa".
Costa Rica:  La Ley de Jurisdicción regula el habeas corpus, el amparo y la acción de inconstitucionalidad.
El art. 15 de la Ley de la Jurisdicción establece: "Procede el habeas corpus para garantizar la vida y la integridad personales, contra tos actos u omisiones que prevengan de una autoridad de cualquier orden,  incluso judicial, contra las amenazas a esa libertad y las perturbaciones  y  restricciones  que  respecto  de  ella  establezcan indebidamente las autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un lugar a otro de  la República, y de libre permanencia, salida e ingreso en su territorio". "Podrá interponer el recurso de habeas corpus cualquier persona, en memorial,  telegrama  u  otro  medio  de  comunicación  escrito,  sin necesidad de autenticación”. "Cuando utilice la vía telegráfica se gozará de franquicia".
El art. 29 dice: "El recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta ley, salvo los protegidos por el habeas corpus. Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general. contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos que hayan violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos. El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u  omisiones  fundadas  en  normas  erróneamente  interpretadas  o indebidamente aplicadas.”
El art. 3. de la Ley de Jurisdicción dice que "se tendrá por infringida la Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales.”. Más adelante declara a procedencia de la acción de inconstitucionalidad "contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan,  por  acción  o  por  omisión,  alguna  norma  o  principio constitucional”, "contra los actos subjetivos de las autoridades públicas... si no fueren susceptibles de habeas corpus o de amparo", "cuando alguna ley o disposición general infrinja el art. 7 párrafo primero de la Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio internacional" y "contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades públicas". El art. la establece que la jurisprudencia y los precedentes de la Sala Constitucional "son vinculantes erga omnes, salvo para si misma".
Nicaragua:  Constitución prevé los recursos de inconstitucionalidad (art. 187). de amparo (art. 188) y de exhibición personal (art. 189).
Art. 187. “Se establece el toda ley, decreto o reglamento Constitución  Política,  el  cual ciudadano".
Art. 188:  "Se establece el disposición, acto o resolución y Recurso de Inconstitucionalidad contra que se oponga a lo prescrito por la podrá  ser  interpuesto  por  cualquier Recurso de Amparo en contra de toda en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagradas en. la Constitución Política.”
Art. 189: "Se establece el Recurso de Exhibición Personal en favor de aquellos cuya libertad, integridad tísica y seguridad, sean violadas o estén en peligro de serlo".
Art. 190: "La Ley de Amparo regulará los recursos establecidos en este capítulo.
Honduras: La Constitución prevé el habeas corpus (art. 182), el amparo (art. 183) y la inconstitucionalidad (arts. 184 y 185).
Art. 182: "El Estado reconoce la garantía de habeas corpus o de Exhibición  Personal.  En  consecuencia,  toda  persona  agraviada  o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1. Cuando  se  encuentre  ilegalmente  presa,  detenida  o  cohibida  de cualquier modo en el goce de su libertad individual, y, 2. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes,  exacción  ilegal  y toda coacción,  restricción  o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. La acción de habeas corpus se ejercerá sin necesidad de poder ni de formalidad alguna, verbalmente o por escrito, utilizando cualquier medio de comunicación, en horas y días hábiles o inhábiles y libre de costas. Los jueces y magistrados no podrán desechar la acción de habeas  corpus  y tienen  la  obligación  ineludible  de  proceder de inmediato para hacer cesar la violación a la libertad o a la seguridad personajes. Los Tribunales que dejaren de admitir estas acciones incurrirán en responsabilidad penal y administrativa. Las autoridades que ordenaren y los agentes que ejecutaren el ocultamiento del detenido o que en cualquier forma quebranten esta garantía incurrirán en el delito de detención ilegal”.
Art.  183:  "El  Estado  reconoce  la  garantía  de  Amparo.  En consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1. Para que se le mantenga o restituya en el uso o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; y 2. Para que se declare en casos concretos que una ley, resolución. acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución. El Recurso de Amparo se interpondrá de conformidad con la ley".
El Salvador: La Constitución prevé la inconstitucionalidad (arts. 1174 183 y 185) el amparo (art. 174), y el habeas corpus (art. 174).
Art. 174: 'La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de  inconstitucionalidad  de  las  leyes,  decretos  y  reglamentos,  los procesos de amparo, el habeas corpus...”.
Art. 182: “Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 1ª Conocer de los procesos de amparo".
Art. 183: “La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano."
Art. 185: "Dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros órganos, contraria a los preceptos constitucionales".
Guatemala: Contempla  la  inconstitucionalidad,  el  amparo y el habeas corpus o exhibición personal, en el título VI capítulos I, II Y III de la Constitución. El sistema de inconstitucionalidad es análogo al salvadoreño.
México: Como es sabido, México ha sido el país que innovó en materia de control de constitucionalidad y de acciones de tutela de derechos, incluyendo lo que en otras legislaciones es el habeas corpus o exhibición, en la teoría general del amparo. que ha llegado a tener un desarrollo muy considerable, incluso con autonomía académica. La principal base constitucional es el famoso art. 107, cuyo extenso texto comprende diez y ocho fracciones subdivididas,  lo que configura un estilo constitucional poco usual.
El relato del grupo nacional sintetiza su funcionamiento de la siguiente forma:
“Al decir del tratadista Héctor Fix Zamudio el único instrumento que funciona para el control constitucional es el juicio de amparo, el cual ha adquirido una estructura sumamente complicada".
"La impugnación de leyes inconstitucionales por medio del juicio de amparo (amparo contra leves) puede hacerse atacando directamente los ordenamientos legales cuando se estimen inconstitucionales, señalando como  actos  reclamados  la  expedición  y  promulgación  de  los ordenamientos que se quieren combatir y señalando como autoridades responsables a las legislativas".
"El principio fundamental del amparo mexicano contra leves es el principio de relatividad, de acuerdo a la llamada "fórmula Otero”, ya que en la Constitución (art. 107 fracc.ll) se establece que la sentencia sólo se ocupará de individuos particulares, sin hacer una declaración general respecto de la ley o del acto que la motivare. Existen algunas corrientes doctrinales que se oponen a la "fórmula Otero” y propugnan por que exista una declaración general de inconstitucionalidad".
"En este tipo de amparo por inconstitucionalidad figuran como contraparte los órganos del estado que intervinieron en el procedimiento legislativo. La reclamación se debe hacer ante el juzgado de distrito (primera instancia federal) y contra la resolución que se dicte procede el recurso de revisión (apelación) ante la Suprema Corte de Justicia" -"Existen  dos  oportunidades  en  que ordenamiento inconstitucional, es decir. se primera, cuando al entrar en vigor afecten promovente (ordenamientos autoaplicativos). La segunda oportunidad es al aplicarse a través de actos de alguna autoridad  las cuales deben reclamarse  en quince a días a partir autoridad las cuales deben conocimiento por parte del su perjuicio".
"Existe otra vía llamada recurso de inconstitucionalidad la cual no combate directamente  un ordenamiento,  sino  la  legalidad de  una resolución ordinaria. Cuando un reclamante estima que un juez o un tribunal ha dictado un fallo contrario a lo dispuesto por el art. 133 Constitucional, el que se refiere a que los jueces deben arreglarse a la Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario, puede impugnar dicha sentencia ante los tribunales colegiados de distrito a través del juicio de amparo. Las resoluciones de estos tribunales pueden  impugnarse ante  la  Suprema Corte  de Justicia mediante recurso de revisión".
Con diferentes nombres, modalidades y extensión, los recursos y acciones judiciales tendentes a amparar los derechos humanos se hallan en todas las Constituciones de la región. Hemos visto que todas ellas cubren el derecho a la libertad personal y los restantes derechos con acciones o recursos de trámite rápido, sea distinguiendo entre babeas corpus y amparo o englobando a ambos dentro de la teoría del amparo (el habeas corpus es el “amparo de la libertad"), aunque difieren en cuanto a su extensión: algunos admiten el habeas corpus contra decisiones judiciales. otros no lo hacen; algunos requieren que el amparado  haya agotado  las  vías ordinarias.  en tanto  que  otros flexibilizan el requisito. También todos contemplan la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de actos y normas, algunos con alcance limitado al caso concreto, otros con alcance general y, en otros casos, se establece un control centralizado de constitucionalidad junto a otro difuso,  lo  que  es  sumamente  interesante  e  importante,  porque demuestra que la consideración de ambos como sistemas opuestos e incompatibles  no  es  verdadera,  pudiendo  combinarse  con  notorio beneficio, pues refuerza el control mismo.
Así hemos observado que las canas de derechos nacionales y la ratificación de instrumentos internacionales, como su jerarquizacíón jurídica interna, alcanzan un nivel muy alto en cuanto a formulaciones garantizadoras, podemos afirmar ahora que no es menor la dotación de recursos y acciones para exigir su observancia.
Existen dos problemas que se plantea la teoría y que hacen a la ineficacia de estos recursos y acciones respecto de ciertos derechos y Circunstancias, por lo que deben señalarse en este punto: a. Las situaciones de emergencia y la vigencia de los derechos humanos, como también la admisibilidad de estos recursos y acciones en esas circunstancias, en particular el habeas corpus. exhibición o amparo de la libertad; y b. la ineficacia de estos recursos y acciones en el ámbito de  los  derechos  humanos  llamados  no  judiciables  o  cláusulas programáticas o de realización progresiva- Debe quedar claro que nos referimos a estos aspectos de la eficacia, que son de implicancia teórica, y no a su eficacia real en cada país, que es una cuestión de hecho que requiere otro tipo de investigación.
a. Las situaciones de emergencia están previstas en todas las Constituciones de los países abarcados, con diferentes requisitos pero siempre con el efecto de provocar la suspensión de ciertos derechos. La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) contiene disposiciones bastante precisas respecto de los límites a la suspensión de derechos en esas emergencias y, por ende, no es sostenible que se suspenden todos los derechos ni la invocación de la necesidad de estado para suprimirlos.
Sin embargo, no quedaba claro el efecto de éstas. declaraciones respecto de la viabilidad de los recursos de protección judicial de derechos, en particular el babeas corpus o exhibición, esto es, del amparo  de  la  libertad.  Actualmente  la  jurisprudencia  internacional regional ha aclarado el punto, precisando que los mismos siguen siendo admisibles y en modo alguno pueden considerase suspendidos. Esta decisión es absolutamente correcta, puesto que precisamente es en esas  situaciones  donde  se  cometen  las  mayores  violaciones  de derechos humanos.
Nos parece claro que la suspensión temporal del derecho a no ser privado de libertad sin orden de autoridad competente o en flagrancia, no implica sin más el reconocimiento de una ilimitada capacidad de detención arbitraria por parte del estado. En principio, creemos que deben tenerse presente las siguientes consideraciones:
1) La situación de emergencia obedece a ciertas razones que son públicas y notorias a sólo puede ceder el derecho a la libertad en razón de esas causas y no de otras: el estado no puede aprovechar la situación para detener a sus deudores impositivos o provisionales, por ejemplo, si la emergencia la determina una situación de guerra o un terremoto.
2) En segundo lugar la detención o limitación de la libertad de una persona por esas razones sólo puede admitirse cuando aparezca como racional y verosímil su vinculación con la situación amenazante que fundamenta la emergencia.
3) La afectación de la libertad de una persona no es una lesión de valor absoluto, sino que su entidad crece con el paso del tiempo, de modo que es necesario que la misma no se prolongue más de lo estrictamente  necesario  ni  con  mayor  intensidad  de  lo  que  la constitución permite, teniendo en cuenta que la racionalidad debe juzgarse conforme a la progresión lesiva.
4)  El  juzgamiento de diferentes  aspectos  de  la  racionalidad requiere que el tribunal disponga de información, lo que puede ofrecer obstáculos, fundado en el secreto de estado cuya revelación podría acarrear males  graves y  extensos.  Este  argumento,  generalmente esgrimido por los gobiernos que echan mano de estas situaciones de excepción, tiene un valor relativo: a) en alguna medida es posible juzgar la racionalidad de la limitación con datos que son públicos y notorios; b) en otro sentido, es claro que los secretos van dejando de serlo a medida que pasa el tiempo, del mismo modo que aumenta la lesión jurídica y se hace más riguroso el control de racionalidad.
Estas  consideraciones  demuestran  suficientemente  que  en  las llamadas situaciones de excepción no sólo no deben suspenderse los recursos, sino que, precisamente es cuando mayor vigencia deben tener, por ser los momentos en que más necesidad existe de ellos.
b. El problema de los derechos contenidos en cláusulas llamadas “programáticas”  no es  sencillo,  porque se trata  de  referencias a realidades muy dispares. Algunos autores se refieren a derechos "no judiciables” y otros llegan a hablar de "no exigibles”, todo lo cual no parece ser muy claro, puesto que pareciera ser que se trata de expresiones. de buena voluntad, pero sin ningún sentido jurídico. Si tales proclamaciones tuviesen ese puro valor retórico, sería preferible que no Se consagrasen en los textos legales, lo que algunos aprovechan para desacreditar  las  Constituciones y los  instrumentos  internacionales, especialmente porque en general! estas cláusulas están referidas a derechos llamados "sociales”.
Por lo menos hay dos efectos jurídicos de estas cláusulas que nos parecen claramente "judiciales":
a)  El  reclamo contra medidas diametralmente opuestas a su realización progresiva, al menos en calidad de interés difuso, no puede dejar de tener acogida judicial.
b) Reconocido el carácter "programático” de la cláusula  debe reconocerse que cualquier "programa" se va cumpliendo hacia adelante en un curso, vía, proceso o camino, es decir que progresa y no regresa, lo que implica que es judicialmente reclamable la neutralización de cualquier medida regresiva respecto de un cierto nivel o standard alcanzado. La prohibición de regreso, que aparece claramente en la abolición progresiva de la pena de muerte en la Convención Americana, requiere su manifestación expresa en el texto (porque de lo contrario se trataría de una cláusula directamente operativa) pero de ninguna manera sé requiere la expresa mención en las cláusulas programáticas. porque todas ellas son “progresivas” y, por ende, la prohibición de regreso está implícita en razón de su esencia.
...OTROS MECANISMOS DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS:...En los últimos lustros se ha desarrollado en la región una tendencia a establecer instituciones de protección de derechos no jurisdiccionales. El modelo del Ombudsman del derecho comparado ha venido a dar a América Latina en versiones muy diferentes y con resultados que aún no se pueden evaluar en toda su extensión, pero que, de cualquier manera, significan un intento de reforzar la tutela de derechos, lo que nunca deja de ser positivo.
Los países abarcados en la investigación no se han substraído a esta tendencia general, con particularidades que se  deben destacar, porque marcan tendencias diferenciadas. Sin ánimo de agotar aquí los modelos - lo que sería también  reiterativo- no podemos omitir los caracteres peculiares- que incluso en este caso parecen escritos por las respectivas historias nacionales, aunque por diferentes razones.
 En El Salvador, en razón de la reforma constitucional de 1991, se creó un Procurador para la defensa de los derechos humanos en el ámbito del ministerio público (el art. 191 establece: "El Ministerio Público será ejercido por el Fiscal General de la República, el Procurador General de la  República,  el  Procurador para la  Defensa de los Derechos Humanos y los demás funcionarios que determine la ley"). Son funcionarios electos por el Poder Legislativo, por mayoría calificada (dos tercios) y durante tres años en las funciones. Sus funciones se establecen en el art.  194, cuyo inc. 7 le atribuye "supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas".  La investigación de denuncias del ámbito judicial en este modelo no tiene inconvenientes, pues es parte del Ministerio Público, encargado de velar por la legalidad de los procedimientos.
 En  Costa Rica se presentó un  proyecto de ley creando la Defensoría de los Habitantes de la República en 1985, que luego de largo trámite y observaciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, fue sancionada el 17 de noviembre de 1992. El proyecto original establecía que cuando existiese alguna denuncia contra actividad administrativa del  Poder Judicial,  la  Defensoría debía  ponerla en conocimiento de la inspección judicial e investigaría conjuntamente La Corte  Suprema  entendió  que  afectaba  la  división  de  poderes  y finalmente se estableció que esas denuncias deben ser remitidas por la Defensoría a la Corte Suprema o a la Inspección Judicial para que ésta las investigue. En este modelo, como órgano ajeno al judicial y al ministerio público, se sigue el criterio español, en que el Defensor del Pueblo debe girar las denuncias al ministerio público o al Consejo General del Poder Judicial.
  En Guatemala se creó una Procuraduría de Derechos Humanos (arts. 274 y 275 de la Constitución), a cargo de un comisionado del Poder Legislativo, electo por cinco años con mayoría calificada de dos tercios, de una terna que propone la Comisión de Derechos Humanos del  propio  Congreso.  Se  trata  de  un  modelo  más  próximo  del costarricense que del salvadoreño.
En Honduras se creó en 1992 el cargo de Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, por un decreto que fue reformado el mismo año. Para quitarlo de la órbita del ejecutivo y para no partidizarlo con la designación del Legislativo, el gobierno decidió elegirlo  de  una  tema  propuesta  por  la  Comisión  Nacional  de Reconciliación, que es la que puede removerlo y que parece gozar de un alto grado de credibilidad pública.
En México se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos por ley del 5 de junio de lago. El poder ejecutivo designaba al presidente y a sus miembros. El 28 de enero de 1992 entró en vigencia una enmienda al art. 102 constitucional que establece un sistema  no jurisdiccional  de  protección  a  los derechos  humanos. Conforme a la ley que lo reglamenté, del 29 de junio de 1992, el presidente es designado por el poder ejecutivo con acuerdo del Senado. Se crean también versiones estaduales de la misma, en la forma de comisiones estaduales de derechos humanos. Sus atribuciones abarcan los actos de los funcionarios públicos, pero quedan expresamente excluidos los actos jurisdiccionales, como también  los laborales y electorales. La Comisión puede formular recomendaciones públicas y también denuncias y quejas ante las autoridades.
Se trata de situaciones diferentes que condicionan instituciones también diferentes: El Salvador protagoniza un ensayo producto de un armisticio después de una sangrienta guerra; Guatemala crea una institución que aún hoy debe actuar en una situación altamente violenta; Costa Rica produce una institución que enmarca en un esfuerzo por ajustar su legislación a los instrumentos internacionales de derechos humanos. manteniendo y reforzando una tradición que forma parte de su propia identidad regional: Honduras gesta un organismo que debe investigar graves violaciones aún no esclarecidas y que le acarrearon sanciones y descrédito internacionales; México introduce una creación como respuesta a severas críticas nacionales e internacionales que perjudican  su  imagen  en  un  proceso  de  integración  subregional considerado de vital interés por sus sucesivos gobiernos.
De cualquier manera, no puede negarse que, de buena o de mala gana, espontáneamente o forzados por las circunstancias, los gobiernos de  la  región  han  creado  instituciones  que,  con  sus  límites  o modalidades, tienden a reforzar la tutela de los derechos. Su valoración dentro del mamo general. la formularemos en las conclusiones.
...LAS ALTERNATIVAS DE LAS ULTIMAS DECADAS,LOS PODERES JUDICIALES Y LOS DERECHOS HUMANOS:Las situaciones de marco político de los países abarcados en la investigación son diferentes, como resultado de procesos muy diversos en las últimas décadas: Panamá protagonizó una quiebra del orden constitucional y sucesivos gobiernos que en definitiva contaban con el respaldo de las Fuerzas Armadas como factor de poder decisivo, al margen de respaldo popular que pudiesen o no tener, hasta que la intervención de los Estados Unidos provocó un cambio decisivo en los factores de poder internos: Costa Rica tiene un bipartidismo muy equilibrado y una tradición civil que se remonta al menos a 1948, con la correspondiente continuidad constitucional;  Nicaragua salió de la dictadura somozista y pasó al gobierno sandinista, sufriendo una larga guerra civil, hasta que la derrota del sandinismo en elecciones libres puso en marcha una nueva etapa de equilibrio muy particular; Honduras sufrió varias interrupciones del orden constitucional, con neto predominio del poder militar, que se reforzó en la década de los ochenta y que muy a duras penas cede ante la civilidad, Guatemala padece una violencia interna que no cede hasta el presente, el poder civil está seriamente acotado por el militar, sin contar con algún brote de inmadurez autoritaria entre los mismos políticos y la amenaza de retomo de viejos dictadores por vía electoral;  México permanece con su estructura de partido hegemónico dominante, en tanto que la dinámica social exige mayor pluralismo y el sistema parece haber reducido la capacidad de captación temprana de líderes dinamizantes.
Es natural que en estos marcos políticos, el poder judicial no tenga las mejores condiciones de independencia interna y externa y que, en general haya sido subordinado al poder ejecutivo. La única excepción a  marco negativo es el caso de Costa Rica. Todos los trabajos nacionales señalan las dificultades que han sufrido los poderes judiciales en particular. pero que, en definitiva, no difieren de las que conocernos en el resto de la región, que pueden sintetizarse del siguiente modo:
1. Desplazamientos masivos de magistrados, jueces y funcionarios por medidas de carácter general de gobiernos de "facto”; puesta en comisión de los mismos, que continuaron ejerciendo sus funciones pero con la amenaza de ser removidos en cualquier momento; violencia de hecho y amenazas contra los operadores judiciales por parte de fuerzas del ejecutivo o de corporaciones oficiales o paraoficiales.
2. Nuevos desplazamientos y nombramientos masivos en ocasión de volver a sistemas constitucionales, a veces con demoras en la renovación o revocación de los nombramientos de hecho y, por ende, con períodos más o menos prolongados de indefinición del status de los operadores.
3. Sometimiento de los jueces al poder de los órganos cupulares del poder judicial, o sea, cancelación de la independencia interna. Si esos órganos son nombrados partidistamente, el esquema implica también un grueso detrimento para la independencia externa.
4. Sistemas de remoción sin suficientes garantías de imparcialidad, sea por órganos internos o por órganos políticos.
5. Deterioros salariales muy grandes, lo que devalúa la función hace poco atractiva la permanencia en ella, estimula la corrupción y el perfeccionamiento técnico.
6. Alteraciones graves de los valores positivos para el desempeño de la función: a) sobrevaloración de la lealtad personal a funcionarios o grupos políticos y económicos; b) subestimación del nivel técnico; c) estigmatización inhabilitante de cualquier compromiso serio con los  derechos  humanos;  d)  descalificación  de  todo  signo  de independencia.
7. Creación de una alta vulnerabilidad laboral y personal de los operadores  judiciales,  que  desemboca  en  el  reemplazo  o eliminación de algunos y el condicionamiento de otros a situaciones de temor continuo ante los factores de poder.
...POSICION DE LA JUSTICIA EN EL ESTADO: Panamá: La Corte Suprema es nombrada por el poder ejecutivo y ratificada por el  legislativo.  Sus  miembros son  removidos  por el legislativo. La Corte tiene competencia para juzgar a los legisladores por delitos y faltas comunes. También puede declarar la inconstitucionalidad de leyes con efecto erga omnes. Los miembros de la Corte duran diez años y se renuevan escalonadamente cada dos años. El resto de los jueces son nombrados por los tribunales de superior competencia, previo concurso, de modo que se establece una escala jerárquica. El Ministerio público no está incorporado a la carrera judicial. La policía de seguridad depende dei poder ejecutivo. La policía de investigación se distingue de la de seguridad. pero no se ha integrado al poder judicial. En cuanto a los militares, no existen tribunales ni leyes diferenciadas. Existe un Colegio  Nacional  de  Abogados, cuyo  presidente  ejerce  funciones consultivas en un consejo plural. Las faltas de los abogados son juzgadas por la Corte Suprema. La defensa de oficio se halla dentro del poder judicial. El gobierno del judicial lo cierne la sala plena de la Corte Suprema.
Costa Rica:  La  Corte  Suprema  es  nombrada  por el  poder legislativo por mayoría de votos; los de la Sala Constitucional por mayoría calificada (dos tercios). Se les elige por ocho años y quedan reelegidos por igual mandato si no se acuerda lo contrario por mayoría calificada del legislativo.  El ministerio público es nombrado y removido por la Corte Suprema. La policía de seguridad depende del poder ejecutivo.  La policía judicial depende del poder judicial. Los abogados están colegiados y el poder disciplinario lo ejerce el mismo colegio. Los restantes jueces son nombrados por la Corte previo concurso.  El gobierno del judicial lo ejerce la Corte en pleno y tiene un organismo subordinado que es el Consejo, integrado por cuatro jueces y un abogado.
Nicaragua: La Corte Suprema la nombre el legislativo de ternas remitidas por el ejecutivo, con mandato por seis anos. El ministerio público es nombrado y removido por el ejecutivo. Los tribunales de apelación son nombrados por la Corte. Existe una policía nacional que cumple funciones de policía de seguridad y de policía judicial. La Constitución crea una auditoría militar y una jurisdicción militar que implica casi un fuero personal: las sentencias pueden ser revisadas por casación por la Corte Suprema, ampliada en esa ocasión con cuatro militares. La potestad sancionatoria sobre abogados la tiene la Corte suprema y las entidades de abogados son asociaciones civiles.
Honduras: La Corte Suprema la nombra el legislativo. El resto de los jueces se nombra por cooptación. Para evitar la inamovilidad se apela a las designaciones interinas. El jefe del ministerio público es nombrado del mismo modo. El poder ejecutivo puede presionar al judicial  no presentando un  proyecto de presupuesto con  recursos suficientes. La policía de seguridad depende del ejecutivo y no existe una policía judicial en dependencia de la Corte. Recientemente se ha limitado la competencia militar a los delitos propios, en tanto que hasta hace poco tenía características de fuero personal.  El Colegio de Abogados tiene potestad disciplinaria, pero no por ello la Corte Suprema ha perdido la. suya de modo que a los abogados están sometidos a ambos órganos. EÍ gobierno del judicial descansa por entero en la Corte Suprema.
El SaIvador: La Corte se nombra por el legislativo de dos listas propuestas por las corporaciones de abogados y por el Consejo de la Judicatura respectivamente. El ministerio público se integra con tres instituciones: el Fiscal General es nombrado por el legislativo con mayoría calificada (tiene a su cargo la acusación); la Procuraduría General tiene a su cargo la defensa de oficio: el tercero es la Procuraduría de derechos humanos. El fiscal General tiene a su cargo la policía judicial. La policía de seguridad depende del ejecutivo.  Existe una justicia penal  militar para delitos  propios.  Conoce en  última instancia la Corte Suprema. No existe un colegio oficial de abogados y las facultades disciplinarias corresponden a la Corte Suprema.
Guatemala: La Corte Suprema es nombrada por el legislativo, de una nómina propuesta por un organismo plural presidido por el rector de  la universidad e integrado por académicos.  representantes del legislativo y de los magistrados. La policía nacional cumple funciones de seguridad y judiciales.  No estando subordinada al judicial sino al ejecutivo. Existe una competencia militar por actos de servicio y una jurisdicción propia. Existen colegios de abogados, pero la potestad disciplinaria la conserva el judicial.
México: La Corte Suprema es  nombrada por el ejecutivo a propuesta  en terna del  Presidente.  El  resto  de  los jueces  son nombrados por el Consejo de la Judicatura, de reciente creación (enero de 1995, con una Ley Orgánica del Poder Judicial de mayo de 1995), cuya integración mantiene gran peso de la Corte Suprema, se integra con  miembros  del  judicial  que  se  eligen  por  sorteo  (no  hay representación) y por miembros políticos (dos por el senado y uno por el ejecutivo). Los jueces duran  en sus cargos seis años y los magistrados de la Corte quince años. La Procuraduría General tiene a su cargo la función de ministerio público y algunas que en otros países corresponden al ministerio de justicia. De ella depende la policía de investigación o judicial. No existe colegio oficial de abogados, sus agrupaciones son asociaciones civiles  y la potestad disciplinaria la tiene el poder judicial. El fuero militar existe sólo para delitos militares propios.
Estados mexicanos: En la investigación se han abarcado tres Estados de México: Veracruz, Sinaloa Y San Luis Potosí  La posición de la justicia en estas entidades autónomas no varía sustancialmente el esquema federal, sino que trata de reproducirlo.  En este momento, los Estados mexicanos tratan de adoptar y adaptar las reformas federales en materia de justicia a sus respectivos ordenamientos locales.   De cualquier manera, los caracteres fundamentales, es decir, la fuerte influencia del ejecutivo en el nombramiento de los operadores judiciales sigue siendo clara, los cuerpos del tipo “consejo" que se crean siguen teniendo gran predominio de las cúpulas de designación política, no hay representación de jueces inferiores sino mera integración con éstos, el ministerio público tiene atribuciones muy grandes y de él depende la policía de investigación, su nombramiento y remoción es político, los abogados no están colegiados y el poder disciplinario lo retiene el judicial.
En  conclusión  puede  decirse  que,  si  bien  se  nota  un movimiento generalizado hacia la independencia del poder judicial en la región abarcada, es claro que el mismo se enfrenta a resistencias muy fuertes que en buena medida neutralizan los esfuerzos.   De  cualquier  manera,  parece  deducirse  de  todo  lo analizado que en los últimos años se ha expandido la conciencia Pública de la necesidad de reforzar la independencia judicial y las reformas - pese a que algunas se neutralicen - responden a la misma: en este momento, los factores de poder que oponen resistencia al avance de la independencia judicial deben esforzarse por inventar recursos para eludir la misma o para disimularla, lo que hasta hace algunos lustros no sucedía.  Esto demuestra que existe un impulso republicano que, más  allá  del  resultado  inmediato,  testimonia  una  tendencia innegable.
La creación de cuerpos colegiados. aunque inmediatamente se procure neutralizarlos asegurando su manipulación con integraciones adictas; la mayor complejidad para la designación de los integrantes de las cúpulas judiciales. aunque en definitiva procuren seguir manejando las mismas mediante la influencia directa de partido; los concursos para la designación de los jueces de primera y segunda instancia, aunque se trate de controlar los mismos o bien de someterlos al poder disciplinario rígido de la cúpula: etc.. son todos mecanismos que están señalando la lucha que existe y que constituye la novedad más importante en la región.             
Cabe observar que esta lucha presenta aspectos que son muy interesantes desde el punto de vista de la ingeniería institucional en materia judicial. Entre éstos, tres son los que consideramos más necesario señalar.  a) La función política de la cúpula como pretexto para la designación partidista del gobierno de todo el judicial.  b)  La correlativa neutralización de órganos de gobierno separados de las cúpulas.  c) La reducción de la independencia interna como medio de reforzar la dependencia externa.
a) Todo poder, órgano, rama o como se quiere llamar al judicial. cumple tres funciones:  1. la propia del servicio de justicia, o sea, la resolución institucional de conflictos con valor de cosa juzgada (o sea, de  máxima estabilidad de  las decisiones); 2. la de control  de constitucionalidad de las leyes y actos de gobierno; y 3. la de ejercicio de su propio gobierno.
El control de constitucionalidad (función 2) tiene una naturaleza jurídica discutible, pues si bien en la tradición norteamericana se la considera judicial, en la europea se la considera política, dado que la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes o de actos de autoridades electas popularmente implica una función legislativa, aunque sea de carácter negativo.  No cabe formular distinciones en razón de que esa función se limite al caso concreto o tenga valor erga omnes, pues esta es una cuestión de grado que no hace a la naturaleza misma de la función.   En la región, aunque no se le reconozca teóricamente el carácter de función política. de hecho se lo releva, de modo que ese argumento es el que fundamenta la nominación partidista de los miembros del organismo encargado de la misma (designación por el ejecutivo, por el legislativo o por ambos).
Lo cierto es que, a diferencia de los tribunales constitucionales europeos, en razón de la naturaleza política de estos cuerpos (no reconocida teóricamente pero aducida políticamente), su nombramiento no tiene una procedencia plural (designación diversificada por cuatro o cinco  órganos  diferentes:    senado,  diputados,  ejecutivo,  consejo, colegios, etc.)  sino que procede del mismo poder partidista.  Más allá de la conveniencia de la fuente de elección para la función de control de constitucionalidad, lo cierto es que esta misma cúpula cumple la función de máxima instancia judicial propiamente dicha y de jefatura del gobierno judicial, con lo cual resulta que la naturaleza política de la función de control de constitucionalidad es el argumento que sirve para que el judicial tenga una máxima instancia y un gobierno de nominación partidista.
b) En casi todos los casos se intentó separar el gobierno del judicial (función 3) de las otras dos funciones y para ello se crearon órganos con nombre de "consejos", pero lo cierto es que ningún caso se respetaron las estructuras que los mismos tienen en el derecho constitucional  comparado,  sino  que  también  los  consejos  se estructuraron con integración predominantemente partidista o con una gran influencia de la misma cúpula (nombrada de esa manera); con lo cual se neutralizaron sus funciones de gobierno independiente.
Un consejo de la judicatura formado por miembros de la cúpula orgánica no es un instrumento de horizontalización del gobierno judicial, sino  un  nuevo  instrumento para conservar  la vieja  y tradicional verticalización del  mismo.   Justamente  la función del consejo es reemplazar la organización jerárquica y corporativa del judicial por una que combine la representación horizontal de los jueces con la de los técnicos de los partidos con representación democrática.  En la medida en que esto no se logre, los consejos cumplen funciones diferentes de las asignadas a la institución en el derecho comparado, siendo la más probable una facilitación de los acuerdos de poder entre la cúpula judicial y el poder partidista.
c)   Si en razón de su función política (función 2) las cúpulas siguen  siendo  nombradas  partidistamente  y  si  los  consejos  no horizontalizan la estructura judicial, ésta continúa siendo la de una corporación gobernada por los poderes partidistas.  Esta característica se completa con el- reforzamiento del sometimiento de los jueces a la cúpula, esto es, con la reducción o minimización de su independencia interna.
En este esquema, la dependencia interna no es más que un completamente necesario de la dependencia externa de los jueces, con lo cual las cúpulas nombradas por los partidos ejercen un control directo sobre la función de servicio (función 1) en razón dei ejército arbitrario de la función de gobierno judicial (función 3).
De este modo se completa un esquema de dependencia y de organización corporativa, a través de la designación política de las cúpulas y de la concentración del poder en las mismas, deformando la función del consejo e ¡invocando la tradición americana como argumento para cancelar cualquier posible diferenciación orgánica institucional entre el control de constitucionalidad y la instancia máxima judicial.   La tendencia general de esta ingeniería institucional no varía sus sustancia y sólo su forma: mantiene el criterio de concentrar poder en un órgano  al  que  se  controla  partidistamente.   La misma puede observase en casi todos  los  países abarcados, con considerable atenuación en Costa Rica y algunos aislados elementos no funcionales a la misma en algunos de los restantes.
...CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS: El constitucionalismo latinoamericano tiene como característica más saliente la hipertrofia declarativa y un correlativo raquitismo institucional. Se trata de una característica que impacta casi en todos los textos de la región.   Más allá de las buenas intenciones declarativas, esta disparidad tan notoria implica en cuanto a sus efectos, una modalidad del autoritarismo, que no confiesa su tendencia, sino que la oculta bajo declaraciones amplias que  no pueden  realizarse en  razón  de  la precariedad de las instituciones encargadas de hacerlo.
De alguna manera, esta forma autoritaria de negar derechos remeda el frontalismo de las obras públicas de las arquitecturas autoritarias, proclives a los adefesios pseudoclásicos, dirigidos a impactar al observador.
Al analizar este fenómeno no puede menos que observarse que los operadores políticos. de la región tienen una gran dosis de realismo en cuanto a la consagración de derechos dado que la consideran inofensiva en tanto, se garantizan la precariedad de las instituciones realizadoras.   Contrasta este realismo con la idea deformada de su propio poder, cuya precariedad no son capaces de reconocer y, por ende, se resisten a ceder una parte del mismo, pero que les garantice cierta seguridad en caso de cambiar de poder.
El  resultado  de  este  frontalismo  declarativo  son  textos constitucionales  autocontradictorios. Este  fenómeno  no  ha  sido suficientemente analizado por la doctrina de estos países.  Se trata de un fenómeno regional y, por ende, no sería posible buscar inspiración en fuentes de otros países no latinoamericanos.  Resulta problemático afirmar que existen  disposiciones inconstitucionales  de  las  propias Constituciones, pero no hay otra alternativa: frente a jueces nombrados precariamente, sometidos  a   remoción   por  cortes   nombradas Partidistamente, es claro que no hay independencia de los mismos.  No se cumpliría en estas condiciones el requisito de independencia que imponen para un juzgamiento legítimo los tratados internacionales y la propia Constitución.
Cuando se cuestiona un sistema político, una de las primeras referencias es su falta de independencia judicial.  Esto es, por ejemplo, lo que se hace con Cuba, a la que se le critica que sus jueces sean nombrados por el legislativo y removidos por el mismo, ante el cual deben rendir un informe periódico.  Sin embargo, esta característica no es muy diferente de la que impera en otros países latinoamericanos. en que los jueces son nombrados y removidos por una corte que es nombrada por el legislativo, el ejecutivo o ambos, lo que constituye, en el mejor de los casos, un reparto de los candidatos.
Creemos  que  ha  llegado  el  momento  en  que  la  doctrina constitucional de América Latina debe prestar seria atención a los elementos de autocontradicción de los textos supremos, porque de lo contrario el frontalismo garantista terminará con el prestigio del derecho como forma de resolución pacífica y civilizada de resolver los conflictos.
Los  operadores  políticos  actúan  al  calor  de  una  actividad terriblemente  competitiva,  que  los  habitúa  a  disputar  el  poder milimétricamente y a resistirse a cualquier impulso que consideren un recorte del mismo, pero este entrenamiento no es saludable a mediano plazo, porque importa una cancelación de los más elementales principios republicanos.
Los  esfuerzos  nacionales e  internacionales  para  mejorar  los aparatos judiciales no harán más que reforzar sus defectos si se limitan a lograr una mayor eficacia; cuando una máquina está mal diseñada, nada que no sea el aumento del producto defectuoso se logra haciendo que funcione con mayor eficacia: el mejoramiento del producto depende de un cambio de diseño.
Los esfuerzos en este sentido no son muchos. En general predominan  los  orientados  al  pragmatismo  sectorial,  generalmente huérfano de toda capacidad para la crítica del diseño institucional.  A esto contribuye la presión de los intereses en la conservación del viejo modelo y la resistencia a su transformación, la cortedad de miras de los operadores políticos y su falta de entrenamiento para concebir planes de mediano plazo. la brevedad de su gestión y la errónea confianza en jueces adictos.
El papel que pueden desempeñar los organismos internacionales y en  especial  el  sistema  regional  de  derechos  humanos,  es  muy importante como impulso externo para la transformación institucional. Es deber de los teóricos profundizar el análisis de los efectos de la autocontradicción constitucional.   Toda transformación comenzó siendo pensada Por alguien, aunque en sus comienzos haya sido criticada por utópica, poco realista y hasta ridícula.  El lugar del pensamiento, por lo general  es el académico.  Creemos que hay una deuda del ámbito académico respecto de los pueblos, que debe ser saldada, para que esta  autocontradicción  comience  a  formar  parte.  primero,  de  la conciencia jurídica de la región, y luego, de la conciencia jurídica de las poblaciones en general.
REFLEXIONES SOBRE LA ÉTICA EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL: (Elías Carranza, Director del ILANUD-http://www.ilanud.or.cr/dd140.rar)
...En materia de ética judicial el ILANUD colaboró en la década de los noventa con el Consejo de la Judicatura de Bolivia en la elaboración de un anteproyecto de código de ética. El experto designado para preparar el borrador fue el Dr. Fernando Cruz, y el trabajo dio lugar a una publicación en la que en su introducción Don Fernando resume lo que estamos tratando de decir, expresando que la ética judicial es una constelación en la que no solo se incluyen valores y conductas, sino que se contemplan las condiciones sociales y políticas que aseguran la independencia, interna y externa, del Poder Judicial (Cruz, 1999: 2). Dos elementos importantes que condicionan la conducta y las decisiones de los jueces y juezas en su función jurisdiccional: sus valores, y la realidad material, social y política, que eventualmente se sobrepone a su independencia generando un fallo injusto.
Me atrevería a esbozar una clasificación –sujeta a revisión y profundización- de las posibles causas por las que los jueces o juezas pueden incurrir en decisiones injustas, en materia civil o en materia penal (entendiendo por civil todo lo no penal):
1. Por error: 1.1. por error o falta de información en cuanto a los hechos; 1.2. por error o mala interpretación del derecho;
2. Por falta de independencia: 2.1. por amenazas graves; 2.2. por temor reverencial frente al poder; 2.3. por falta de estabilidad laboral, la que a su vez comprende múltiples factores tales como una remuneración digna, la estabilidad que proporciona la carrera judicial, y un adecuado régimen jubilatorio;
3. Por corrupción.
Y deberíamos agregar una cuarta causa que sería: 4. Porque la ley sea injusta. Causa ésta que solo señalamos para completar nuestro esbozo de clasificación, aunque no entraremos en ella en este momento, porque correríamos el riesgo de entrar en un arcano profundo del derecho natural, la axiología y la filosofía del derecho que posiblemente nos desviaría del tema que tenemos asignado. Pero dejamos señalado el punto, que es importante.
Limitándonos entonces a las tres primeras causas por las que los jueces pueden producir fallos injustos, en cuanto a la primera, al error de hecho o de derecho, diríamos que no se trataría de un problema ético sino primordialmente de la necesidad de capacitación para la investigación, y de capacitación jurídica, y en el caso específico de la materia penal, sería también un problema en gran medida de criminalística. Dejamos, entonces, este tema también de lado.
Las causas segunda y tercera (falta de independencia, y corrupción) son las que tendrían que ver con la ética en la función jurisdiccional.
En cuanto a la falta de independencia, vimos en el párrafo citado de Fernando Cruz que ella puede provenir de causas internas o externas al poder judicial, y se han señalado diversos factores que atentan contra ella, que consideramos han afectado y afectan en mayor o menor medida la independencia de jueces y juezas en los países de América Latina y también en países de otras regiones del mundo.
Respecto de las amenazas graves, emociona el caso de los jueces italianos Paolo Borsellino y Giovanni Falcone, que resistieron las amenazas, desempeñaron su función a cabalidad, y pagaron su vida por ello. Y emocionan los numerosos casos similares de jueces, juezas, fiscales y defensores que en los países de América Latina hicieron lo mismo en casos de terrorismo de estado y de criminalidad transnacional, que son tantos que no podemos ya nombrarlos, porque no recordamos sus nombres.
Respecto del temor reverencial frente al poder, en sociedades de clases, con abrupta estratificación social, militarizadas en muchos casos aunque los ejércitos hayan cedido el gobierno a civiles, con los controles de la economía en pocos monopolios u oligopolios transnacionales, en tales situaciones el temor reverencial, decíamos, produce el mismo efecto debilitador de la independencia de los jueces que la amenaza, sin que ésta exista... .
...Aristóteles en su Política recoge la idea de Platón en cuanto a la Justicia como función primordial del Estado, y por su parte introduce su división de la Justicia en justicia distributiva, que consiste en distribución de honores, de fortuna, y de todas las ventajas que puedan alcanzar los miembros de un Estado, y justicia correctiva o conmutativa (bilateral o sinalagmática) que regula las relaciones de unos ciudadanos con otros, tanto voluntarias como involuntarias, tarea esta última en la que los jueces y juezas tienen una función tan importante que cumplir. La justicia distributiva, por su parte, tiene lugar por medio del poder administrador, del legislativo, y sobre todo en nuestro mundo contemporáneo de economías de mercado y de mercados financieros tiene lugar por medio de tales estructuras de mercado, nacionales e internacionales.
Regresando entonces nuevamente a nuestro tiempo, ocurre que ambas justicias, la distributiva y la correctiva o conmutativa,  -la distributiva y la judicial, diríamos hoy- están siendo cuestionadas de falta de legitimidad, sobre todo en los países llamados “en vía de desarrollo”, o de medianos y bajos ingresos como prefiere llamarlos, creo que en esto acertadamente, el Banco Mundial (World Bank 2005:289, 2000:335). Los principales cuestionamientos se refieren a la falta de eficacia y a la discriminación.
Comenzando por la justicia judicial, posiblemente el indicador más utilizado para medir su falta de eficacia, tanto en materia civil como en materia penal, es la mora en alcanzar cosa juzgada. Suelen pasar muchos años hasta que llega la decisión judicial, y con frecuencia ésta llega cuando las partes o una de ellas ha muerto, o, en el caso de la materia penal, cuando se ha excedido en prisión preventiva el tiempo máximo de la pena prevista por la ley. En el caso de la justicia penal se le reclama también que no logra reducir el delito -reclamo injusto porque esa no es su función- y se le reclama por la impunidad de los delitos de los poderosos –por las “cifras doradas de la criminalidad”- reclamo que sí tiene fundamento, si bien el grado de impunidad varía entre los países, y Costa Rica sería el país de América Latina con mejor o menos mala situación en este punto, punto en el que también se mide, de la mano de la impunidad, la discriminación.
Independientemente del juicio ético que pudiera hacerse sobre la conducta individual de los jueces o juezas en cuanto a discriminación en sus fallos, la sociología del derecho viene demostrando que cuando hay desequilibrio de poder entre las partes la parte con mayor poder tiene mayores probabilidades de ganar el pleito, y en el caso de la justicia penal tiene mayores posibilidades de salir impune, evadiendo la acción de la justicia en alguna de las etapas del llamado “embudo de la justicia penal”, que representa el flujo de casos en el que se observa cómo, a lo largo de las sucesivas etapas, van encontrando escape muchas personas imputadas y procesadas, mientras permanecen en él y son finalmente condenadas las de menor poder. Esto ha sido medido por la criminología desde hace mucho tiempo tanto en países de altos como de medianos y bajos ingresos, y medido sobre todo en la etapa de ejecución de las condenas a prisión, verificándose que de manera muy desproporcionada quienes reciben sanción y purgan cárcel son personas de clase baja y excluidas, mientras las cifras doradas de la criminalidad evaden la acción de la justicia.
¿Y en cuanto a la justicia distributiva, la que en la definición de Aristóteles preside la división de las reservas comunes y de los bienes en cuanto tal división debe ser hecha según la contribución que cada uno aporta a su producción? (Aristóteles, Etica a Nicómaco, V, 4, 1131 b 25). En cuanto a ella, la información de los organismos especializados en hacer ese tipo de medición  -el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina CEPAL- vienen informándonos desde hace ya muchos años que la distribución es cada vez más injusta o inequitativa, tanto entre los países de altos ingresos y los de medianos y bajos ingresos   -categoría esta última en la que clasifican todos los de América Latina- como al interior de los países. En esta materia es conveniente manejarnos con las mediciones de los organismos especializados, porque de esa manera se evitan discusiones ideológicas innecesarias, o meramente de palabras, que tanto confunden.
Respecto de la inequidad en la distribución del ingreso en los países de América Latina, la CEPAL en su informe 2005 dice textualmente que “la evolución de los índices de desigualdad en los últimos trece años da cuenta de la tendencia convergente de los países hacia una acentuación de la inequidad en la distribución del ingreso. Esta tendencia se manifiesta incluso en las economías que históricamente habían mostrado los niveles más bajos de desigualdad de la región, que han ido perdiendo paulatinamente las conquistas logradas en este terreno. Por consiguiente, en la actualidad una alta proporción de países se ubica en los estratos alto y muy alto de desigualdad de la distribución del ingreso”.
Ahora bien, la inequidad al interior de los países debe verse a su vez dentro de un contexto mundial en el que, como informa el Banco Mundial también textualmente “el promedio del ingreso en los 20 países más ricos es 37 veces más alto que en los 20 países más pobres; una brecha que se ha duplicado en los últimos 40 años” (y que continúa ampliándose) (World Bank, 2000: 3).
En síntesis, a lo largo de los años se agiganta la inequidad o la injusticia de la Justicia Distributiva internacional, y se agiganta también la inequidad o la injusticia de la Justicia Distributiva al interior de los países de América Latina y de los países de medianos y bajos ingresos en general, con sus efectos deletéreos en todas las áreas sociales. Nos lo informan los organismos especializados de las Naciones Unidas. La universalización de la educación depende de la adecuada distribución del ingreso como lo explican UNESCO y UNICEF; la universalización de los programas de salud depende de la adecuada distribución del ingreso como lo explican la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud; el mismo es el caso de la universalización de la alimentación, como lo explica la Organización para la Alimentación y la Agricultura FAO; y también la universalidad del acceso a la Justicia Judicial depende, en buena medida, de la equitativa distribución del ingreso, o sea de la existencia de una justicia distributiva justa. La universalidad del acceso a todos los ámbitos nombrados de bienestar social vendría a ser lo que hoy se denomina “desarrollo humano”, o “desarrollo humano integral”. En ciencias sociales, incluyendo la economía, como es difícil cambiar la realidad, frecuentemente cambiamos o renovamos las palabras, muchas veces de buena fe.
Retomando la clasificación que nos atrevimos a esbozar sobre las posibles causas por las que los jueces o juezas pueden incurrir en decisiones injustas, diríamos ahora que, no obstante todo lo que siempre cabe mejorar, no es casual que comparativamente entre los países de las Américas Costa Rica tenga un sistema de justicia con jueces y juezas más capacitados que otros países y menos susceptibles a errores de hecho o de derecho; jueces y juezas con mayor independencia frente al poder, que generan menor impunidad; una justicia más transparente, con menor corrupción, o sin corrupción institucionalizada,  con menor mora; en definitiva un sistema de justicia judicial más justo (o menos injusto).
Costa Rica ha venido teniendo un sistema de justicia judicial más justo porque éste ha sido parte de una sociedad con un sistema de justicia distributiva también más justo. No conocemos en el amplio espectro de la comunidad internacional un país con grave injusticia distributiva que tenga un buen sistema de justicia judicial, o de justicia correctiva diríamos utilizando ahora el vocablo de Aristóteles. En los países que adolecen de grave injusticia distributiva los sistemas de justicia judicial están integrados por personas cuya verdadera función no es corregir la inequidad del sistema de justicia distributiva, sino legitimarlo. Y creo que éste ha venido siendo y será en los años venideros en todos los países de la región un asunto de la mayor importancia en materia de ética en la función jurisdiccional: el de cómo dictar justicia justa en situaciones de grave desequilibrio de poder entre las partes; cómo dictar justicia justa en contextos sociales de grave injusticia distributiva.
Por último teníamos el caso de las sentencias injustas originadas en la corrupción de los jueces o juezas a cargo, el caso más grave de falta de ética en la función jurisdiccional, que entra en la categoría de delito, y que merece -creo que coincidiremos en ello- la pena más severa.
En todos los trabajos y funciones sociales, aún en los realizados con vocación –que en una sociedad ideal deberían ser todos- corremos el riesgo de burocratizarnos, sobre todo cuando la demanda de la función en razón del alto número de casos es muy grande. Les ocurre a quienes realizan una función mecánica, les ocurre también a quienes trabajan en salud en las salas de terapia intensiva, y les ocurre también a quienes tienen a su cargo la función de dictar justicia. Son seres humanos, y las exigencias de nuestra sociedad global con su celeridad en las comunicaciones, y las de nuestra sociedad de consumo con su frenesí y sobrecarga laboral son muy grandes. En tales condiciones es comprensible que jueces o juezas puedan dictar un fallo burocrático, un fallo equivocado, un fallo injusto, pero no un fallo doloso, o un fallo por corrupción. Las partes y la sociedad entera depositan en el juez o jueza la confianza de decidir con imparcialidad la verdad de acuerdo al derecho, de decidir la razón, la justicia, y de decidirla con frecuencia en situaciones de grave debilidad de una de las partes que tal vez tiene razón pero tiene pocos recursos para defender su derecho ante una justicia cara y demorada; y en lugar de encontrar un juez que haga justicia imparcial, encuentra alguien que se aprovecha de su situación para robarle. Creo que el caso de las juezas o jueces corruptos es, sin duda el de mayor gravedad y merece la mayor sanción penal.
En los últimos años el tema de la corrupción ha trascendido las fronteras y se ha transformado en un tema de la comunidad internacional. Al respecto la Organización de Estados Americanos aprobó el 29 de marzo de 1996 la Convención Interamericana contra la Corrupción, y la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre del 2003 aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que también entró en vigor luego de su ratificación por el número requerido de los Estados Partes.
La corrupción en gran escala a nivel transnacional perjudica especialmente a los países de medianos y bajos ingresos, por cuanto los dineros mal habidos, siguiendo las leyes de la economía buscan las plazas seguras y se depositan mayormente en los países de altos ingresos. Esto está explicado en detalle entre otros por el premio Nobel de Economía y ex vicepresidente del Banco Mundial Joseph Stiglitz (2002), y la preocupación de los países de medianos y bajos ingresos por este punto se refleja en el texto de la Resolución 58/4 de las Naciones Unidas, del 21 de noviembre del 2003 (quincuagésimo octavo período de sesiones) que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que dice textualmente que los países miembros están Preocupados ... por los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos Estados, y reitera frases similares en numerosos párrafos de sus considerandos y del texto de la convención, refiriéndose siempre a la necesidad de la devolución de los activos a los países de origen.
En el curso de los últimos veinticinco años surgieron numerosos casos graves de corrupción por parte de funcionarios públicos en países de bajos, de medianos, y de altos ingresos de las Américas. Es difícil de concebir que presidentes de la república, ministros o ministras, personas a quienes nada les falta y que llegan a ocupar cargos a los que llegan muy pocas personas en una generación, que han sido elegidos con esperanza por sus pueblos en países en los que hay tantas necesidades extremas, en lugar de empeñarse en pasar a la galería de la historia como el mandatario más probo, más honesto, que hizo la mejor labor de gobierno para su país, se dediquen a robar.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo segundo inciso a) define que a los efectos de la presente Convención por “funcionario público” se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte.
En esta materia las juezas y jueces tienen, por una parte, la obligación de no abusar del poder que la función jurisdiccional les confiere, y, por otra parte tienen -como asimismo las funcionarias y funcionarios de los Ministerios Públicos y Organismos de Investigación Judicial de Costa Rica y de los países de la región- la responsabilidad ética de ejercer sus funciones de investigación y judiciales en estos casos de corrupción en la función pública con el mayor empeño y esmero, para evitar la impunidad y sancionar a quienes cometen estos delitos que tanto daño causan a nuestros países.
ESTUDIO REALIZADO POR CEJA:
El estudio realizado por CEJA del 2003 donde parte de la percepción subjetiva sobre el sistema de justicia y lo relatan así:(45)
"Percepción ciudadana de la justicia-... Democracia y confianza en las instituciones: Latino-barómetro
De acuerdo con la encuesta Latino-barómetro,un estudio anual de opinión pública que se realiza desde 1961 en 17 países de América Latina, el poder judicial figura entre las cuatro instituciones en las que menos confían los ciudadanos del continente.
Según esta encuesta, los más afectados por el descrédito por parte de la ciudadanía son el Congreso Nacional, los partidos políticos y los propios conciudadanos... .El poder ejecutivo y el poder judicial, sin embargo, aparecen como las instituciones de la democracia que más confianza han perdido en los últimos años.
Entre 1996 y 2002, se registró, en promedio, un descenso de la confianza ciudadana en el poder judicial en 8,1 puntos porcentuales. En 1996, el 33 por ciento de los ciudadanos de América Latina declaraba tener “mucha” y “algo” de confianza en el poder judicial de sus países. En 2002, sólo un 25 por ciento de los más de 18 mil ciudadanos encuestados mantenía esa respuesta. Sin embargo, existe una amplia diferencia de esta evolución entre países.
En Paraguay, por ejemplo, los datos muestran que mientras en 1996 un 44,2 por ciento de los ciudadanos confiaba en el poder judicial, en 2002 sólo el 10,3 por ciento de los entrevistados conservaba esa opinión. En Ecuador, Nicaragua, Argentina,Chile y Uruguay, también se registraron descensos significativos –en Ecuador casi el 20 por ciento de la población que en 1996 confiaba en la institución dejó de hacerlo en 2002–. Otro tanto ocurrió en Colombia, Brasil, Perú, El Salvador y Bolivia, donde los niveles de desconfianza ciudadana en el poder judicial aumentaron entre 6 y 9 por ciento, ... .
Sólo en cuatro países los poderes judiciales registraron un incremento en la confianza ciudadana.
Costa Rica, que aparece como el país de América Latina donde los ciudadanos tienen mayor confianza en el sistema de tribunales, pasó de 36,9 por ciento en 1996 a 48,8 por ciento en 2002. En Honduras, hubo un aumento de 33,4 por ciento a 37,4 por ciento; en Venezuela, de 27,2 por ciento a 30,3 por ciento; y en Panamá de 23,8 por ciento a 25,6 por ciento.
A la luz de estos datos, y al sumar las respuestas de aquellos ciudadanos que declaran tener poca o nada de confianza en la institución, es posible dibujar un índice de la desconfianza ciudadana hacia el poder judicial, tal como se muestra... . Dicho índice revela que, en 2002, en doce de los diecisiete países contemplados en el estudio, por lo menos siete de cada diez habitantes desconfía del poder judicial. Sólo en Costa Rica, un porcentaje cercano a la mitad de la población tiene una opinión positiva del sistema judicial, seguido por Uruguay y Honduras, donde aproximadamente el 37 y 43 por ciento de sus habitantes confía en la justicia...
...En 2003, la confianza en el poder judicial en América Latina volvió a decrecer, esta vez en cinco puntos porcentuales respecto de 2002. Según el más reciente informe de la encuesta Latino-barómetro, en promedio 20 por ciento de los latinoamericanos declara tener mucha y algo de confianza en las judicaturas de sus países.
 No sucede así en los casos de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú, donde la encuesta tiene una representatividad del 100 por ciento de la población. En Argentina, representa al 73,8 por ciento del total de habitantes; en Brasil, al 65,7 por ciento; en Chile, al 70 por ciento; en Colombia, al 51 por ciento; y en Uruguay, al 80 por ciento. El Latino-barómetro es uno de los estudios de opinión más acreditados del continente.
...Uno de los temas claves del Latino-barómetro es medir el grado de satisfacción de los ciudadanos respecto del funcionamiento de la democracia en sus países, aparte el nivel de apoyo que, en promedio,los latinoamericanos mayoritariamente expresan por esa forma de gobierno...
...Confianza ciudadana y gobernabilidad:semáforo de las instituciones Los datos del Latino-barómetro son coincidentes, en gran medida, con resultados de otras encuestas que también miden periódicamente el nivel de confianza ciudadana en las instituciones a nivel regional.
Uno de esos estudios es el Barómetro de Gobernabilidad, realizado por el Consorcio Iberoamericano de Empresas de Investigación de Mercados y Asesoramiento –CIMA–. Se trata de un informe basado en encuestas ciudadanas sobre muestras nacionales realizado desde 1992 en quince países de América Latina, más Puerto Rico, España y Portugal.
El estudio plantea que la confianza en las instituciones es un indicador relevante de gobernabilidad toda vez que, “además de las implicaciones sobre la economía, unas instituciones confiables elevan la calidad de vida de los ciudadanos”. Desde esa perspectiva, el informe propone una escala de tres niveles de confianza en las instituciones,a modo de semáforo intuitivo. Así, se ubican en rojo las instituciones en las que confía menos del 30 por ciento de la población; en amarillo aquellas donde la confianza ciudadana oscila entre 30 y 50 por ciento; y en verde las instituciones que gozan de una confianza superior al 50 por ciento del total de ciudadanos.
De acuerdo con esa escala, a nivel iberoamericano, en enero de 2003 se hallaban en nivel rojo los partidos políticos, los sindicatos, la justicia y el congreso.
En amarillo, las fuerzas armadas, las ONGs, la policía y los bancos. Y en situación óptima –nivel verde–, la Iglesia, la educación, la empresa privada, la prensa y los noticieros de televisión.
El informe de CIMA muestra la evolución de la confianza en las instituciones en cada país para un período de diez años. Considerando los resultados de la encuesta realizada en 2002, Argentina y Perú figuran como los países donde los ciudadanos confían menos en la justicia, ambos con 19 por ciento, seguidos por Ecuador, Brasil, Bolivia (20 por ciento),Venezuela (21 por ciento), Guatemala, Chile (22 por ciento), México (24 por ciento) y Panamá (28 por ciento). También República Dominicana figura en el nivel rojo del semáforo (25 por ciento), pero en este caso, los resultados corresponden a la encuesta realizada entre diciembre de 2002 y enero de 2003. Todos los demás países de América Latina contemplados en el estudio muestran porcentajes de confianza ciudadana en la justicia inferiores a la mitad de la población, es decir, en nivel amarillo. La única excepción es Puerto Rico (54 por ciento), que no es propiamente un estado independiente y su sistema judicial está integrado a los Estados Unidos de Norteamérica. En Costa Rica,Uruguay y Colombia, al menos, cuatro de cada diez ciudadanos declaran confiar en la justicia....
El índice de la complejidad de los procedimientos: formalismo versus eficiencia:
El índice de la complejidad (o regulación) de los procedimientos es el resultado de un estudio realizado en 2001 en 109 países –25 de ellos de la región Interamericana–, llevado adelante por un equipo de investigadores del Banco Mundial, las universidades de Harvard y Yale, en cooperación con la asociación Internacional de firmas de abogados Lex Mundi. Como se indicó, el principal hallazgo de la investigación fue evidenciar que la tradición legal en que se basan los sistemas  judiciales es un factor determinante de la eficiencia judicial, incluso más que otros factores tradicionalmente considerados relevantes como el nivel de ingresos de un país y su grado de desarrollo.
El estudio mide y describe los procedimientos usados en ese conjunto de países por litigantes y tribunales en dos causas civiles específicas: el desalojo de un arrendatario por no pago del alquiler y la recuperación (cobro) de un cheque sin fondos.
Los autores clasifican a los países según la tradición en que basan su sistema judicial y construyen, a partir de los datos recogidos, un índice de la regulación de la resolución de controversias, como medida del formalismo procesal, en siete aspectos específicos de los procedimientos, comunes a todos los países. A saber, la obligación de que los representantes de las partes en el litigio tengan o no formación legal; la obligación o no de hacer informes escritos en las diversas etapas del proceso; la obligación de justificar legalmente cada una de las actuaciones de las partes; las limitaciones a la presentación de evidencia; la naturaleza de la revisión de los fallos de primera instancia; el número de trámites independientes por realizar para completar el proceso, entre otros.
El índice fue elaborado a partir de los resultados de una encuesta distribuida a los miembros de las firmas de abogados asociadas a Lex Mundi. Los datos de la encuesta fueron cruzados, además, con indicadores de otras fuentes, relativos a eficiencia judicial, acceso ciudadano a la justicia, índices de corrupción y otros.
* Principales conclusiones del estudio:
Los países basados en civil law por lo general regulan más la resolución de disputas que los países basados en el sistema inglés de derecho consuetudinario.
A nivel global, los procedimientos judiciales son sistemáticamente más complejos, más lentos,menos transparentes y más propensos a la corrupción en países donde el sistema judicial está basado en civil law que en países basados en common law.
La mayor eficiencia y capacidad de los tribunales para impartir justicia está más asociada a las características de los procedimientos que al nivel de desarrollo de los países. La estructura legal, más que el nivel de desarrollo, tiene una mayor influencia en la duración de los procesos y en la percepción de eficiencia judicial –entendida como mayor rapidez en la resolución de las disputas, mayor calidad del Estado de Derecho, mayor imparcialidad y transparencia en las decisiones de los tribunales, ausencia de corrupción y mayor acceso a la justicia–. Los países que más regulan la resolución de diputas tienden a tener niveles menores de eficiencia judicial.
Si bien el estudio arroja indicios de que la calidad de los tribunales es mayor en los países ricos,no se hallaron diferencias significativas entre los países de ingreso medio y bajo. Tampoco se encontró evidencia de que incentivos poco atractivos influyeran en la calidad del sistema. La mayor dureza en la regulación de la resolución de conflictos está asociada a una mayor duración –más allá de lo esperado– de los procedimientos judiciales, y a mayores inspecciones a las medidas de eficacia judicial y de acceso a la justicia.
La mayor eficiencia judicial, asimismo, está asociada a una mayor simplificación de los procesos. Cuando la complejidad de los procesos judiciales es reducida, disminuyen también los costos y la tardanza.
Los resultados del índice agregado del estudio, correspondiente al promedio de los dos tipos de disputas estudiados, específicamente para los países de las Américas. Se puede observar que, efectivamente, los países que exhiben menores grados de complejidad en la resolución de sus controversias corresponden a sistemas judiciales basados en el sistema inglés de common law –Belice, Canadá, Barbados, Jamaica, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, y Granada–. Brasil exhibe un grado excepción al situarse en un relativamente bajo nivel de complejidad procesal. En cambio, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, Perú, Panamá, Bolivia y Argentina, todos países basados en el sistema derecho continental europeo o civil law, duplican sus grados de complejidad procesal en relación con los países basados en la tradición británica....
...Corrupción:
La corrupción como componente de la calidad de las instituciones públicas es evaluada por medio de tres preguntas que indagan la frecuencia con que en el país se pagan sobornos para la obtención de permisos de exportación e importación; el grado de corrupción de las instituciones públicas, y la corrupción vinculada al pago de impuestos.
De los veintitrés países de las Américas abordados, cinco se ubican en las primeras cuarenta posiciones, en el siguiente orden: Canadá, Chile, Estados Unidos, Uruguay, Perú y El Salvador. Los restantes dieciocho figuran dispersos por debajo de la media entre los últimos cuarenta países del ranking .
COMO EVALUAR EL ESTADO DE LA JUSTICIA...
Los primeros resultados comparativos revelan, sin embargo, que al realizarlo se encuentra con una dificultad  Metodológica de gran envergadura: cómo medir o cómo evaluar el funcionamiento de los sistemas de justicia.
Un enfoque útil es lo que el reporte citado denomina “indicadores objetivos”. No obstante, saber qué presupuesto se destina a la justicia en un país, cuántos tribunales funcionan en él o cuántos jueces existen por cada cierto número de habitantes, equivale a algo así como tomar una fotografía del paisaje. Ninguno de esos datos, u otros similares, nos indican la calidad ni, menos aún, la utilidad de esa justicia en ese país.
El otro enfoque posible parte de mediciones empíricas cuidadosas sobre el funcionamiento mismo del sistema; algunas son de orden cuantitativo –cuánto dura un juicio o qué porcentaje de sentencias son efectivamente ejecutadas, por ejemplo– y otras tienen un carácter inevitablemente cualitativo: cuál es la calidad del producto que el sistema de justicia ofrece. Desde este enfoque hay muy poco hecho, no sólo en América Latina sino en la mayor parte del mundo. En  estudios cuantitativos, en unos cuantos países, sí se cuenta con un puñado de estudios, que generalmente cubren alguna parte de la materia judicial y se han efectuado una vez, sin el seguimiento que permita construir series históricas. Sobre el análisis de calidad de sentencias, bajo el argumento insuficiente de que el tema es complejo y sus resultados siempre son discutibles, casi no se ha hecho nada.
Dos son las razones principales que explican ese saldo insatisfactorio. De una parte, las estadísticas del sistema de justicia son, generalmente, de muy mala calidad. En algunos casos, no existen; en otros, los instrumentos de recolección de información han sido mal diseñados o no se llenan con seriedad y prontitud, posibilidades ambas que hacen poco menos que inútiles los resultados; finalmente, algunas instituciones del sistema fraguan datos, con el objeto de mejorar engañosamente su imagen pública. En suma, cuando se cuenta con datos disponibles, son poco confiables.
En algunos países centroamericanos, por ejemplo, es imposible determinar el número de homicidios cometidos anualmente, debido a que las cifras de la policía, de las morgues y de los juzgados penales difieren en proporciones escandalosas, que en definitiva paralizan al investigador del tema.
De otro lado, el estudio de la justicia –en el sentido preciso de su funcionamiento efectivo– ha permanecido casi en el abandono de las universidades y sus centros de investigación. Algunos investigadores, en ciertos países, han efectuado esfuerzos aislados, a menudo con poco respaldo –indispensable cuando se está ante la falencia de los datos primarios– para llevar adelante sus trabajos.
En síntesis, sabemos poco sobre el estado real de operación de los sistemas judiciales. Pero, para diversos efectos, resulta necesario presentar algún tipo de retrato de su realidad. En ese punto es donde se ha producido un desliz metodológico mediante el cual el objeto justicia ha sido sustituido por la imagen de la justicia. Hecha la sustitución es mucho más fácil recurrir a técnicas de encuesta para mostrar cuál es la percepción que diversos actores tienen acerca del funcionamiento general de la justicia o de alguno de sus rasgos.
Entre las diversas fuentes utilizadas en el artículo denominado “Indicadores Subjetivos”, cuyos resultados reproduce esta edición, deben distinguirse aquéllas que proveen información acerca de la percepción social de la justicia, de las demás. En efecto, las primeras se basan en encuestas sobre muestras representativas que, al repetirse periódicamente –como hace el Latino-barómetro, por ejemplo–, nos muestran la evolución de la imagen social de la justicia en un país dado. Este es un dato duro: la justicia tiene tal nivel de aprobación en este país y eso significa que ha mejorado o ha desmejorado con relación a la medición de hace dos años, por ejemplo.
Sin embargo, hay que tener muy presente que este dato duro tiene como objeto no a la justicia misma sino a su  percepción. En principio, la justicia realmente existente podría ser mucho mejor o mucho peor que los niveles de percepción acerca de ella. Como no tenemos suficiente información acerca del funcionamiento efectivo, no podemos saberlo; pero sí podemos hipotetizar que hay cierta brecha entre una realidad determinada –cualquiera–y la percepción vigente acerca de ella. En el caso de la justicia esta brecha importa, de manera crucial, cuando tienen lugar procesos de reforma en los que se empiezan a producir resultados de cierta entidad, dado que usualmente la opinión ciudadana tarda en reconocerlos.
La percepción importa, claro está, y mucho, pero a condición de que no la confundamos con la realidad ni, peor aún, la presentemos como si se tratara de la realidad. En consecuencia, no porque en el país X la percepción de la justicia sea mejor que en el país Y debemos concluir que en el primero la justicia tiene mayor calidad que en el segundo; a partir de esos datos sólo podemos sostener que en el país X la ciudadanía ve mejor a la justicia que en el país Y.
Una segunda advertencia tiene que ver con la posibilidad de comparar confiablemente entre un país y otro. Cuando los márgenes de variación de la percepción son muy grandes, puede sostenerse válidamente que hay una clara aceptación de la justicia en un país dado contra el rechazo marcado que existe en otro. Pero, de cualquier modo en que se formule la respectiva pregunta, los parámetros desde los cuales responde el entrevistado son muy distintos en cada sociedad; las expectativas que existen –provenientes de una tradición institucional determinada y el consecuente margen de respeto o de falta de respeto social, por ejemplo– configuran el marco de representación desde el cual los ciudadanos consideran el grado de satisfacción o rechazo respecto del estado de la justicia (como el de otras instituciones). De allí que las  comparaciones resulten difíciles, cuando no riesgosas, de hacer.
La dificultad aparece con mayor claridad cuando se intenta examinar comparativamente la percepción de ciertos rasgos del sistema; por ejemplo, la corrupción. En el país A, donde la corrupción tiene raíces históricas profundas que abarcan todo el funcionamiento de la vida pública y privada, el fenómeno tiene un alto grado de legitimación que, probablemente, lleve a los entrevistados a ver un nivel no demasiado alto de corrupción en la justicia (y en otras instituciones), puesto que el fenómeno es parte de la “normalidad” en esa sociedad.
Comparar esos resultados con los de un país cuya opinión pública, enfrentada a una reciente ola de corrupción en la justicia, se halla escandalizada, puede ser un grave error metodológico. Este problema afecta la construcción de escalas en las que los resultados de imagen o percepción son puestos,un país al lado del otro, contribuyendo a crear en el lector la impresión de una medición objetiva, en la cual es posible establecer fundadamente grados o niveles, en los que un país ocupa el primer puesto y otro el último.
Hasta aquí, el valor y los riesgos de trabajar sobre encuestas de percepción ciudadana. Las dificultades se acrecientan cuando para explorar el estado de los sistemas de justicia se usa otro tipo de fuente, proveniente de encuestas aplicadas usualmente a empresarios, de un lado, y abogados o “expertos”, de otro. No estamos ahora ante muestras representativas de un todo sino ante el uso de cierto tipo de informantes –bastante más útiles para exploraciones preliminares de tipo cualitativo que para estudios de pretensión cuantificadora– que nos dicen, desde su percepción subjetiva o desde sus intereses particulares, cómo creen que es el funcionamiento de la justicia. En muy pocos casos –el de unos pocos “expertos”– esa percepción tiene fundamentos empíricos en mediciones concretas.
En la mayor parte de los casos, los consultados tienen cierta opinión sobre el tema general o sus aspectos concretos, que vierten al ser requeridos y que es entonces lamentablemente procesada y presentada como si fuera un dato.
Que algunos empresarios consideren que la justicia es ineficiente constituye un dato útil para ciertos efectos, entre los cuales ciertamente no está el evaluar la calidad de la justicia en ese país. Que ciertos abogados tengan la impresión de que la justicia es rápida o es lenta, si no cuentan con datos que la respalden, tiene poco interés. Es equívoco, cuando menos, que sobre estas opiniones se construyan escalas para medir, por ejemplo, cuán rápida o cuán imparcial es la justicia. Peor aún si esas escalas intentan comparar entre países, vía que –a las dificultades provenientes de determinaciones nacionales propias– añade la falta de representatividad de los pinantes/informantes. Si tratándose del resto de los ciudadanos –aunque estuviesen en el error- su percepción de la justicia constituye un hecho social, no puede decirse lo mismo del grupo de empresarios o del sector de abogados consultados,cuyas muestras se limitan, en la mayor parte de los casos, a los estratos más altos de tales sectores.
Todo esto lleva, cuando menos, a tres conclusiones importantes. La primera es que la mayor parte de los datos “empíricos” con los cuales contamos se refieren a la imagen de la justicia y no a la justicia misma. La segunda es que el único dato de percepción realmente importante es el que proviene de la opinión ciudadana, pero que difícilmente puede realizarse con él un análisis comparativo fructuoso. La tercera es que inquirir por el estado de la justicia en nuestros países requiere todavía un enorme esfuerzo de investigación y análisis, que es requisito y componente de cualquier proceso que busque su reforma....
De lo expuesto hasta ahora merece un apartado especial la opinión de un juez de latinoamérica, seguidamente serán las de los operadores jurídicos de la justicia santafesina-juez-fiscal-defensor y secretario- y concluiré con el diagnostico del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina en referencia a la justicia en ese país, su diagnóstico y proyecto para mejorarlo.
"...Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica: Dr. Luis Paulino Mora Mora (46)
ACERCA DE LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS JUDICIALES:
Uno de los aspectos más interesantes del Estudio en análisis, lo constituye el grupo de resultados que pretende relacionar diversos aspectos en la percepción de sus Poderes Judiciales que tienen los ciudadanos, con la llamada tradición legal de sus sistemas legales, aplicando la clásica división de sistemas de derecho común predominantes en los países de habla inglesa y los de Derecho Civil o codificado, dentro de los que se incluyen los países de Latinoamérica. Se acentúa el hecho indiscutible de que los sistemas judiciales pertenecientes a la familia del derecho codificado, tiendan a presentar sistemas más complejos, más regulados, y más lentos, pero –y es aquí donde llamo la atención–esas mayores formalidades no producen los beneficios o ventajas que estos rigores estarían destinadas a proveer. En otras palabras, nosotros como integrantes de los sistemas de derecho codificado hemos sostenido como oportuno sacrificar en cierta medida agilidad, (con el establecimiento de más audiencias y posibilidades de impugnación de las partes a lo largo del proceso), en busca de una más efectiva protección de otros valores, como la seguridad, equidad y confianza en la forma en que se administra justicia. Los resultados son contundentes pero en el sentido contrario, en cuanto a que no existe en nuestras comunidades una mayor percepción de que tales valores estén siendo bien protegidos y más bien, en términos generales hemos salido peor calificados en esos aspectos. Un honrado examen de conciencia me hace concluir que tales resultados en realidad no deberían extrañarnos.
Los jueces latinoamericanos llevamos ya tantísimo tiempo cumpliendo y exigiendo el cumplimiento de formalidades que ya perdimos de vista su razón de ser y objetivo. Las hemos erigido en entidades con existencia propia y como fines en sí mismas y pretenden sobrevivir a toda costa en los procesos de modo que se nos imponen aún cuando no cumplan ninguna finalidad válida para lo que es, a mi juicio, el único objetivo para su establecimiento,es decir, servir de guía para la solución del conflicto planteado con imparcialidad y de forma justa.
Lamentablemente en este tema, son muchos y muy pesados los lastres con los que nuestra tradición legal nos ha cargado. Un sistema escrito y codificado del derecho sustantivo ha dado lugar, de forma natural, a un sistema procesal también con predominancia de la escritura que –como dije en otra ocasión– significó en la práctica dejar de impartir justicia frente a personas de carne y hueso para hacerlo en reserva, en expedientes de papel, que son inertes y pésimos emisarios de las angustias y problemas humanos, con las cuales el juzgador en muchos casos no toma contacto nunca. Aún hoy estamos lejos de podernos deshacer del paradigma de la justicia de estirpe napoleónica en el que la solución al caso concreto es producto y brote natural de la codificación como los frutos lo son del árbol, de modo que el juez, como “boca de la ley”, se limita a “anunciar” a las partes lo que la ley tiene dispuesto para ellas. Al sistema no le ha interesado la calidad personal del juez, o si conoce a las partes o tiene vocación de servicio y hemos creído más bien que el alejamiento y aislamiento del juez, el menor contacto posible con las partes,redundan en un sistema de justicia más respetable por objetivo y alejado de las presiones. No obstante, los resultados de este reporte nos saltan a la cara: a pesar de semejante esfuerzo de “objetivación de las actuaciones judiciales” en “favor de la seguridad jurídica” de “tranquilidad y la confianza ciudadana” nuestras sociedades dicen claramente que no confían en nosotros, que nos consideran poco seguros y estiman que el sistema comprende amplias posibilidades de corrupción. No hemos podido salvar siquiera lo que por tanto tiempo hemos tratado de privilegiar, a saber: la imagen de independencia del juez. De los estudios que se citan se concluye que existe una visión en cuanto a que en los países regidos por el common law los jueces normalmente han tenido una mayor independencia y poder que los jueces de sistemas basados en la tradición europea continental.
Por otra parte, el propio estudio se encarga de desechar el otro argumento con el que usualmente se pretende justificar este estado de cosas, pues si bien allí se afirma que los países ricos tienden a tener tribunales de mejor calidad, al contrastar datos como la cantidad de jueces por cien mil habitantes y el porcentaje del gasto en justicia respecto del Producto Interno Bruto, notamos que tales índices no son abrumadoramente mayores en países mejor calificados y en muchos casos hay países con malos resultados que proporcionalmente aparecen con mayor dinero y recursos humanos invertidos en sus sistemas judiciales.
Podemos intentar entonces una conclusión en cuanto a la necesidad de quienes nos encontramos regidos por sistemas legales de tradición europeo continental de dejar de empeñarnos en la creciente formalización de nuestra administración de justicia, pues no está cumpliendo con ninguna finalidad y hasta podría sostenerse que más bien está causando daño. No obstante, no pretendo engañar a nadie diciendo que la cuestión se resuelve simplemente en un cambio legal en la estructura de los procesos. Sostengo que al primero que tenemos que cambiar es al juez, para que deje de ser un juez que resuelve expedientes y comience a ser un juez que resuelve conflictos entre personas. Incluye también una dificultosa re-educación de las propias partes y sus abogados que en ciertos países europeos,tiene ya más de cien años de haberse iniciado y actualmente rinde buenos frutos.
...Muy relacionado con lo anterior, es el lamentable resultado en cuanto a los índices de confianza que las sociedades tienen en sus Poderes Judiciales en América Latina. Debería en mi concepto, ser objeto de especial preocupación el hecho de que en 1998 solamente un tercio de los latinoamericanos entrevistados dijera tener mucha o algo de confianza y que ese porcentaje haya bajado en 2002 a un cuarto de los entrevistados. Pienso que no es aceptable para nosotros como administración judicial permanecer estoicos ante esos números. La función de administrar justicia de forma independiente y justa es un elemento fundamental de cualquier país que pretenda regirse por un Estado de Derecho. El reconocimiento y efectiva protección de los derechos  individuales y colectivos, o se produce dentro del sistema judicial o se lleva a cabo por vías paralelas con el consiguiente desbordamiento de conductas y daño irreversible al tejido social. Cuando hablamos de confianza, hablamos además de variables, como lo son la claridad y transparencia en la forma de actuar y, además, un mediano respeto en las actuaciones de los jueces por la sensibilidad social históricamente dominante en la sociedad. Un juez lo es de su comunidad y –dado que no puede satisfacerlos a todos– debe actuar de manera intachable y clara aunque el resultado particular no alcance a gustar a todos. La confianza de la sociedad por su sistema de justicia es indiscutiblemente un valor que debemos perseguir y ello se logra mostrándose a la gente, permitiéndole apropiarse de las cuestiones que afectan y se mueven dentro de la función del juez. Un buen ejemplo del que podríamos aprender es el que recién dio el juez inglés a cargo de una investigación relacionada con la muerte de un científico británico relacionado con la guerra química, al dar acceso público al enorme cúmulo de pruebas que ha recibido, de manera que todos tengan acceso a ellas y –por supuesto– se formen una opinión sobre el asunto. Quizás, como dije, muchos discrepen de su opinión final, pero creo que nadie va a estar en contra de su acto de transparencia. Sobre este tema en particular puede observarse que, tal y como lo muestran los resultados del estudio, existe una amplia movilidad, de manera que los sistemas presentan grandes variaciones y cambios de ubicación en el tiempo como lo muestran los casos de Paraguay y Ecuador, solo para dar dos ejemplos.
Esto ocurre, según mi criterio, frente a la posibilidad de opiniones públicas más fácilmente influenciables por diferentes acontecimientos como lo serían aspectos como una sentencia absolutoria en algún caso sonado, la forma en que los medios de información enfoquen una noticia, o bien temas que tradicionalmente tienen poca relación con la administración de justicia, como la fuga de delincuentes o las olas de asaltos, que pueden hacer que la opinión sobre el Poder Judicial varíe. Pero ello no descarta la necesidad de buscar y obtener un grado de aceptación de nuestro trabajo, que se mantenga aún con esas contingencias y ello se logra con actuaciones y decisiones claras y con una rendición de cuentas amplia y continua que sirva a la vez para informar y educar a los ciudadanos.
LA PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN:
Otro aspecto sobre el que importa hacer alguna mención es el relacionado con la percepción de la corrupción el papel del Poder Judicial en este sentido es fundamental porque tiene un doble carácter:primero porque es a quien le corresponde juzgar y sancionar los actos corruptos en la sociedad de modo que cualquier debilidad en esa labor produce un castigo en su imagen y en razón misma de ese trabajo, es objeto de un serio escrutinio a lo interno de la institución, de modo que debe generar un entorno lo más libre de corrupción posible.
De tal modo, el trabajo es doble en el sentido de establecer un claro ordenamiento ético para los funcionarios y hacerlo cumplir, pero además, brindar una justicia que sea percibida por los ciudadanos como intolerante contra los corruptos a quienes cabe juzgar. Planteadas en esos términos nos encontramos que tampoco lo hemos hecho muy bien, pues el estudio señala en términos generales que casi dos tercios de los países se ubican dentro de la franja de vulnerabilidad en cuanto al control de la corrupción. Debe remarcarse igualmente que dentro de la franja que se considera ejemplar de nueve países, solamente se cuentan tres latinoamericanos con sistema legal de tradición europea continental,lo que acentúa más los criterios expresados más arriba. Los datos presentados en donde se en listan y comparan los resultados sobre corrupción de diferentes fuentes, para los distintos países americanos, solo vienen a confirmar la tendencia apuntada y despejar cualquier duda sobre los  instrumentos de medición.
ADMISTRACIÓN DE JUSTICIA:
La demora con la que se hace justicia a la ciudadanía ha sido y es en la actualidad uno de los mayores problemas que enfrentamos los dirigentes de los Poderes Judiciales. Objeto de muchos análisis y medidas correctivas, no parece que hayamos dado con alguna fórmula que produzca resultados generales de satisfacción tangibles. El estudio señala que el país mejor ubicado es Canadá, donde dos de cada diez ciudadanos consideran que sus disputas se resuelven siempre o casi siempre con rapidez.
Visto en frío, se trataría de un número alarmante,sin embargo, en este aspecto sí pienso que debe existir muchísimo cuidado al considerar los datos obtenidos por una encuesta de percepción.
Imposible negar la existencia de procesos retardados y de justicia que no llega a tiempo para resolver los problemas planteados y –además– la palabra retardo o mora judicial evoca cosas distintas a diferentes personas. Sin embargo, un buen análisis exige precisiones: primero la lentitud por definición es un concepto relativo, con lo cual quiere decirse que deberíamos fijar un marco de comparación para medirnos. En materia legal ese marco usualmente consiste en la duración según los términos fijados por el ordenamiento para resolver la cuestión, en caso de que ellos existan. En nuestros casos, usualmente se ha optado más bien por otro sistema que es el de fijar plazos que deben respetarse para la ejecución de las actuaciones que conforman los procesos. Encontramos así, términos para que las partes contesten una audiencia, para que se rinda una prueba o bien plazos para que el despacho resuelva los escritos presentados o emita sentencia, y es allí donde –de ocurrir– se ubica el retardo.
Lo anterior hace que existan una multiplicidad de elementos que intervienen en un proceso judicial de modo que es equivocado asumir que la actividad procesal (y el eventual retardo ocurrido en ella) sea exclusivamente atribuible al Poder Judicial, y no obstante ello, es justamente esta institución la que carga enteramente con la crítica.
Existen –además de los incuestionables atrasos que cometen los funcionarios judiciales en una gran cantidad de situaciones– procesos que quedan inactivos debido tanto a la inacción de las partes o bien, gracias a su actividad impeditiva de la continuación del proceso. Al menos en nuestros países,los particulares están muy costumbrados a usar de todos los elementos retardatorias posibles cuando sienten que están en una posición no favorecida por el ordenamiento jurídico. Finalmente, otras fuentes de retardo son originadas en la participación de auxiliares de la justicia como es el caso de dictámenes o estudios periciales, remisión de documentos por parte de terceros, actuaciones todas ellas que no pueden ser suplidas por el despacho.
Incluso existe otra vertiente que incide en la relatividad del retardo que tiene que ver con la eficiencia con que se lleve a cabo el trabajo por parte de los funcionarios judiciales y los recursos disponibles para ello. Imaginemos dos países con la misma cantidad de procesos, uno con recursos ilimitados que destina un juez a cada proceso existente mientras que en el país vecino los escasos recursos solamente alcanzan para nombrar un único juez para conocer todas los procesos existentes; evidentemente en ninguno de los casos, la duración de los procesos (o su lentitud) son parámetros sobre los que tenga influencia alguna al administrador de justicia, sino que se trata de condiciones que le vienen dadas externamente, sobre las que no tiene control, pero de las que sin embargo,debe sufrir (o disfrutar) la mala o buena percepción en cuanto a la duración de los asuntos.
Digo esto con el fin de dejar claro la necesidad de una búsqueda de remedios de distinta naturaleza para lidiar con los diferentes tipos de problemas expuestos; proyectos de desjudicialización, reformas procesales para agilizar y simplificar trámites y otros, todo sin desproteger el derecho de las partes de defenderse en juicio. Bajo esa tónica, no debemos dejar de contemplar además todas las opciones internas posibles como la modernización de los métodos de trabajo y de la concepción misma de despacho judicial, la informatización de la gestión de expedientes así como medidas más concretas como los turnos vespertinos, la asignación temporal a despachos del personal supernumerario profesional y no profesional ya existente, todo para intentar mejorar la eficiencia en el manejo y tramitación de expedientes.
En cuanto a los recursos económicos, por supuesto, el tema no es sencillo; las administraciones de justicia no generan ingresos propios sino que dependen del dinero que se le asigne en el presupuesto nacional. Explicablemente, los otros poderes son muy celosos para asignarle más dinero que aquel a que puedan estar obligados, porque cada céntimo invertido en justicia deja de financiar otras obras o programas, de modo que cada petición de recursos es analizada muy estrictamente;una razón más por la cual debemos los judiciales concentrarnos en la utilización más eficiente de todos los recursos que tenemos.
En fin, las soluciones al retardo tienen que ser diferentes y paralelas para que tengan una real repercusión en su reducción y particularmente, en lo que toca a nuestra organización judicial, el acento principal tenemos que ponerlo en la mejora de la eficiencia con todo lo que ello significa.
A MODO DE CONCLUSIÓN:
La conclusión que puede extraerse de este cúmulo de mediciones es que ellas se encuentran estrechamente relacionadas entre sí. En efecto podemos observar que los concretos sistemas de administración de justicia tienen perfiles más o menos regulares que los ubican como más transparentes,más eficientes e independientes, menos corruptos, más seguros en términos de negocios o de garantía de derechos y libertades. Desgraciadamente para nosotros, las administraciones de justicia latinoamericanas, éstas no son buenas noticias en tanto, a pesar de las particularidades del desarrollo de cada Poder judicial, por alguna razón hemos sido incapaces en términos generales de proveer un servicio de justicia medianamente satisfactorio para nuestros ciudadanos. Restaría por definir si ello es causa o efecto de nuestra idiosincrasia,nuestras tradiciones o nuestro desarrollo político....
UN POCO DE ESTADISTICA: que nos brindan una perspectiva de lo que está sucediendo en Latinoamérica:(47)
Pero el cuadro presenta un panorama general que es más optimista que la realidad. En casi todos los países las cifras de presos y presas sin condena son más altas, porque las que vemos en el cuadro no incluyen las personas alojadas en delegaciones policiales, donde este tipo de presos prevalece.
En definitiva, el panorama global indica que la región deberá continuar sus esfuerzos para mantener niveles más prudentes de presos y presas a la espera de sentencia. Vale aclarar también que al elaborar el cuadro las personas con condena de primera instancia con apelación pendiente se computaron como condenadas, lo que también produce un cuadro más optimista que la realidad.
Pasemos a ver ahora algo sobre los componentes del sistema de justicia penal.
La justicia penal es un sistema que debe guardar equilibrio, tanto presupuestario como de personal, entre sus componentes.
En los gráficos siguientes podemos ver la relación numérica habitantes/policías y habitantes/jueces en las diversas regiones y subregiones del mundo.
PERSONAS PRESAS SIN CONDENA EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 1978-2008*
PAÍS              1978-1982     1999       2000-2002             2005-2006*           2008

Argentina*       51                 55                59                         58                         58
Bolivia               90                 36                 56                       73                          79
Brasil*               36                 34                 28                       44
Colombia*        74                 42                 41                       65                         40
Costa Rica         47                 18                 24                       20                         23
Chile*                52                  51                 40                      28                         22
Ecuador             64                  68                70                       56                         46
El Salvador        83                  76                50                       31                         35
Guatemala*    54                  61                 58                         41                         42
Honduras         58                  88                 79                         64                         51
México              74                  42                42                         59                         41
Nicaragua         31                  15                21
Panamá             67                  57               58                          60                         55
Paraguay           94                 93                73                          70
Perú                   71                 63                67                          70                         66
Rep. Dominicana 80            90                  56                         76
Uruguay*         77                77                  72                         94                           64
Venezuela*     74                59                  54

Elaborado con datos  penitenciarios brindados por los gobiernos de cada país.
En la mayoría de los países las cifras de presos sin condena aparecen más bajas que en la realidad, al no incluirse en el cómputo las personas alojadas en Delegaciones policiales, lugar donde este tipo de presos prevalece; en algunos casos la diferencia es muy grande.
Veamos específicamente la información de los países asistentes a los seminarios-taller del ILANUD, tomando en cuenta no todos los jueces sino exclusivamente los jueces penales.
En el cuadro siguiente presentamos el número de habitantes por cada fiscal:
JUECES Número de habitantes por cada juez penal, a julio 2010 y 2005
MINISTERIO PÚBLICO Número de habitantes por fiscal penal a junio 2005 y 2010
PAÍS         TOTAL JUECES PENALES*  HABITANTES   HABITANTES-JUEZ
ARGENTINA           1.998                      40.737.988              20.389
COSTA RICA           373                         4.639.042                12.437
ECUADOR *            384                         13.059.635              34.009
EL SALVADOR          556                        6.192.482               11.138
GUATEMALA            159                       14.376.054             90.415
HONDURAS             240                         7.621.106              31.755
NICARAGUA            301                          5.822.395              19.344
R.DOMINICANA*     548                       9.237.045             16.856
VENEZUELA*           782                         26.723.879             34.174

PAÍS           FISCALES       HABITANTES    HABITANTES-FISCAL
ARGENTINA        2.357        40.737.988         17.284
COSTA RICA       498           4.639.042          9.315
ECUADOR*         340          13.059.635         38.411
EL SALVADOR      725           6.192.482          8.541
GUATEMALA        360          14.376.054         39.933
HONDURAS         540           7.621.106         14.113
NICARAGUA        290           5.822.395         20.077
R.DOMINICANA*    734           9.237.045         12.585
VENEZUELA* Aprox. 1200        26.723.879         22.270
* Total de jueces de todas las instancias de cada país en materia penal. No se incluye los que tienen competencia exclusiva en faltas o contravenciones.
Información proporcionada por los jueces participantes en el “Curso Internacional de Capacitación en Reformas al Sistema de Justicia Penal en América Latina” San José, ILANUD, agosto 2-2, 2010, y en el de julio 26 – agosto 4, 2005.
Datos de población: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELADE, División de Población; Comisión Económica. Argentina: País de sistema federal. Datos totales de todo el país, a nivel federal, nacional y provincial. Costa Rica: Total de fiscales adjuntos,fiscales y fiscales auxiliares.
Veamos también el número de habitantes por cada defensor público:
DEFENSA PÚBLICA PENAL
Número de habitantes por defensor público penal a junio 2005 y 2010
NUMERO DE HABITANTES POR CADA POLICÍA, FISCAL, JUEZ, Y DEFENSOR PÚBLICO PENAL EN AMÉRICA LATINA (JUNIO 2005 y 2010)
PAÍS            DEFENSORES  HABITANTES      HABITANTES-DEFENSOR
ARGENTINA         718       40.737.988            56.738
COSTA RICA        257        4.639.042            18.051
ECUADOR*           32       13.059.635           408.114
EL SALVADOR       298        6.192.482            20.780
GUATEMALA         372       14.376.054            38.645
HONDURAS          245        7.621.106            31.107
NICARAGUA         117        5.822.395            49.764
R.DOMINICANA*     150        9.237.045            61.580
VENEZUELA*        519       26.723.879            51.491

Los datos de población fueron tomados del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELADE, División de Población; Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, actualizados a septiembre 2010.
* Los datos de Ecuador, Rep. Dominicana y Venezuela son del 2005.
Argentina: País de sistema federal. Datos totales de todo el país, a nivel federal, nacional y provincial.
Guatemala: En todo el país hay 162 Abogados defensores públicos, distribuidos así: a) 86 Abogados Defensores de Planta (quienes sí tienen relación laboral); b) 76 Abogados en Formación (que cobran honorario pero no tienen relación laboral). Tienen calidad de defensores públicos de planta otros 47 abogados, quienes se desempeñan como funcionarios administrativos, tales como supervisores, capacitadores y coordinadores. Se cuenta además con una plantilla de 187 abogados que asiste única y exclusivamente primeras declaraciones en horarios inhábiles en los lugares en donde existen Juzgados de Primera Instancia Penal de Turno de 24 horas. Estos abogados no destinan tiempo completo a la defensa pública y tienen autorización para el ejercicio libre de la profesión. Para efectos del cálculo se sumaron los 86 abogados de planta, los 76 abogados en formación, el 50% de los abogados que cumplen funciones administrativas (47/2= 23), y el 50% de los que asisten a los imputados solamente en su primera declaración en horas inhábiles. Total: 372.
R. Dominicana: La cifra de defensores está compuesta de de 45 defensores públicos, 105 abogados de oficio, y 44 aspirantes a defensor público que al 12 de julio 2005 estaban en proceso de formación.
Nicaragua: Hay 95 defensores exclusivos para materia penal, 44 en lo penal y también otras materias, y 15 exclusivos en materia de familia. El cálculo se hizo 95+22 (50% de 44)=117
Finalmente, combinemos la información de fiscales, jueces y defensores o defensoras en un único cuadro para ver lo que resulta. También hemos agregado en el cuadro la información promedio sobre el número de habitantes por cada policía:
NUMERO DE HABITANTES POR CADA POLICÍA**, FISCAL, JUEZ, Y DEFENSOR PÚBLICO PENAL EN AMÉRICA LATINA (JUNIO 2005 y 2010)

PAÍS        HABITANTES        HABITANTES          HABITANTES        HABITANTE
                                                              C/ FISCAL               C/ JUEZ            DEFENSOR PÚBLICO

ARGENTINA     40.737.988    17.284          20.389                56.738
COSTA RICA     4.639.042      9.315              12.437               18.051
ECUADOR *     13.059.635    38.411           34.009               408.114
ELSALVADOR     6.192.482     8.541            11.138                 20.780
GUATEMALA     14.376.054    39.933         90.415                 38.645
HONDURAS       7.621.106    14.113            31.755                31.107
NICARAGUA      5.822.395    20.077            19.344                49.764
R.DOMINICANA*  9.237.045    12.585        16.856                61.580
VENEZUELA*    26.723.879    22.270            34.174                51.491

Cálculo hecho a partir de los de los números totales de fiscales, jueces y defensores proporcionados por los funcionarios y funcionarias participantes en el “Curso Internacional de Capacitación en Reformas al Sistema de Justicia Penal en América Latina” (San José, 2-10 agosto 2010, y julio 25- agosto 3 de 2005), corregidos en algunos casos con información solicitada a las Cortes Supremas de Justicia, Ministerios Públicos y Defensas Públicas de cada país. Los datos de población fueron tomados del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELADE, División de Población; Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, actualizados a septiembre 2010.
Argentina: País de sistema federal. Datos totales de todo el país, a nivel federal, nacional y provincial.
* Los datos de Ecuador, Rep. Dominicana y Venezuela son del 2005.
** Los promedios de número de habitantes por cada policía para Centroamérica y Sudamérica fueron tomados de “Determining Trends in Global Crime and Justice”, Mark Shaw, FORUM on Crime and Society, vol 3, números 1 y 2, diciembre 2003:56, United Nations Office on Drugs and Crime.
ESTUDIO SOBRE LA CORRUPCIÓN EN EL MUNDO:
El Barómetro Global de la Corrupción  de Transparency International (TI) (el Barómetro)
El Barómetro Global de la Corrupción es una encuesta de opinión pública que evalúa las percepciones y experiencias de corrupción y soborno del público en general, que en 2009 abarcó 69 países y territorios. En 50 de los países evaluados, la encuesta fue realizada para Transparency International por Gallup International, como parte de su encuesta Voice of the People Survey. En 19 países que no están cubiertos por Gallup, TI encargó a otra organización de encuestas la realización del Barómetro. El Barómetro Global de la Corrupción 2009 de TI encuestó a 73.132 personas. (Ver www.transparency.org/cpi).
* El trabajo de campo para la encuesta se realizó entre el 25 de octubre de 2008 y el 25 de febrero de 2009.
*Las variables demográficas captadas en el cuestionario son: edad, educación, ingreso por hogar,empleo y religión. Para asegurar la comparabilidad, estas variables se re-codificaron de su formato original.
*El tipo de muestra es principalmente nacional, aunque en algunos países la muestra es urbana solamente. En términos globales, las conclusiones se basan mayormente en poblaciones urbanas.
En la mayoría de los países, el método adoptado es el de muestreo por cuotas, utilizando variables como sexo, edad, condición socio-económica, regional, urbano. En algunos países, se ha utilizado un muestreo aleatorio.
Las entrevistas se realizaron en forma presencial, con cuestionarios a completar por el encuestado,por teléfono o por Internet (principalmente en países desarrollados), y participaron encuestados de sexo femenino y masculino, mayores de 16 años.
*En primer lugar, se corrigieron algunos desequilibrios a nivel nacional a fin de ofrecer una muestra representativa de la población nacional —o una muestra representativa del universo comprendido—(p. ej., leves correcciones a las proporciones de grupos etarios, género, etc.). En segundo lugar, para el cálculo de cifras globales, regionales u otras cifras compuestas, cada país se ponderó en función de su población relativa.
El margen de error estándar de la encuesta es de +/- 4%.
Evalúa en qué grado se percibe a las instituciones y los servicios públicos clave como corruptos,mide la opinión de los ciudadanos sobre las iniciativas del gobierno contra la corrupción y este año,por primera vez, incluye preguntas indagatorias sobre el nivel de captura del estado y la predisposición de las personas a pagar una cantidad adicional a las empresas con conducta transparente.
El propósito del Barómetro es brindar información sobre las tendencias en la percepción pública de la corrupción.
En su sexta edición, el Barómetro permite apreciar los cambios que se producen a lo largo del tiempo en cuanto a las instituciones que se consideran más corruptas, la efectividad de las medidas del gobierno contra la corrupción.
Las principales conclusiones son las siguientes:
Existe una preocupación creciente entre el público en general sobre la corrupción dentro del sector privado y por este:
• La mitad de los entrevistados percibe al sector privado como corrupto, lo que representa un incremento marcado de 8% puntos porcentuales entre el 2004 y el 2009.
• El público en general muestra una actitud crítica frente al rol que tiene el sector privado en el proceso de adopción de políticas de su país. Más de la mitad de los encuestados consideraba que frecuentemente se recurre al soborno para influir en políticas y reglamentaciones a favor de las compañías. Esta percepción es particularmente generalizada en los Nuevos Estados Independientes+ y, en menor medida, en países de América, los Balcanes occidentales + Turquía.
• La corrupción es un tema que inquieta a los consumidores. La mitad de los entrevistados manifestaron estar dispuestos a pagar un sobreprecio al comprar a compañías “libres de corrupción”.
A nivel global los partidos políticos y la administración pública son percibidos como los sectores más corruptos:
• A nivel mundial, los encuestados percibían a los partidos políticos como la institución nacional más corrupta, seguida de cerca por la administración pública.
• Los resultados globales, no obstante, ocultan importantes diferencias entre los países. En 13 de los países sondeados, el sector privado era el considerado como más corrupto, mientras que en otros 11 países los encuestados identificaron al poder judicial en esa posición.
Los casos de soborno menor se perciben como cada vez más frecuentes en algunas partes del mundo, siendo las fuerzas policiales las receptoras más probables de los sobornos:
• Un poco más de 1 de cada 10 personas entrevistadas informó haber pagado un soborno en los 12 meses anteriores, lo que indica niveles de soborno similares a los captados en el 1 Gran parte de las encuestas realizadas a nivel nacional que se incluyen en el Barómetro Global de la Corrupción son realizadas para
Transparency International (TI) por Gallup International, como parte de su encuesta Voice of the People Survey.
Se formularon preguntas a los encuestados sobre seis sectores/instituciones: el poder judicial, los medios de comunicación, el parlamento o poder legislativo, los partidos políticos, el sector privado y la administración pública.
Barómetro 2005. Para 4 de cada 10 encuestados que pagaron sobornos, los pagos ascendían en promedio a un valor de aproximadamente, el 10% de su ingreso anual.
• Los países que presuntamente están más afectados por el soborno menor son (en orden alfabético): Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Camerún, Irak, Liberia, Sierra Leona y Uganda.
• A nivel regional, los casos de soborno menor son más frecuentes en Medio Oriente y África del Norte, los Nuevos Estados Independientes+ y el África Sub-Sahariana.
• Si bien a nivel mundial se señala más frecuentemente a las fuerzas policiales como receptoras de sobornos, también se han verificado diferencias regionales. En Medio Oriente y África del Norte, las instituciones más propensas a aceptar sobornos son presuntamente aquellas a cargo de procedimientos relacionados con la adquisición, la venta, la transmisión hereditaria o el arrendamiento de tierras. En los países de la UE+, estos servicios de administración de tierras, junto con los de atención de la salud, son los más vulnerables a los hechos de soborno menor. Si bien en América del Norte los casos de soborno menor parecen ser menos frecuentes, los hechos que se denuncian suelen estar relacionados con interacciones con el poder judicial.
• Los resultados demuestran que es más probable que los encuestados que pertenecen a hogares de bajos ingresos, antes que los de altos ingresos, paguen sobornos cuando realizan gestiones ante las fuerzas policiales, el poder judicial, los servicios de administración de tierras o incluso el sistema educativo.
Los ciudadanos comunes no se sienten empoderados para denunciar la corrupción:
• El público en general no utiliza canales formales para radicar denuncias sobre corrupción: tres cuartas partes de las personas que manifestaron haber pagado sobornos no presentaron una denuncia formal.
• Cerca de la mitad de las víctimas de soborno entrevistadas no consideraron que los mecanismos de denuncia existentes fueran efectivos. Esta opinión fue compartida por los entrevistados, independientemente de factores como género, educación o edad.
Se considera que los gobiernos no son efectivos en la lucha contra la corrupción;lamentablemente, esta opinión ha persistido en la mayoría de los países a través de los años:
• El público común considera, en general, que las medidas impulsadas por su gobierno para combatir la corrupción son inefectivas. Sólo el 31% creen que sean efectivas, frente a un 56% que las percibe como inefectivas.
• No se constataron cambios sustanciales en las opiniones relevadas acerca de las medidas gubernamentales contra la corrupción durante 2009, luego de una comparación con los datos de los países evaluados en la última edición del Barómetro en 2007.
Percepciones del público en general sobre corrupción en sectores clave:
El Barómetro Global de la Corrupción 2009 indagó en qué grado más de 73.000 personas de todo el mundo percibían que existía corrupción en seis sectores e instituciones clave.
Los partidos políticos fueron percibidos como corruptos por el 68% de los encuestados, seguidos inmediatamente por la administración pública (funcionarios/empleados públicos) y el poder legislativo (63 y 60% respectivamente). La mitad de los encuestados también percibía al sector privado y al poder judicial como corruptos. Cerca del 43% de los entrevistados también creían que los medios de comunicación estaban afectados por la corrupción.
Cuando se les consultó cuál de los seis sectores/instituciones consideraban como el más corrupto, el público en general identificó mayormente a los partidos políticos y a la administración pública, con el 29 y el 26%. En el extremo inferior de la escala se ubican los medios de comunicación y el poder judicial, que fueron identificados por el 6 y el 9% de los encuestados, respectivamente, como la institución más corrupta

Diferentes regiones, diferentes perspectivas sobre los sectores más corruptos de la sociedad:


Según el Barómetro, los partidos políticos son percibidos por los encuestados en la UE+, América Latina y el África Sub-Sahariana como las instituciones más corruptas. En la región de Asia Pacífico,Medio Oriente y África del Norte, los Nuevos Estados Independientes+ y los Balcanes Occidentales + Turquía, la administración pública es el sector que se percibe como más corrupto, mientras que en América del Norte este lugar lo ocupa el parlamento/poder legislativo.
Los promedios regionales ocultan importantes diferencias entre los países. La Tabla 1 muestra la institución o el sector que ha sido identificado en cada país como el más corrupto.
Tabla 1 Institución/sector que se percibe como el más afectado por la corrupción, por país:


Institución/Sector
País/territorio
Partidos políticos
Argentina, Austria, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Chile, Colombia, El Salvador, Finlandia,Grecia, Hungría, India, Israel, Italia, Líbano, Malasia, Nigeria, Serbia, Corea del Sur,Tailandia, Reino Unido, Venezuela.
Parlamento/Poder Legislativo
Indonesia, Panamá, Rumania, Estados Unidos
Empresas/Sector privado
Brunei Darussalam, Canadá, Dinamarca, Hong Kong, Islandia, Luxemburgo, Moldavia,
Países Bajos, Noruega, Portugal, Singapur, España, Suiza.
Funcionarios
públicos/Administración Pública
Azerbaiyán, Bielorrusia, Camerún, República Checa, Ghana, Irak, Japón, Kenia, Kuwait,Lituania, Marruecos, Pakistán, Filipinas, Polonia, Rusia, Senegal, Turquía, Ucrania,Zambia.
Poder Judicial
Armenia, Bulgaria, Camboya, Croacia, Ex R. Y. de Macedonia, Georgia, Kosovo,Mongolia, Perú, Senegal, Uganda.

Fuente: Barómetro Global de la Corrupción 2009 de Transparency International. Se trata de porcentajes ponderados.

Experiencias de corrupción que afectan al público:

Denuncias de soborno
Hechos de soborno menor en todo el mundo
Al considerar las experiencias cotidianas de las personas con la corrupción, el Barómetro reveló que,en promedio, más de 1 de cada 10 personas afirmaban haber pagado un soborno durante los 12 meses anteriores a la encuesta.
El Barómetro muestra que los efectos del soborno varían según la región.
• En Medio Oriente y África del Norte, 4 de cada 10 personas afirmaron haber pagado un soborno durante los 12 meses anteriores.
• En los Nuevos Estados Independientes+ y el África Sub-Sahariana, cerca de 3 de cada 10 entrevistados señalaron haber pagado un soborno, mientras que en la región de Asia Pacífico y América Latina el promedio fue de 1 cada 10.
• En países de América del Norte, la UE+ y los Balcanes Occidentales + Turquía, el 5% o menos de los entrevistados informaron haber pagado un soborno .
Según el Barómetro, los países cuyos ciudadanos informan estar más afectados por el soborno son Camerún, Liberia, Sierra Leona y Uganda. La Tabla 2 a continuación agrupa a los países en función de los hechos de soborno informados Según el Barómetro, los países cuyos ciudadanos informan estar más afectados por el soborno son Camerún, Liberia, Sierra Leona y Uganda. La Tabla 2 a continuación agrupa a los países en función de los hechos de soborno informados.
% de
encuestados
que informaron
haber pagado
un soborno en
los 12 meses
anteriores

País/territorio

Grupo 1: Más del
50%
Camerún, Liberia, Sierra Leona, Uganda.

Grupo 2: Entre el
23 y el 49%
Armenia, Azerbaiyán, Bolivia, Camboya, Ghana, Indonesia, Irak, Kenia, Lituania,
Moldavia, Mongolia, Rusia, Senegal, Venezuela.

Grupo 3: Entre el
13 y el 22%
Bielorrusia, Grecia, Hungría, Kosovo, Kuwait, Líbano, Nigeria, Pakistán, Perú, Rumania,Serbia, Ucrania.

Grupo 4: Entre el 7
y el 12%
Bosnia y Herzegovina, Chile, Colombia, República Checa, Hong Kong, India, Malasia,Filipinas, Tailandia

Grupo 5: 6% o
menos
Argentina, Austria, Brunei Darussalam, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Finlandia,Ex R. Y. de Macedonia, Georgia, Islandia, Israel, Japón, Luxemburgo, Países Bajos,Noruega, Panamá, Polonia, Portugal, Singapur, Corea del Sur, España, Suiza, Turquía,Reino Unido, Estados Unidos

Fuente: Barómetro Global de la Corrupción 2009 de Transparency International. Se trata de porcentajes ponderados. Las cifras no incluyen las respuestas de tipo “No sabe”. Los grupos se definieron mediante análisis de conglomerados.
Al igual que en la edición de 2007, el Barómetro 2009 muestra que los jóvenes son más proclives a pagar sobornos que los mayores. Mientras que el 16% de los entrevistados menores de 30 años habían pagado un soborno, sólo el 4% de quienes tenían 65 o más lo habían hecho (Tabla 3).
Tabla 3 Porcentaje de personas que informaron haber pagado sobornos en los 12 meses anteriores,por grupo etario:
Grupo etario
% de encuestados que pagaron un
soborno
Muestra total
13%
Menos de 30
30 - 50
51 - 65
65
16.%
13%
8%
+ 4%

Fuente: Barómetro Global de la Corrupción 2009 de Transparency International. Se trata de porcentajes ponderados. Las cifras no incluyen las respuestas de tipo “No sabe”.
Al igual que en 2007, el Barómetro 2009 comprobó que las mujeres son menos proclives a pagar sobornos que los hombres. No obstante, esta comprobación no permite concluir que las mujeres sean menos corruptas que los hombres. Como lo demuestran numerosos estudios, las mujeres suelen ser menos propensas a asumir riesgos y es menos probable que tomen contacto con instituciones públicas, como la policía o el poder judicial, donde los pedidos de sobornos son más frecuentes.
Soborno menor según el servicio:
A fin de comprender en mayor detalle la forma en que el soborno menor afecta a las personas de todo el mundo, el Barómetro preguntó a los encuestados sobre experiencias con el soborno en su relación con ocho servicios diferentes. Según los encuestados, la policía es la institución más propensa a recibir sobornos de las personas. Casi un cuarto de quienes habían tenido contacto con la policía durante el año anterior habían pagado un soborno.
Las personas en contacto con el poder judicial o con oficinas de registros y permisos tenían mayores probabilidades de pagar sobornos: el 16 y el 13%, respectivamente.
El 15% de quienes realizaban gestiones ante servicios de administración de tierras también habían tenido que pagar sobornos. Incluso quienes estaban en contacto con servicios de salud y educación debieron pagar sobornos: el 9% en ambos sectores. Además, el 7% de quienes se habían contactado con autoridades tributarias o empresas de servicios públicos tuvieron que pagar sobornos.
Diferentes experiencias en las regiones
Se verificó que tenían mayores probabilidades de pagar sobornos las personas que interactuaban con las fuerzas policiales en cinco regiones: Asia Pacífico, América Latina, los Nuevos Estados Independientes+, el África Sub-Sahariana y los Balcanes Occidentales + Turquía. También se señaló al poder judicial en la región de Asia Pacífico y en América del Norte, mientras que en Medio Oriente y África del Norte el sector considerado más propenso a la corrupción fueron los servicios de administración de tierras. Los encuestados de países de la UE+ señalaron, por una leve diferencia,que los servicios de salud eran los más afectados por el soborno.
Soborno: Cómo detenerlo – El caso de la florería de Hikmet
Hikmet había proyectado convertir la habitación anterior de su pequeño apartamento en una florería.
Luego de la caída del comunismo, la mayoría de los apartamentos en planta baja de su calle, en Bakú (Azerbaiyán), habían sido transformados en pequeñas tiendas por sus ocupantes. Hikmet esperaba complementar de este modo la pensión que percibía como veterano, que apenas cubría sus gastos de comida y calefacción, y se acercó a la municipalidad para solicitar una habilitación.
Poco tiempo después, fue contactado informalmente por una persona que le ofreció “asegurarse de que su solicitud de habilitación fuera aceptada” a cambio de US$ 10.000, una cantidad que superaba ampliamente su pensión anual. Hikmet se negó a aceptar, y al cabo de poco tiempo su solicitud para abrir una florería fue denegada.
Hikmet se contactó con Transparency International Azerbaiyán. Temía que su solicitud no hubiera prosperado por no haber pagado el soborno. Con el asesoramiento legal y el apoyo del capítulo,Hikmet apeló la decisión ante la justicia, la cual ordenó a la municipalidad que resolviera su solicitud de manera justa. Poco después de esta resolución, Hikmet recibió la autorización para abrir su tienda de flores. Esta acción marcó un avance significativo en la Azerbaiyán del pos-comunismo y estableció un precedente importante para aquellos ciudadanos dispuestos a utilizar al sistema judicial para exigir que las autoridades rindan cuentas.
El caso es uno de los cientos procesados por el Centro de Incidencia y Asesoría Legal (Advocacy and Legal Advice Centre, ALAC) de Transparency International en Azerbaiyán. Estos centros, actualmente con presencia en 25 países, brindan asistencia a las víctimas y testigos de hechos de corrupción, ayudándolos a impulsar sus denuncias.
Soborno menor según el servicio, a lo largo del tiempo
No hubo una reducción entre 2006 y 2009 de los casos informados de soborno en la mayoría de las instituciones. En algunos sectores, los índices de soborno menor de hecho se incrementaron; en el caso del poder judicial, aumentaron significativamente del 8% en 2006 al 14% en 2009.
Uso de mecanismos de denuncia
Pese a la evidencia que señala que las personas se enfrentan a hechos de soborno habitualmente,sólo cerca de 1 de cada 5 informó haber realizado una denuncia formal en los 12 meses anteriores.
Las razones invocadas por los encuestados para no denunciar el soborno. La mitad de los entrevistados señalaron que los mecanismos formales de denuncia no eran efectivos, mientras que un cuarto consideró que el proceso requería demasiado tiempo. En el África Sub-Sahariana, casi un tercio de los encuestados señaló que los mecanismos de denuncia eran demasiado engorrosos. Resulta inquietante que en 1 en 5 de los hogares que no radicaron una denuncia formal esta decisión se debiera al temor a sufrir posibles persecuciones o represalias. Esto es lo que sucede justamente a las víctimas de soborno en América Latina y los Balcanes Occidentales + Turquía (28 y 24%, respectivamente). Resulta especialmente preocupante que el 16% de los encuestados en todo el mundo no sepan siquiera cómo se presenta una denuncia formal.
Los resultados indican que deben realizarse mayores esfuerzos para asegurar que el público en general tenga acceso a los mecanismos formales de denuncia y que crea en su efectividad. El Barómetro comprobó que es menos probable que los desempleados y las mujeres denuncien ser víctimas de corrupción. Por el contrario, entre los grupos más propensos a utilizar canales formales de denuncia de sobornos se incluyen los hombres, las personas con actividad laboral o quienes pertenecen a hogares de ingresos medios.
Fortalecer el poder ciudadano – Los residentes toman la iniciativa en un proyecto de viviendas
Los residentes de una localidad checa tomaron conocimiento, para su sorpresa, de que se construirían 300 nuevas viviendas en su comunidad, una cantidad significativa para una localidad de tan sólo 500 habitantes.
Seis meses antes, la municipalidad había lanzado una “consulta pública” para sondear el grado de interés que despertaba el proyecto entre los pobladores, y una abrumadora mayoría en la comunidad votó en contra de estos planes. Los pobladores se contactaron con el capítulo de Transparency International República Checa,ya que les preocupaba que el alcalde hubiera adoptado su decisión sin tener en mira el bien común. Se habían difundido versiones de que la empresa constructora había pagado un viaje del alcalde a Londres,presuntamente para que analizara la calidad de las viviendas de esa ciudad.
Dado que los pobladores se encontraron con un ostracismo absoluto por parte de las autoridades municipales,a quienes solicitaron que respondieran sus inquietudes, Transparency International República Checa los asesoró acerca de cómo organizar un referéndum comunitario sobre el proyecto de viviendas. La Ley Local sobre Referéndum establecía que el resultado debía ser considerado por las autoridades. Además de ayudar a los pobladores a defender sus derechos mediante un referéndum, la cobertura ofrecida por los medios de comunicación a su campaña dio lugar a un debate público sobre la falta de rendición de cuentas de las autoridades municipales en la administración de las tierras y puso en evidencia la necesidad de reformar la Ley Municipal checa.
El caso es uno de los cientos procesados por el Centro de Incidencia y Asesoría Legal (Advocacy and Legal Advice Centre, ALAC) de Transparency International República Checa. Estos centros, actualmente con presencia en 25 países, brindan asistencia a las víctimas y testigos de hechos de corrupción, ayudándolos a impulsar sus denuncias.
 Percepciones de los especialistas; comparación con las opiniones y experiencias de corrupción de los ciudadanos comunes:
Cómo las percepciones del público en general se relacionan con las de los especialistas:
A menudo, se afirma que los indicadores basados en las opiniones de especialistas están desconectados de los del público en general. Para poner a prueba esta afirmación, se comparó las opiniones del público en general sobre el alcance de la corrupción en los partidos políticos, el poder legislativo, el poder judicial y la administración pública reflejadas en el Barómetro 2009 con los análisis de los especialistas sobre el alcance de la corrupción en el sector público, reflejados en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2008 de TI.
Existe una correlación entre la percepción del público en general sobre corrupción y la de los especialistas: cuanto más extendida es la percepción del público en general sobre el alcance de la corrupción en las instituciones públicas, mayor es el nivel de corrupción del sector público percibido por los especialistas. Pese a esta coincidencia, en algunos casos las evaluaciones varían. Al comparar las evaluaciones de Japón y Chile, los especialistas parecen realizar una evaluación un poco más positiva de los niveles de corrupción que el público en general.
En Azerbaiyán, Bielorrusia, Camboya, Irak y Kuwait ocurre lo contrario, el público en general parece considerar que la corrupción es menos profunda de lo que reflejan las opiniones de especialistas incluidas en el IPC 2008.
Iniciativas gubernamentales para combatir la corrupción:
El Barómetro indica que las medidas gubernamentales contra la corrupción se perciben mayormente por el público en general como inefectivas. Si bien poco menos de un tercio de los encuestados calificó a las iniciativas gubernamentales como efectivas, más de la mitad consideró que eran inefectivas.
Efectivas
31.%
Ni efectivas ni
inefectivas;
13.%
Inefectivas;

56.%
Fuente: Barómetro Global de la Corrupción 2009 de Transparency International. Se trata de porcentajes ponderados.
Existen, sin embargo, importantes variaciones entre los países. Los países y territorios con mayor proporción de personas (7 o más de cada 10) que calificaron las iniciativas contra la corrupción de sus gobiernos como efectivas fueron Brunei Darussalam, Hong Kong, Indonesia, Nigeria y Singapur.
Por otra parte, menos de 1 de cada 10 encuestados de Argentina, Bulgaria, la República Checa,Hungría, Lituania y Ucrania consideraron que las iniciativas gubernamentales contra la corrupción eran efectivas.
Evolución en el tiempo de la evaluación de los esfuerzos gubernamentales para combatir la corrupción:
Al comparar las respuestas generales del Barómetro de 2007 y 2009, resulta llamativo que no haya habido cambios significativos en las percepciones. A nivel nacional, sin embargo, las variaciones son mayores. La percepción sobre la efectividad de las medidas del gobierno para abordar la corrupción parece haber incrementado en Armenia, Camboya, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Georgia, India, Indonesia, Luxemburgo, los Países Bajos y Noruega. En cambio, la percepción acerca de la efectividad del gobierno parece haber decrecido en Bosnia y Herzegovina, Grecia, Malasia, Panamá, Filipinas, Senegal, España, Tailandia, Turquía y Venezuela.
En 2009, un porcentaje levemente mayor de encuestados, el 18%, en comparación con el 13% en 2007, no supo asignar una calificación al desempeño de su país en la lucha contra la corrupción.
Los cambios en las opiniones de las personas sobre las medidas gubernamentales contra la corrupción entre 2007 y 2009, en una perspectiva regional. Un resultado es claro: las personas de los Balcanes Occidentales + Turquía expresaron una creciente frustración frente a los actos o la inacción de su gobierno. Los encuestados de los Nuevos Estados Independientes+ mostraron mayor confianza en las medidas contra la corrupción adoptadas por sus gobiernos, al igual que los de América del Norte. Sin embargo, los resultados de América del Norte parecen mostrar una polarización de las opiniones, ya que hubo un incremento aún mayor del porcentaje de encuestados que calificaron a las iniciativas de su gobierno como inefectivas.
El Barómetro Global de la Corrupción 2009 muestra que los niveles mundiales de soborno continúan siendo excesivamente elevados: cerca del 10% del público en general afirmó haber pagado un soborno el año anterior, y quienes se encuentran en una situación más vulnerable son los más perjudicados. Asimismo, en varios países los casos de soborno menor parecen haber aumentado en lugar de disminuir desde 2005.
En todo el mundo, los ciudadanos comunes no se sienten incentivados por las medidas contra la corrupción de sus gobiernos, y se muestran decepcionados con el sector privado y su aparente injerencia en la política, la captura del estado y la subversión del interés público. Si bien esta postura escéptica constituye claramente un reflejo de la falta generalizada de transparencia que contribuyó a la crisis financiera que comenzó en 2008, el futuro depara algunas posibilidades positivas. En la mayoría de los países, los encuestados informaron estar dispuestos a pagar una cantidad adicional a las empresas transparentes. Las empresas deben tener esto en cuenta: la adhesión a los más altos estándares contra la corrupción en las palabras y en los hechos tiene valor para el mercado.
Las percepciones sobre numerosas instituciones públicas siguen siendo negativas. El público continúa identificando a los partidos políticos como la institución más afectada por la corrupción,mientras que las experiencias directas de los encuestados señalan que la policía, seguida por los servicios de administración de tierras y el poder judicial, muestran una mayor propensión a exigir sobornos. Como resultado, las instituciones sociales clave, en especial aquellas que son vitales para la integridad y rendición de cuentas del gobierno y para la protección de los derechos de los ciudadanos, se ven comprometidas. No hay duda de que la corrupción socava la legitimidad tanto del gobierno como de quienes gobiernan en numerosos países.
Por último, el bajo nivel de denuncia de hechos de soborno resulta preocupante: sólo el 75% de los ciudadanos toma algún tipo de medidas ante hechos de corrupción. La falta de denuncia puede responder a que los mecanismos de denuncia son insuficientes, complejos o inaccesibles. También puede constituir un reflejo de la presión social o la falta de concientisación acerca de las consecuencias perniciosas de la corrupción: en última instancia, los ciudadanos necesitan creer que realizar una denuncia es lo correcto. Corresponde a los gobiernos, el sector privado y otros actores interesados del movimiento contra la corrupción generar mayor conciencia entre los ciudadanos sobre los perjuicios que causa cada soborno, no sólo para su economía, sino también para la sociedad.
ARGENTINA:
ARGENTINA Y LA REALIDAD DEL SISTEMA DE  JUSTICIA:
Una reforma total y racional del sistema judicial debe seguir, se ha dicho, el siguiente orden lógico: “…primero…la formación de los hombres…Para lo cual hay que formar jueces y abogados con precisos conocimientos organizacionales y no solamente jurídicos…Luego de que se logre el cambio de hombres, hay que cambiar los normas de organización, no tanto los códigos de procedimiento. Por último, estos códigos deben ser adecuados a una reforma organizacional, más que a una reforma jurídica”.(QUIROGA LAVIÉ, Humberto, La formación del derecho procesal organizacional, publicación de la H. Cámara de Diputados de la Pcia. de Bs. As., págs. 218 y 219).
La negligencia en la debida comprensión de esos vínculos inescindible entre órgano, función y actividad, ha ocultado, a la vista de quienes han tenido la responsabilidad de reformar la justicia, la necesidad de una consideración integral del sistema y de una respuesta cualitativa a los requerimientos que le dirige la sociedad.
Si la crisis de la justicia radica, básicamente, en su reconocida ineficacia, no hay duda que solo una visión global de sus problemas puede lograr su rehabilitación ante la sociedad, habida cuenta que  “El concepto de eficacia solo puede referirse al conjunto del sistema, que será o no eficaz en la medida que alcance o no los objetivos –estratégicos- fijados. Sin esa estrategia elaborada las técnicas, viejas y nuevas, se transforman solo en herramientas utilizadas en beneficio de los grupos de poder que las controlan dentro de la organización”; “Es que, así como el interés común, en el sentido que lo describían los clásicos, no significa la suma de los intereses particulares, no puede decirse que la suma de eficacias parciales de cada uno de los jueces o funcionarios judiciales dé por resultado la eficacia de un servicio de Justicia donde, como organización y como sistema, el todo no es igual a la simple suma de las partes”.
Esa visión parcial de los problemas que aquejan a la justicia ha conducido a brindar respuestas puramente cuantitativas, que atienden a solo una parte de aquellos, que no es, precisamente, la que se encuentra en la base de la crisis. En tal sentido, se ha puntualizado con acierto que “La respuesta que la organización judicial dio a la evolución de la litigiosidad, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, desde el siglo pasado a hoy –una cuestión verdaderamente compleja y pluriforme-, fue una sola: la reforma de las leyes de procedimiento (más normas) y la multiplicación de los juzgados (más órganos)”.
En definitiva, la primera condición para que exista un procedimiento que conduzca a una solución justa y en tiempo oportuno es que sea conducido por estructuras orgánicas adecuadas a los requerimientos sociales de eficacia y eficiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Algunos problemas que enfrentó y enfrenta en la actualidad el sistema de justicia argentina son:
 Politización de los conflictos. Esta muestra dos manifestaciones: en primer lugar, el “corrimiento” de la resolución de estos conflictos hacia espacios o áreas de resolución fuera del Poder Judicial (usualmente, hacia algún organismo parte del Ejecutivo); en segundo lugar, la presión hacia el Ejecutivo para que este influya ya sea los tiempos, ya sea el contenido de las resoluciones judiciales.
 Desactualización normativa. La ausencia de prioridad de los intereses/funcionamiento del Poder Judicial en las decisiones y estrategias del Ejecutivo y el Legislativo, resultó en la extendida vigencia de códigos civiles y penales con origen en la segunda mitad del Siglo XIX, cuya desactualización complicó (y complica hasta el presente) la posibilidad de una eficiente y razonable provisión de justicia.
  Insuficientes recursos y capacitación. La ausencia de prioridad arriba mencionada, también resultó en una insuficiente inversión en recursos humanos con la calificación requerida (esto es, problemas con el número de jueces, juzgados, personal de apoyo, y calificación del conjunto del personal judicial). También tuvo su efecto en una insuficiente inversión en recursos materiales y organizacionales, lo que resultó en bajos ingresos para el conjunto del cuerpo judicial, ausencia de tecnologías apropiadas y de estructuras organizacionales funcionales a los objetivos perseguidos, lo que creó condiciones no sólo de ineficiencia sino también incentivos para la corrupción de las prácticas judiciales.
 Modelo judicial burocrático y excluyente. La centralización jerárquica de las decisiones judiciales y su dependencia frente a los otros poderes, produjo un sistema judicial dependiente y con un alto poder concentrado en pocas manos, lo que generó tanto el clientelismo dentro del propio Poder Judicial, como una provisión de justicia excluyente hacia aquellos actores sin capacidad de influencia política o sin importantes recursos como para neutralizar las ineficiencias y costos del sistema local. La igualdad ante la ley se constituyó en mera declaración frente a poderosos que encontraban en la posibilidad de “correr” de los tribunales locales sus disputas (ya sea a otros espacios de decisión, como el Ejecutivo, ya sea a otros tribunales, como los extranjeros) o,simplemente, en la posibilidad de influir (por corrupción o por contar con recursos para actuar dentro de un sistema oscuro y lento) las decisiones judiciales. Los cortes sociales propios de profundizaron una tendencia hacia la exclusión, ya presente en la propia operatoria del Poder Judicial.
 La Reforma Judicial - Contexto Histórico (78)
El contexto jurídico en el que se da la reapertura democrática de 1983 está, en Argentina, íntimamente ligado a la inestabilidad política que se abre a partir del golpe de 1930. Dos son las características centrales del funcionamiento del Poder Judicial argentino de 1930 a 1983.
En primer lugar, la legitimación y convivencia con una legalidad de facto. El 10 de Septiembre de 1930, a días del golpe militar que frustra la estabilidad democrática inaugurada en 1916, la Corte Suprema emite una acordada por la que reconoce la legitimidad del nuevo gobierno. De esta forma, es el propio Poder Judicial el que establece legitimidad jurídica a la apropiación ilegal del poder y a la legalidad que surge de regímenes autoritarios. Como era de esperar, esta justificación fue de uso recurrente en experiencias golpistas posteriores: 1943, 1955, 1966 y 1976. De la mano de este avance autoritario, se extendieron las atribuciones legislativas de los poderes de facto, su capacidad de violar la garantía de inamovilidad de los jueces y, en los dos últimos golpes, se incluyeron facultades constituyentes.
Tres son las consecuencias de esta legitimación de la legalidad y de la extensión de las atribuciones de los gobiernos de facto. Por una parte, los golpes militares comenzaron a acompañar su arribo al gobierno con la remoción, a partir de 1930, de jueces y personal judicial y, a partir de 1955, de los propios miembros de la Corte. Por la otra, resultó inevitable (por el dominio abarcado y la extensión temporal de su aplicación efectiva) que la legalidad de facto se superpusiese con aquella de jure generada en contextos de regímenes democráticos, creando un cuerpo legal poco previsible y con fuertes contradicciones. Finalmente, y dada la poca confiabilidad propia de los miembros de Cortes Supremas y un sistema judicial ya sea legitimadores de los gobiernos de facto ya sea nombrados por los mismos, los gobiernos surgidos de las urnas comenzaron, a su vez, a renovar tanto a los miembros de la Corte como a algunos de los jueces una vez en el poder (79).
En segundo lugar, la inestabilidad e incoherencia de las estructuras judicial y jurídica antes descriptas,se articularon con la subordinación de la Corte al Ejecutivo de turno. En Argentina no han sido pocos los constitucionalistas que han desarrollado doctrina argumentando las bondades y necesidad de esta subordinación para asegurar el “debido” funcionamiento del sistema institucional.
 La nueva democracia
La inauguración democrática de 1983 se dio con una fuerte expectativa con respecto al papel del Poder Judicial. El reclamo por la vigencia de los derechos humanos y la sanción a los responsables de sus violaciones durante la previa dictadura militar, signó la transición y el gobierno de Raúl Alfonsín.
REFORMAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA: LO HECHO HASTA EL PRESENTE
Aunque la primera etapa democrática estuvo signada por la prioridad de rever la situación de los Jueces nombrados durante el régimen militar, también se colocó el foco en la actualización de Códigos: se aprobaron nuevos Códigos de Procedimiento Penal (11 de Enero de 1984); de Justicia Militar (Enero 1984); Penal de Excarcelación (9 de Febrero de 1984); Penal (15 de Marzo de 1984); Régimen Penal y Contravencional (30 de Mayo de 1985); Aduanero (14 de Agosto de 1986).
Durante el primer gobierno de Carlos Menem (1989-1995) se concretaron una serie de modificaciones,cuya evaluación y diseño había comenzado durante la anterior administración. De esta forma, también fueron modificados el Código Civil, el Electoral y, nuevamente el Penal de Procedimientos (1991), estableciendo este último la oralidad en los juicios penales, aunque sin la incorporación de jurados ni la clara separación entre las funciones de los Fiscales y las del Juez. Además, se crearon los tribunales vecinales (para causas menores); se incorporó la figura del arrepentido (aunque restringida a casos de terrorismo y narcotráfico, dejando de lado, llamativamente, la posibilidad de ofrecer información a cambio de reducción de penas en casos de corrupción); se reformó el sistema de condena condicional (1992); se aprobó la autarquía presupuestaria del Poder Judicial (28 de Septiembre de 1990); se estableció el carácter público en el procedimiento de designación de los Jueces (27 de Agosto de 1992); y se comenzó un lento proceso de informatización de los juzgados.
Finalmente, uno de los grandes cambios institucionales relacionados al Poder Judicial, se dio con la reforma constitucional de 1994. Más allá de la dinámica política que dio origen a esta reforma, es la primera vez en la historia argentina que un texto Constitucional es aprobado en base a un acuerdo entre el oficialismo y el principal partido de oposición, y por unanimidad de los presentes en la Convención Constituyente. El nuevo orden constitucional no sólo modifica los períodos presidenciales y la posibilidad de re-elección, sino que abarca muy diversos aspectos del orden político-institucional del país.
En lo referido al poder judicial y a los derechos de los ciudadanos, la nueva Constitución muestra importantes cambios. Le otorga al Poder Judicial autonomía funcional y autarquía financiera. Crea el Consejo de la Magistratura, órgano que queda a cargo del nombramiento de los Jueces de los tribunales menores a la Corte Suprema, así como también a cargo de la administración de los recursos del Poder Judicial. Quedó modificado el proceso de selección de Jueces, estableciéndose concursos públicos a partir de los cuales el Consejo de la Magistratura eleva ternas al Ejecutivo, poder que remite uno de los nombres como propuesta al Senado de la Nación, el que, a su vez, en audiencia pública y por decisión de dos tercios de los Senadores presentes, otorga o niega el acuerdo a la designación. Por último, la nueva Constitución crea los jurados de enjuiciamiento para la remoción de Jueces inferiores.
“En cuanto a los nuevos derechos (…) el otorgamiento de un estatus constitucional,superior a las leyes, a una serie de tratados internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño. Por otra parte, el capítulo sobre nuevos derechos consagra el derecho a la resistencia a la opresión contra autoridades de facto, la iniciativa popular para el tratamiento de leyes, la consulta popular para decidir la aprobación de leyes, el derecho a la preservación del medio ambiente, el derecho del consumidor y el usuario, el derecho a
interponer acciones de amparo frente a acciones que lesionen derechos y garantías constitucionales, el derecho al habeas data y el habeas corpus”.
A pesar de este proceso de cambios y reformas, las líneas de continuidad en términos de su mala imagen por ineficiencia, corrupción, burocratismo y exclusión, todavía son los ejes de los diagnósticos sobre las características presentes del Poder Judicial argentino. De hecho, la falta de legitimidad del Poder Judicial y, particularmente, de su máximo órgano, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, alcanza en el año 2002 un pico histórico. Veamos el proceso que resultó en tal intensidad de crisis.
LA CUESTION DE LA AUTONOMIA JUDICIAL DESDE 1983
Fue a poco de culminar el juicio a los ex Comandantes (1985), y en el contexto de crecientes tensiones militares por las sanciones a las violaciones de derechos humanos, que el Ejecutivo comenzó a desarrollar una serie de estrategias para limitar la autonomía del accionar judicial. Esta autonomía complicaba la estrategia gubernamental de limitar la sanción y amenaza a los militares, consideradas precondiciones para la subordinación militar a la autoridad constitucional. La limitación se hizo por diversos carriles, que abarcaron desde fallidas instrucciones a los fiscales militares y leyes como las de Punto Final Obediencia Debida, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y los indultos presidenciales de 1989 y 1990, durante la presidencia de Carlos Menem. Cumplidos estos pasos, el Poder Judicial mostró algo de originalidad en este proceso: la discusión que se planteó a principios de su mandato con relación a la necesidad de reemplazar a Jueces de la Corte Suprema para evitar, de nuevo, el riesgo de enfrentar una justicia “menemista”, fue resuelta ratificando la estabilidad de la totalidad de los miembros de la Corte. Esta originalidad se desplegó con signos de continuidad: hasta la caída de De la Rúa en Diciembre de 2001 por la crisis socio-económica en la que resultó la recesión, no hubo mayores conflictos entre la Corte y el Ejecutivo, mostrando los miembros de la Corte una clara disposición a responder a las necesidades del Ejecutivo (por ejemplo, y en el contexto del fuerte ajuste económico iniciado en Mayo de 2000, la Corte comenzó a fallar a favor del gobierno en casos de reducciones salariales en la administración pública que pueden estar afectando derechos adquiridos). Se mantuvo como foco de interés de los medios, en particular bajo la forma de editoriales en diarios nacionales (destacándose los de mayor tirada, La Nación y Clarín, que mantienen una columna semanal dedicada a la Justicia).
 La economía Argentina ingresó en el 2001 en su tercer año de recesión continuada y, como consecuencia, en una fase de alta incertidumbre con respecto a su capacidad de afrontar las obligaciones de la deuda externa. Frente al sacrificio socio-económico y político que este proceso conllevó, el Poder Judicial hizo presente su autonomía ratificando la auto-impuesta eximición del pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces y decidiendo que los recortes salariales no serían aplicables a los empleados de la Justicia.
De esta forma, el privilegio impositivo de los jueces encontró una causa común con los empleados judiciales para resguardarse de compartir los costos del ajuste. Con una clara lógica corporativa y desafiante falta de solidaridad frente al esfuerzo común, la imagen de la Justicia volvió a sufrir un nuevo golpe: desplegó, en general, poca autonomía en los asuntos ligados a los intereses del Ejecutivo y alta autonomía cuando lo que estuvo en juego fue su interés sectorial frente a los del conjunto social. Este comportamiento comenzó a amenazar y debilitar la legitimidad, y por tanto la demanda,de necesidad de mayor autonomía por parte de este Poder.
La crisis político-institucional que se inició en Diciembre de 2001 terminó, también por primera vez en la historia argentina, colocando como uno de los puntos importantes de las demandas y movilizaciones populares a la remoción de los miembros de la Corte Suprema. Frente a la ineficacia de las políticas económicas, el retiro sistemático de depósitos y la profundización de la recesión, el gobierno de Fernando De la Rúa intentó evitar la debacle socio-económica, el default y el mantenimiento de la Convertibilidad uno a uno entre Peso y Dólar estableciendo lo que popularmente se denominó el “corralito”.
 La Corte Suprema recibió durante Enero, y a pesar de la presión popular y críticas de actores políticos, reaseguro por parte del Ministro de Justicia que su autonomía e integridad sería respetada.
De esta forma, la crisis política argentina ubicó por primera vez a la Corte Suprema como uno de los focos de movilizaciones y demandas populares y derivó en una crisis de poderes gubernamentales que colocó al Ejecutivo y al Legislativo, de un lado, y al Judicial, del otro.
Sin embargo, y más allá de la aparente victoria política de la Corte frente al embate conjunto de movilizaciones populares, el Ejecutivo y el Legislativo, la Justicia, en este contexto, goza,comprensiblemente, de una imagen de corrupción, oportunismo y politización que resultan no ya en una baja legitimidad o credibilidad, sino en la indignación ciudadana. En palabras del ex Ministro de Justicia Jorge Vanossi, “La erosión de la seguridad jurídica en la Argentina es un proceso que lleva décadas, durante las cuales se destruyó todo el edificio institucional, ladrillo por ladrillo.”
La Reforma Judicial Argentina- EN LA ACTUALIDAD
Importantes pasos han sido dados en este sentido durante los últimos dos años, como consecuencia de la acción coordinada de instituciones, magistrados, funcionarios, y organizaciones no gubernamentales: la conciencia plena y compartida respecto de la necesidad de un proceso de modernización integral de la Justicia, ha permitido pasar del pensamiento a la acción, mediante la ejecución de trascendentes proyectos de reforma.
Entre estas iniciativas -ejecutadas prácticamente sin fuentes de financiamiento- resultan de especial relevancia:
1) la publicación de los Manuales de Educación Legal Popular en el Diario “La Nación” (80);
2) la puesta en funcionamiento del Centro de Orientación Jurídica Gratuita Móvil (CEMOJ), para facilitar el acceso a instancias judiciales o extrajudiciales de resolución de conflictos, promoviendo el ejercicio de los derechos individuales, grupales, y colectivos;
3) la organización del Registro de Centros de Asistencia Jurídica Gratuita, para facilitar el acceso a la información respectiva mediante la consulta de una base de datos diseñada al efecto;
4) la implementación del Sistema Pro-Bono para la tramitación de causas de interés público, a través de la actividad coordinada de la Universidad de Palermo, la Fundación Poder Ciudadano, y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires;
5) la puesta en marcha de dos Oficinas Multipuertas en la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal;6) la creación del Portal de la Justicia Argentina (http://www.justiciaargentina.gov.ar), que contiene vínculos a los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos e información estadística de toda la Justicia Argentina;
7) la implementación de los Convenios Interjurisdiccionales sobre Comunicación Electrónica y Sistema de Información para la Justicia Argentina, suscriptos por los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, para la realización de comunicaciones por medios electrónicos y la organización y difusión de la información estadística de toda la Justicia;
8) el Proyecto de Reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación mediante el cual se propone introducir la notificación por medios electrónicos
9) la creación de la Escuela Judicial Virtual, ámbito para la capacitación a distancia a través de modalidades como la videoconferencia, cuya inauguración tuvo lugar mediante dos sesiones que contaron con la participación de más de cuatrocientos cincuenta magistrados, funcionarios y empleados de toda la Justicia Argentina; y
10) el Programa “Justicia en Cambio”, que ha hecho posible la capacitación presencial y mediante videoconferencia –en el marco de las actividades de la Escuela Judicial Virtual- de más de mil jueces,funcionarios y empleados de la Justicia Argentina.
La Mesa Permanente se ha constituido en un foro de pensamiento y acción de más de cien personas, -especialmente representantes de todas las Jurisdicciones y Órganos de la Justicia Argentina- y más de cincuenta instituciones del Sector. Participan de sus encuentros, un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Jueces de Superiores Tribunales y Cortes de Justicia de las Provincias Argentinas, Consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación, representantes de la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, Jueces, Fiscales y Defensores de diversos fueros y jurisdicciones, destacados expertos independientes, y representantes de numerosas instituciones, entre ellas: la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas (JUFEJUS), la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMJFN), la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), la Federación de Organizaciones de la Justicia Argentina ( FOJA), la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, y las principales ONGs del Sector (ARGENJUS, FORES, Conciencia, INECIP, FUNDEJUS, Justicia Democrática, Asociación de Mujeres Juezas, entre otras).
Las actividades de modernización se desarrollan actualmente en tres diferentes ámbitos:
1) la Mesa Permanente, mediante cuya labor se perfilan los grandes lineamientos de reforma;
2) la labor de las cinco comisiones creadas en el seno de la Mesa, para la elaboración de proyectos en las siguientes áreas: Acceso a la Justicia, Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Capacitación
Judicial, Reducción de Congestión y Demoras en los Tribunales, y Perfil del Juez
3) los Talleres para la Construcción de Escenarios Futuros.
En el cuadro siguiente se indica, con respecto a cada comisión de trabajo de la Mesa, quiénes son sus integrantes, y las instituciones, órganos y/o jurisdicciones representadas.
Principales Consensos
Una vez concretadas las fases iniciales del Diálogo Argentino, fue elaborado y difundido el Documento “Bases para las Reformas: Principales Consensos”, en el cual se incluyó el texto que sigue, para describir algunos de los posibles y futuros cursos de acción:
“...La Reforma de la Justicia. La confianza pública en la Justicia es un elemento fundamental para construir una sociedad más equitativa, respetuosa de la ley, de los derechos de todos y apta para el desarrollo económico y social.
Para lograrlo, tal como lo ha reafirmado la Mesa Permanente para la Reforma Judicial convocada en el marco del Diálogo Argentino -institucionalizada por Resolución Ministerial y la amplia participación de los actores del sistema -,es imprescindible facilitar a todos, y particularmente a los más pobres, el acceso a la justicia, desterrar la impunidad y las situaciones de privilegio; lograr su completa independencia de los otros poderes; asegurar la aplicación de la ley
de modo igualitario, y mejorar su eficiencia...”
Un Objetivo Institucional
La Mesa Permanente ha fijado como uno de sus objetivos centrales, la formulación consensuada de un Programa Integral de Reforma del Sistema de Justicia, para su presentación al Gobierno que resulte electo, y su ejecución mediante el compromiso activo y protagónico de todos los Sectores.
Perspectivas
La Reforma Integral de la Justicia Argentina está cobrando vida a través de una metodología original y participativa,basada en el compromiso activo de los actores participantes, y la planificación, el diseño y la ejecución de emprendimientos de espíritu y cuerpo federal, en un marco de irrestricto respeto a la independencia de los Poderes Públicos.
La labor de la Mesa Permanente representa, pues, una visión superadora de las opiniones tradicionalmente encontradas acerca de quién debe ejecutar la Reforma Judicial: hoy, los protagonistas de este proceso son la propia Justicia, las Organizaciones No Gubernamentales, y los Actores Sociales, con el apoyo del Ministerio de Justicia.
Los resultados logrados hasta hoy no son muchos ni espectaculares, pero sí reales y concretos. Y han sido alcanzados en el marco de una crisis compleja y profunda, la cual solamente podremos superar mediante el efectivo funcionamiento de instituciones democráticas, sólidas y confiables.
        PLAN NACIONAL DE REFORMA JUDICIAL-Ministerio de Justicia de la Nación.(algunos puntos relevantes son los siguientes)
...DIAGNÓSTICO:
La justicia argentina, tanto a nivel provincial como nacional presenta, en términos generales una aguda crisis. Esta puede verificarse en el ámbito de la justicia civil por la gran congestión de expedientes, que provocan una importante dilación en la tramitación de los procesos. En el caso de la justicia penal, la crisis se evidencia en la no-investigación de los hechos delictivos, especialmente en aquellos casos donde los autores no han podido ser identificados.
Este primer diagnóstico se fundamenta en la evidencia empírica recogida tanto en el ámbito nacional  como provincia, aunque en este último caso la información estadística con que se cuenta, salvo algunas excepciones, es bastante limitada... .
...OBJETIVOS:
Conforme el modelo de nueva justicia propugnado, la inmediatez pasa a convertirse en uno de los objetivos más caros al sistema, esto implica, tal como fuera descripto en el capítulo introductorio precedente "La justicia-Reflexiones iniciales-", volver a la figura del juez, que da respuesta al conflicto en tiempo y forma.
La eficiencia se ha convertido hoy, sin duda, en legitimante de la actuación de los poderes públicos. La gente no puede tolerar el derroche de recursos por parte del Estado, las carencias y las urgencias son muchas como para malgastar recursos en un sector o en otro. Si bien nadie discute el papel trascendental que ocupa y debe ocupar la justicia y el destino de los recursos que le son asignados, no se puede permitir tampoco, con el pretexto de esta importancia, que se malgasten los fondos.
Pero no basta con una justicia rodeada de inmediatez y eficiencia, sino que como ya hemos afirmado, lo trascendental de la actuación de la justicia reside en dar una respuesta adecuada y justa y para ello, la calidad es un principio básico. Tanto la del producto final como la de su proceso de producción. La sociedad valora cada ve más la posibilidad de ser escuchada y de poder dar opinión sobre un servicio que recibe, por lo que sin entrar en la eterna discusión sobre el carácter o no de "servicio" de la justicia, lo cierto es que el ciudadano es quien recurre a ella y espera una respuesta satisfactoria.
En consecuencia, ya no se puede hacer mas oídos sordos a los pedidos de la gente por una mejor justicia. Así aparece el último y tal vez más importante objetivo, el acceso a la justicia.
Se debe despejar las barreras que hoy impiden el acceso de la gente de menores recursos al sistema judicial. Los conflictos cada vez más frecuentes en esta sociedad compleja, deben tener solución y ella en última instancia solo puede ser dada por la justicia, de otra forma se pondría en jaque el sistema democrático en su conjunto. La gente espera una respuesta de la justicia y para ello debe poder acceder y tener confianza en ella.
LA POLÍTICA JUDICIAL:
Es la pieza clave para no volver a repetir agudas situaciones de crisis como la que hoy se vive.
Poder anticiparse a los acontecimientos y llevar adelante reformas graduales, es la única alternativa para la justicia del futuro. De igual modo, que como ya se dijera, el control de gestión, implica mejorar el mismo proceso de producción y de ese modo poder dar respuesta a la gente con un sistema que se perfeccione a sí mismo y pueda reconvertir sus procesos internos de funcionamiento. Para cumplir tales objetivos se propone la:
+ Creación de un Centro de Política Judicial y Control de Gestión que deberá tener a su cargo al menos, las oficinas de Estadística, Auditoria, Sugerencias y Quejas, y el Centro de Investigaciones de Política Judicial. Deberá depender de la cabeza del Poder Judicial, es decir del Superior Tribunal o bien del consejo de la Magistratura en aquellas jurisdicciones que este órgano tenga a su cargo la dirección administrativa de la justicia.
-Los otros puntos de reflexión en el plan de reforma judicial son:

*REFORMA AL ÁREA FUNCIONAL O JURISDICCIONAL;

*GESTIÓN DE LOS RR.HH.

*RESPECTO DE LA PRESUPUESTACIÓN,LA ESTADÍSTICA Y LOS CONTROLES DE AUDITORÍA Y GESTIÓN;

*RECONVERSIÓN EDILICIA;

*APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI);

*REFORMAS AL SISTEMA JURÍDICO;

*IMPLEMENTACIÓN.

Estas reformas también se están llevando acabo en la justicia provincial, pero de una manera más gradual y dependiente de cada provincia.

ALGUNAS VOCES DE LOS PARTICIPANTES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA:


*Los fueros civiles y del trabajo se puede consultar el siguiente enlace y descarga el documento que contiene su problemática y posibles soluciones: www.cejamericas.org, el documento está en formato pdf n°33 “sistemas judiciales”, se encuentran entrevistas a funcionarios de dichos fueros de la república Argentina, Brasil, etc. Algunos temas: oralidad y formalización de la justicia, notas generales, documentos, etc.
*Esté apartado es el producto de encuestas realizadas en dependencia de la penitenciarias de las provincia de Santa Fe y Buenos Aires y de  entrevistas a funcionarios del sistema judicial de las provincias de Santa Fe y Chaco. En la actualidad estos sectores están sufriendo un gran cambio, y además son donde se ve afectado con mayor notoriedad la violación a los derechos humanos y  uno de los valores mas esencial del ser humano como es la "libertad".
(+)Las encuestas: -en Santa Fe, se llevo a cabo a los presos de buena conductas,  de los pabellones religiosos y de tareas comunitarias -cárcel de las Flores- llegamos a encuestar cerca de 100 voluntariamente y otros 50 que no quisieron responder por escrito pero nos informaron verbalmente de sus pareceres.
                           -en Buenos Aires,(por razones de discreción que me han solicitado los penitenciario, no menciono en que zona se encuentra la misma)  se llevo acabo en la totalidad de la dependencia la cual contaba en ese momento residiendo  un total de 51 presos.

SANTA FE Y BUENOS AIRES: GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS BÁSICOS Y LOS DERECHOS HUMANOS (población carcelaria)
*Cárcel de "La Flores" -Santa Fe-Argentina y cárcel de Buenos Aires-Argentina.

-En la realización de las encuestas, los privados de la libertad, participaron voluntariamente,al responder nos encontramos con un numeroso grupo que no distinguía los derechos humanos de los grupos de derechos comunes, y un gran porcentaje manifestó su deseo de conocerlos.
Los que ya los conocían accedieron a dicha información en su gran mayoría por el sistema educativo y otros por comentarios del personal penitenciario u otros presos (no sabemos si cuentan con la precisión necesaria en los contenidos de dicha información ni el grado de veracidad de su contenido).
La gran mayoría contaba con instrucción primaria, no así secundaria y un grupo pequeño universitaria -la cual estaban cursando-.
Si en las distintas entrevistas, preguntaban que si eran anónimas y solo así accedían a contestarlas, cuando pregunte porque? respondieron por miedo a las represalias. Hecho que se repitió en la dependencia penitenciaria de Buenos Aires.
Esto está evidenciando lo mucho que falta avanzar en tema de las libertades individuales (pensamiento y expresión) y como aún transitando el año 2011 la mentalidad y accionar de gran parte de las fuerzas  penitenciarias  es militarizada y de coherción.
Pero haré una salvedad al respecto y en relación a una parte del personal penitenciario que al saber que se trataba de un trabajo por los derechos humanos se ofrecieron anónimamente a participar, además de su interés por saber cuales eran sus derechos y comentarme las numerosas irregularidades que sufren sin ser resueltas ..."como si no tuviéramos derechos humanos nosotros...", muchos de ellos me mostraron los elemento de trabajo, los cuales no se encontraban en  condiciones para trabajar, como por ejemplo: chalecos antibalas en malas condiciones, uniforme remendados, etc, argumentando que se debe a que no se los proporcionan y si tienen que comprarlos les cuesta mucho.
Los derechos humanos son para todas las personas sin condiciones ni privilegio alguno, esto lleva a preguntarnos ¿no son vidas humanas los de los penitenciarios? ¿no tienen familias a las cuales sustentar?...es responsabilidad de la parte política bregar por cada uno de los habitantes de la República, incluso del personal penitenciario y policial porque forman parte de está Nación.

SANTA FE: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  (población carcelaria)




BUENOS AIRES: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (población carcelaria)




SANTA FE : ALGUNAS CAUSAS DE LA MALA ADMINISTRACIÓN JUSTICIA 
(población carcelaria)




SANTA FE : CAUSAS DE BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 (población carcelaria)



BUENOS AIRES: CAUSAS DE MALA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
(población carcelaria)
BUENOS AIRES : CAUSAS DE BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
(población carcelaria)

Click en la imagen para ampliar


-En esté punto de la encuesta la gran mayoría crítico a la administración de justicia por su falta de investigación de los hechos, por la corrupción y la violación de los derechos. Al preguntarles que recomendarían o propondrían para mejorar el sistema, lo sorprendente que un gran porcentaje solicito ..."la misma justicia más eficiente, menos corrupta"..., una parte también se mostró desafiante ante el sistema ..."ellos se creen inteligentes y no tenían prueba para condenarme y lo hicieron igual, para que sirve la ley...".
El porcentaje que estuvo de acuerdo con el sistema judicial argumento que tuvieron personas que cumplieron con su rol y lo resolvieron en poco tiempo -aclaro, que estos, fueron condenado, algunos a penas de hasta 25 años-.
* Otro sector que tuve la posibilidad de dialogar, fueron las víctimas, a ellas accedí por medio de  mi labor en tribunales, en las diferentes dependencias que me brindaron la posibilidad de aprender y colaborar (esto fue en un período de tiempo de tres años, atendiendo aproximadamente por día unas 15 o 20 personas, de acuerdo a la complejidad del caso). Esto me brindo la posibilidad de hablar, escuchar e interactuar no solo con ellas, sino con los diferentes operadores de la justicia.
En su gran mayoría expresaban su frustración en relación a un sistema de justicia que es lenta, burocrática y no les informa nada o casi nada en relación a la causa en que se ven involucradas. Muchas de ellas expresaban que no se les explicaba sus derechos y gran parte deseaba colaborar para resolver la situación; aunque gran parte se mostró sumamente vengativa en la forma en que deseaba que se proceda y en muy poca medida deseaba reparación, argumentando que sabía que las personas que llevaron acabo esos hechos no contaban con recursos.
Un sector  pequeño, no deseaba denunciar por conocer a los agresores, ya sea de su propio barrio o por que conocían a su familia y temían las represalias.
 Algo curioso fue que en los últimos años las personas víctimas de delitos y los agresores eran de clase media -alta y la mayoría temía que los recursos económicos que contaba el otro le impidiera acceder a un proceso justo y equitativo (por cuestiones políticas, económicas, reputación).Indicador de desconfianza en el sistema de justicia.
La gran mayoría contaba con conocimientos básicos de sus derechos, pero no así de los medios con que contaban dentro del proceso judicial, muchas de ellas desconfían de sus abogados o del defensor,  por el tema monetario.
Las víctimas llegan muy consternadas y muchas veces sin saber que hacer con lo que les paso,muchas veces los administrativos deben soportar difamaciones, entredichos y un sin numero de insinuaciones  como por ejemplo: ..."no hacen nada y ellos salen libres..."; y otro tanto de los operadores de la justicia.
Un tema realmente interesante al realizar esté trabajo fue ver, escuchar e interactuar con los administrativos de la justicia y sus funcionarios- de las distintas provincias- y las  diferentes situaciones cotidiana de trabajo, donde se elabora la buena o mala  administración de justicia . Entre las problemáticas que se observan,  es la interrelación entre los propios administrativos y de estos con los funcionarios, algunos inconvenientes que se ven y que dificultan la buena administración de justicia son (se da en los distintos fueros judiciales -civil, penal, laboral, etc- en mayor o menor grado):
ñ  prejuicios de diferentes clases (económicos, de genero, políticos,afinidad, etc);
ñ  tramitación de numerosas causas con poco personal asignado al juzgado;
ñ  instalaciones con poco recurso material (computadoras, escritorios, etc)  y  edilicios;
ñ  falta de  escucha activa y dialogo, lo cual se traslada  a la atención de las personas y a realizar trabajos innecesarios   o repetitivos;
ñ  ambiciones personales y competencia mal entendida y aplicada, por las cuales se realizan conductas de sabotaje de trabajo a compañeros o superiores o entre ellos, perjudicando solamente a los involucrados en las causas y a la sociedad;
ñ  poca aplicación de sanciones disciplinarias a los empleados y funcionarios por sus desempeños (perjudicando la labor de excelentes administradores de justicia y alargando la tramitación de las causas), cuando pregunte el porqué de la no aplicación de los recursos de sanciones administrativas por desempeño? Entre las muchas excusas fue -se vuelven peor, - después dicen que soy mala persona (transformando al funcionario o superior como verdugo, además del recurso de la difamación hacia ellas), etc;
ñ  la no realización de la tarea laboral por inconvenientes personales con algunas de las partes, etc;
ñ  otras....
Todo ello son factores que también influyen en la buena administración y afectan directa, cotidianamente a la violación de los derechos humanos en su aplicación y a la administración de justicia. ¿Porque? Porque las tareas no se llevan acabo con diligencia, se realizan demoras excesivas, trabajos mal hechos, solicitudes innecesarias, etc.  (en cada uno de esos actos van encerrados derechos, los cuales se violan, por ejemplo:  ser escuchados, no estar preso mas de cierto tiempo sin ser procesado, etc).
Se han propuesta y se implementan cursos de capacitación, los cuales desde ya que son buenos, pero si los mismos no se trata de implementar progresivamente en lo cotidiano de la labor judicial, podremos llenar los juzgados de equipamientos, códigos, leyes y seguirán  las violaciones a los derechos y la mala  administración, porque se quiera asumir o no, los mismos son  llevados adelante, los aplican y resuelven seres humanos que si no logran resolver tema de organización de trabajo y conductas (éticas y disciplinarias), fallaran.
Otro  punto interesante, a lo largo del trabajo he leído numerosos artículos, libros, etc que  hablan de la corrupción y de la mala administración de la justicia, remarcando cada uno de ellos punto interesantes pero  enfocando solamente el problema en la capacitación, en lo económico y material, que es certero, pero  dejan de lado el aspecto humano de las relaciones, que se acepte o no , -por que somos seres sociales-, intervienen y afectan  el desarrollo de la implementación de cualquier mecanismos  organizativo, no es ajeno, la  justicia .
Al realizar las entrevistas con los diferentes funcionarios (juez, defensor, fiscal, etc) coincidieron sin saber, que uno de los problemas más grave que veían, además de enumerarme otros, es el del dialogo y escucha, ya sea entre estos ,su entorno y el del público, y esto, según ellos, era por el  lenguaje jurídico  o por otros temas ya señalados como su contexto social, la mala información y “los chismes de pasillos” que dificultan notablemente la diligencia y eficacia de la labor judicial.
He de destacar la sinceridad, disponibilidad y el alto grado de compromiso con la justicia por parte de los funcionarios entrevistados, me consta por el trabajo con ellos en algunos casos y otros por su repercusión a nivel laboral.
*La voz de los funcionarios: (++)
-DEFENSORA GENERAL PENAL: entre los puntos tratados destacare lo que es relevante para esté trabajo:
La defensora que accedio a la entrevista posee 25 años de trayectoria en  poder judicial, cumpliendo sus funciones en diferentes dependencias como el Juzgado de menores, Juzgado de  instrucción y actualmente cumple la función de defensora penal- aunque no lo menciono ella en la entrevista, obtuvo por concurso el cargo de Jueza al cual accedera dentro de poco tiempo.
A las preguntas en relación a los derechos humanos y  los privados de la libertad realizo las siguientes observaciones:
 -"... Hay una evolución en el respecto de esos derechos y garantías de los derechos humanos. Creo que en la primera etapa, en el poder judicial, los jueces de instrucción, eran poderosos, con poderes casi absolutos, las restriciones en la libertad y los derechos  de los presos eran acotados con muy pocos derechos, con derechos apocados, con una intervención del defensor  prácticamente  nula, el fiscal y el juez formaban un bloque, el imputado y un poco mas atrás todavia la defensa. Después del año 1994 y después de mucha lucha la provincia comenzó ayornarse con respecto de algunas garantías, como por ejemplo: la presencia del abogado defensor en la entrevista previa,hasta no hace mas de cinco o seis años parecía impensado que el preso pudiera hablar con el defensor, primero tenía que prestar declaración indagatoria y después   que prestaba declaración indagatoria podia recibir algún asesoramiento, las   actuaciones eran totalmente secretas privadas  los primeros diez días es decir que el defensor podía tener la información que le daba el imputado y nada más, con lo cual se agravaba mucho el ejercicio de la defensa por que generalmente la gran mayoría de las personas que  recurren a la defensa general son personas carentes recursos  con una situación total de exclusión social, con  lo cual no saben leer ni escribir, carencen de  información mínima y tienen dificultades de comprensión de lenguaje técnico, como es un indagatoria  lo cual que incrementaba aún  más su situación de indefensión. Después de mucho perserverar, con muchas declaraciones de incostitucionalidad de muchas declaración de nulidad se comenzó a fracturar la mente de los jueces y comenzaron los defensores a tener derechos que estaban reconocido en la constitucion nacional  y tratados internacionales pero no por los operadores del sistema.A partir de eso, se le abre  a los imputados la posibilidad de  ejercer eficazmente su derecho de defensa,  hoy comporado a lo que estabamos hace diez años atrás, estamos cien por cien mejor; de hoy a lo que realmente imponen  los tratados  y lo que impone la constitución estamos recién comenzando  caminar"... .
En el dialogo con la funcionaria le pregunte por los factores externos como la politica, la prensa, la familia de los imputados si intervenian o coaccionaban la actuación de los diferentes funcionarios, la misma respondio: ..." No, creo que hay que  estar en carne propia  para vivir  cada situación, las personas privadas de la libertad tienen sus visión, la familia   su visión la víctima su verdad y el derecho penal  no es la panacea, el derecho penal no hace justicia, el derecho penal y los operadores que aplicamos ese derecho en el proceso,  lo que tratamos es restaurar el orden  jurídico, con decisiones que puede coincidir con lo que la gente quiere, el juez tiene que resolver conforme a derecho,  y a veces el derecho no es lo justo, los medios de comunicación son un elemento de  presión muy importante, por que? porque  no solo transmiten información sino que son formadores de opinión y lamentablemente la mayoría de los periodistas no tienen capacitación jurídica y por consiguiente la información que dan a conocer  es catégorica, eso dice: que si fué detenido una persona por supuesta participación ilicita en un hecho, para la comunidad esé  ya es culpable ,esé si llegase a salir en libertad, los jueces dejan entrar por una puerta  y salir por otra puerta, sin llegar a valorar si existió una investigación, si fué correcta, si  investigación fué conforme a una institución , sin entrar a  valorar si había elementos o no,  importa lo que diga la prensa, algo muy común es que por medios televisivos se diga que hoy se lo indago y que hoy se lo proceso como autor del delito de abuso sexual  y si uno va al expediente capaz que  ni siquiera se tomó la declaración indagatoria, y esto que genera ? que la sociedad esté disconforme con lo   que pasa en el interior del poder judicial porque la información que adquiere es por carriles no formales, como es el periodismo , periodismo que no tiene contacto con la magistratura y que la información la adquiere por  chismes del pasillo o por estar esperando ahí  a la víctima o testigo  en el pasillo, y se llenan de un monton de información informalizada que no condice con la realidad y que  solamente  genera que cuando llega al receptor que es la comunidad , lo que llego no es lo que paso en el tribunal . Y está misma situación  le pasa al preso, por que? porque el preso  está en una unidad penitenciaria y tiene escaso contacto con su defensor  y su familia que se encuentra en el mismo nivel de instrucción que él, tampoco tiene posibilidades de acceso al defensor  por consiguiente se enterá por la prensa  que tal vez no es lo que está dentro del expediente  y que es lo que genera una desinformación y  un posicionamiento de que los jueces, los fiscales y los defensores son apremiados por determinado sector, esto es de experiencia cotidiana..." .
A está altura de la entrevista y a razón de lo manifesta por la funcionaria, pregunte por la relación medios de comunicación y poder judicial; y la respuesta fué más que interesante.
..."Es un tema espinoso, por que? primero que la magistratura no está acostumbrada a tener contacto con los medios de comunicación, lamentablemente hasta no hace muchos años se decía  los jueces y juezas hablaban solamente  a través de  sus sentencias, postura que hoy es totalmente superable , ya que el juez no deja de ser un ser sociable y un ser político, el ser juez le dan un estatus distinto, pero sigue estando dentro de la sociedad, la sociedad tiene derecho a exigir información y a que le  den  información sobre aquellos casos que afectan la cotidianidad, la víctima tiene derecho  a saber y recibir respuesta sobre aquellos acción que le causaron un perjuicio y el imputado tiene derecho a preservar su intimidad más allá de lo que signifique la intromisión del derecho penal en su vida, como conjugar todo estos valores?, es una buena pregunta, pero creo que la magistratura debe tener carriles formales de comunicación, formales, con la prensa creo que las oficinas de prensa que deben tener los  poder judicial deben  ser amplias, fáciles, dinámicas, tanto con los jueces como con los periodistas  para que la información que genere sea cierta.
También es cierto que los jueces no pueden asumir una postura ingenua, porque sabemos que lo que vende es lo  que quiere el medio de comunicación porque obviamente es un medio redituable, vende la sangre, vende las penas excesivas, vende  los delitos morbosos, un juez que obliga a  respetar las garantías constitucionales, es visto como un juez débil, un juez que da rueda de prensa para informar constantemente  lo que está haciendo se lo ve como un juez estrella y el juez que sale en defensa de la comunidad, creo que esos extremos no existen y creo que hay que buscar el equilibrio, la magistratura debe acostumbrarse  resolver no a puertas cerradas sino a puertas abiertas, es el camino que comenzamos a recorrer aquí en la provincia.
...Creo que hay algunos periodistas, que son mas avezados que otros,  en el trato con los magistrados, hay magistrados que son de otra época  que les cuesta más dirigirse con la prensa y hay magistrados mas jóvenes que se están acostumbrando  y abriendose a ese contacto con la prensa porque se dan cuenta que la sociedad tiene derecho a saber  que es lo que se resuelve, el típico ejemplo, es ir acostumbrandonos a  los juicios orales  que hasta hace muy poquico nuestra provincia no existía  y a que los periodistas pueden estar en esos juicios orales, aún cuando no puedan filmar o grabar por una cuestión de seguridad, pero creo que  todo esto nos va acostumbrando a un dialogo constante y permanente entre ambos medios, ambos son servicios....
Las preguntas relacionadas a la administración de justicia y sus problemática la Sra. Defensora dijó:
 "...Dos temas distintos muy amplios, comencemos por la eficacia, no todo el mundo tiene que tener conocimientos técnico ni  jurídicos para eso están los abogados, la magistratura y el sistema de la acusación son abogados. Los códigos, las leyes, preveen de elementos probatorios que son los que deben existir en el orden de la investigación, una investigación debe ser eficaz, debe ser eficiente que debo utilizar los recursos para llegar a  obtener  o optimizar los resultados. Tenemos un proceso escrito un proceso con delegación de funciones un proceso donde no existe la inmediación donde el juez deriva al secretario y esté a los empleados, lo mismo en la fiscalia y en menor medida en  la defensa, tenemos un proceso secreto que recién ahora se comenzó  abrirse, un proceso largo que incluso se extiende años y años y que no es lo que requiere una persona privada de la libertad,todo ello contribuye a la dezazón que obviamente  tienen los imputados, sus familias y también la victima  que quiere saber que paso con su causa , molestias constantes  que tienen que ir y venir  las victimas, esperar horas en los pasillos , total está citado y  tengo tres aduencia  y lo dejó hasta las doce, tal vez esa persona dejó de trabajar, dejó a su familia que lo está esperando, además de lo que sufrió,  tiene que volver a repetir y volver a sufrir  para ver si podemos llegar a demostrar la verdad . Todo esto es muy complejo, a ver no hay pruebas, la etapa probatoria es una etapa muy conflictiva, nuestro código establece  la sana  crítica, la sana crítica significa valorar los elementos conforme, no a la intima convicción, no lo que yo creo que sucedio, sino respecto a pruebas objetivas  que conforme a mis capacidades de experiencia , mi conocimiento, mi conciencia, mi psicología  me permiten decir todo esto me permite afirmar tal hecho . Todo es opinable nada es dos mas dos es cuatro como en matemática, no es una ciencia exacta son ciencia social , entonces te decia-el preso- está muerto pero a mí no me secuestraron el arma,bueno pero si tal vez el remisero dijó que el llevó a una persona que le vió un elemento  que no sabia que lo que era pero le hacia un bulto y el vecino vió una persona que tenía un buzo rojo con rayas verdes y que tenía un arma fuego y a treinta metros encontraron una persona herida con un arma de fuego y a tres cuadras encuentran a otra persona que  tenía un buzo rojo con rayas verdes, estos son indicios  que al juez le permiten decir está persona tuvo un arma de fuego.
...El juez tiene que tener prueba que le permita justificar su decisión que vos coincidas o no con ese razonamiento es otra historia, vos tendrás los recursos atraves del defensor de impugnar o la victima , si se presenta como querellante, de impugnar o no , pero el juez tiene el deber de motivar su sentencia, y esa motivación implica ponderar  cada unos de los elementos de prueba para  saber por que llego a esa decisión y no a otra sino la sentencia es arbitraria, ahora lo que vos me preguntabas de la comunicación, se supone que el imputado debe tener conocimiento de cada una de los pasos que van pasando dentro de  ese expediente, es cierto que no hace mucho la comunicación de los detenidos con sus defensores era escasa  o nula, lo veian una vez y al final en la sentencia tal vez otra vez, eran los olvidados de la prisión, se informaban por lo que los familiares podian venir a tribunal cuando podian  y si entendia lo que se les explicaba o no, entonces estaban sin saber si que pasaba  con su causa, pasaban los hechos y no sabian que lo que estaba pasando, también es cierto que eso tiene que ver con las particularidades del ejercicio de la defensa , en lo particular yo cada escrito que presento de mis  imputado los llamo y les doy una copia de manera que lo pueda leer él y su familia. Cuando los hago traer les digo si quieren venir su familia y los hago pasar a él y a su familia para que todo escuchen y todos me pregunten si entendieron o no entendieron. Yo hablo con ellos antes de las declaración indagatoria, para explicarle que es lo que va a pasar y cada vez que   el juez dicta una resolución que puede afectar sus derechos, los traigo para que vean si pueden  apelar o no apelar, que haría yo, que les aconsejo  bien o mal  o queda librada a ellos las acciones, ¿que me implica a mi ?, una perdida de tiempo importante  porque explicar a cada uno de ellos me lleva treinta minuto , cuarenta o mas, lo que yo por cada mañana puedo estar atendiendo siete u ochos presos y practicamente mi mañana está destinada a ellos y mi trabajo de despacho no lo puedo hacer, pero es mi función, yo no puedo decir que por una cuestión de tiempo no le estoy explicando, los fiscales no están obligados a estar junto con los imputados,más bien como representan el interes de la sociedad están mas cerca de la victima, pero también deberían informar a la victima cada una de las cosas  transcendente, para que la víctima no se sienta olvidada, porque después de la denuncia nunca mas la llamaron nunca mas la tuvieron encuenta en lo que paso, el hecho que cada uno de los operadores empiece  a cumplir con el rol que tiene es la única manera de garantizar  la eficiencia del sistema, sino no será eficiente;  con respecto  a la corrupción hay que diferencia la corrupción de la magistratura de la corrupción de la  administración , de los veintisincos  años que llevo acá muy pocas casos de corrupción pudieron comprobarse, muchas veces depende de chusmerio que lo que realmente a pasado y es muy comun encontrarse  que pidieron tres mil pesos para darle al juez o para darle al fiscal y en realidad se lo quedo el profesional o quedo a mitad de camino sin saber a donde. No veo la corrupción en la magistratura, si entiendo que existe y  en un alto nivel la corrupción  policial y del servicio penitenciario,  pero creo que viene por una cuestión cultural y económica , aunque parezca cruel lo que digo, pero es real entre el  servicio penitenciario  y los presos mas de una vez son del mismo barrio y de las mismas condiciones, la diferencia,  una rejas de por medio y uniforme, pero tienen las mismas pautas culturales, porque tenes un servicio penitenciario que hace pocos años comenzo a renovarse , tienen otras exigencias y otras capacitación,pero sino era muy común -aunque también subsiste en algunos- el constante pedido de favores para que entren determinada cosa, para que entren determinada persona, para no ver determinada cosas o para obviar ciertos detalles;  y lo que si es grave y preocupante y asusta es la corrupción polícial y lo que es la tramitación de los sumarios porque es constante la declaración del imputado diciendo me piden plata para que no aparezca el arma, me piden plata para que el arma no funcione, me piden plata para que el sumario desasparezca, creo que esa situación hay que revertirla y creo que la unica manera es capacitación, buenos sueldos  y control .
Frente a lo manifestado por la defensora surgió la pregunta por la relación e interacción de los funcionarios:
..."El fuero penal, a diferencia de cualquier otro fuero, tienen una particularidad, los magistrados y los funcionarios no se sienten con una jerarquía distinta, porque lamentablemente y es una realidad nosotros trabajamos con lo mas feo de la sociedad, trabajamos con la infracción con el conflicto y vemos problemas graves que te afectan hasta lo mas intimo, eso hace que exista entre los diferentes agentes una colaboración un ambiente de camaraderia que no se ve en otro fuero, eso no significa que seamos corporativistas o que nos cubramos unos a otros o seamos como gremios, todo es con respeto y colaboración y el dialogo es permanente.
Plantee a la Dra. La pregunta sobre la justicia Argentina y los demás paises y su respuesta fué:
"... nos falta mucho, nosotros no tenemos una justicia que podamos colocar como modelo, creo que a comenzar a entender que los pactos internacionales, como dijo la Corte Nacional, a través de sus fallos, no necesitamos una disposición, sino que es necesario aplicar una norma internacional, comenzar a respetar los derechos humanos, cambiar la ideologia del poder judicial,  es la manera comenzar a perfeccionarnos a ser eficaces a tener un proceso según constitución, pero ese es un camino que comenzamos gracias a las reformas pero nos falta mucho.
A su respuesta le agregue la pregunta por la indepencia de la judicatura, a lo cual respondio:
..."Eso depende de cada país, la independencia entendida como el deber de todo juez, de mantenerse al margen de cualquier factor externo que pueda influenciar su decisión , factor externo que no es solamente poder legislativo o ejecutivo, factor externo que también es sus pares y también sus superiores, esto fue cuestión de un planteo que en su momento hizo el Dr. Julio Olazabal, la constitucionalidad o no de los fallos plenarios o plenos,que son las resoluciones que toman las camaras de apelaciones para obligar a la magistratura de primera instancia, esos fallos ¿pueden obligar o no? según si tengo o no una opinión fundada de porque no coincido con ese plenario, creo que el juez debe hacerlo .
También es cierto que el último interpre de la ley es el máximo tribunal, que es la Corte Suprema, la independencia de los jueces es algo que no debe dar miedo, porque es justamente lo que hace un juez es poder limitar el ejercicio abusivo o no  del estado, a través de sus sentencias debe ir limitando, controlando lo que hace el poder legislativo, judicial y el poder ejecutivo, no se debe tener miedo de esa independencia, porque sino no se es independiente no se puede ser juez.
...yo diría que si tengo que definir a la judicatura de la ....diría que es hasta rebelde, cuando nos juntamos las diferentes jurisdicciones se arman unas discuciones porque cada uno resolvió de distintas maneras situaciones similares o interpreto de una manera distinta y eso se debe a la independencia y no formamos un cooperativismo.
Respecto algunos institutos como la suspensión del juicio a prueba y la mediación afirmó:
..."Yo soy mediadora. La suspensión del juicio a prueba y  la mediación son instituto alternativos a los fines de evitar una sentencia  condenatoria o las medidas privativas que puediera corresponder, pero no está solo visto en función del imputado, ese es un concepto equivocado, es cierto el más beneficiado podría resultar el imputado, también podría ser la descongestión del sistema jurisdiccional al encontrar multisalidas al conflicto y evitar  que quede dentro del organo jurisdiccional, pero también hay que tener encuenta que es un derecho de la víctima  y de la sociedad, porque tanto en la mediación como en la suspensión del juicio a prueba la víctima tiene voz, cosa que hasta hace poco no tenía. La víctima puede decir:” yo no presto mi conformidad o yo no quiero mediar o yo quiero saber porque me robo, porque me pegó , porque me saco la cartera si yo tenía mi sueldo y la pase re mal yo quiero verle la cara yo quiero discutir quiero saber porque”, que eso no se hace en el proceso, porque todo lo que se diga delante del juez puede ser utilizado en beneficio o perjucio  de una u otra parte, mientras que en la mediación, que es un dialogo, que facilita la comunicación , cuya herramienta es el diálogo, que se caracteriza por ser secreto y además es privado,lo que se dice en ese ambiente no puede salir de ese ambiente...".
Debemos partir, que el derecho penal es la ultima ratio, la Constitución no establece que es deber imponer una pena, la Constitución lo que establece es en el art.18,que nadie será penado sin juicio previo, pero no dice que se debe terminar un juicio con una pena, por consiguiente si yo soy victima, si yo soy la titular del bien afectado yo tengo participación en ese conflicto tengo derecho a decidir sobre lo que pase y si ese derecho implica que yo estoy dispuesta arreglar con el imputado,  a mediar con el imputado, yo acepto tus disculpas, acepto tu perdon, acepto  tu reparación anda a trabajar en la comunidad hace una obra de bien y de esa manera yo me siento útil a la sociedad y a su vez le permito a esa persona reincorporarse, resocializarse, rehabilitarse dentro de la sociedad,¿ porque no lo puedo hacer?.
... en un principio se hablaba que los delitos de violencia domestica no deberian mediarse, yo creo que nadie mejor que las partes para saber si se puede  mediar o no,obviamente que con un enfermo o enferma o tiene problemas psicológicos o adicción obviamente que no hay posibilidades de transformar esa situación,de mediar,  no hay posibilidades de expresar su decisión . Pero muchas veces las cuestiones de familia llegan al ambito penal  por la ausencia de los otros elementos que el Estado  debían haber brindado para evitar que lleguen a esto: la pobreza, la exclusión, la falta de trabajo, de vivienda,la falta de salud, son todos elementos que contribuyen a que lleguemos al ilícito, es decir la exclusión genera violencia,la violencia genera delito, el delito la pena considerada injusta genera mas violencia  y mas exclusión, todo eso es un engranaje que debe funcionar para evitar la exclusión, por ende el delito y la pena; bueno pero en cada caso particular debe  determinarse  si se puede mediar o no, en estos delitos si y ojo que la mediación no siempre significa eliminar la pena, porque muchas veces se  hace la mediación para facilitar la convivencia y no eliminar la pena, porque a veces la victima necesita ese dialogo ese pedido de perdon o ver porque le paso eso y comprender aún cuando el juez puede llegar a imponer una pena a veces se utiliza la mediación para que el cuanto de la pena sea menor  o no, pero a veces en los homicidios uno se da cuenta que las personas van presas por el castigo que le corresponde por el tipo penal, pero se hace una mediación por que los familiares  y las victimas necesitan reconsiderar  y poder vivir en paz , a veces necesitan el dialogo con el imputado y a veces el imputado pedir perdon y no quiere decir que no vaya preso ni que no cumpla la pena es un medio de facilitación de dialogo, es un camino de conciliación .
... lo que pasa que la infraestuctura existente no se condice con la demanda hay , porque es un instituto que se empezo aplicar desde el   año pasado y nosotros vemos que cada uno de los juzgado tenemos mas de dos mil causas y todas las causas a mediación produjeron una saturación por no estar prevista la cuestión edilicia...".
FISCAL PENAL:
El dialogo con el Sr. Fiscal comenzo con sus anteecentes dentro del sistema de justicia.
- Yo empece a trabajar dentro del poder judicial cuando tenía 19 años, trabaje como empleado once años  con lo cual a los 30 años fuí secretario en una localidad del interior y estuve 10 años como secretario, hasta que hace dos años que soy fiscal, por concurso así que estoy efectivo.Ah también hice una subrogancia de un año y medio como juez de correccional.


Dentro de una de las provincias en la cual seleccione para realizar el trabajo, se está realizando una reforma penal importante, ya que es una de las provincias que hasta el 2009 e incluso ahora todavía cuenta con un sistema escriturista para la sustanciación de las causas penales. Le pregunte al funcionario en cuestión cual es su opinión en relación a la reforma que se está tratando de implementar y dijo:

-La reforma es necesaria, es positiva, debe hacerse, nosotros siempre tuvimos promoviendo y apoyando la reforma,incluso yo estuve trabajando con los que redactaron la reforma porque nos interesaba,nos intereso siempre cambiar el sistema... lo normativo ya está... ahora es mucho mas beneficioso esté sistema, como sistema procesal, que el actual sistema, es mucho mas beneficioso porque se gana en calidad de gestión judicial y se logra una mejor administración de justicia. Si me preguntas si se van a prescribir mas causas? Si, se van a prescribir más. Hay un montón de causas que no van a ir a juicio? Si, porque? Porque el sistema se achica, cuantitativamente es mas perjudicial el nuevo sistema, pero gana en calidad de gestión, tenemos un mejor juicio, mejor para el imputado, para los actores del sistema para los magistrados, para los terceros que no tienen nada que ver, por eso a la primera de todas esas preguntas, si me parece mas positiva la reforma, digo si,era incompatible tener un sistema escriturista en un estado democrático, es totalmente incompatible, eso por un lado,por otro lado como estamos en la implementación del sistema? Bueno, estamos lentos, no se, no estoy cerca de está nueva gestión gubernamental, respecto a los plazos de implementación y como se está llevando a cabo todo esté trabajo,pero yo si sé que el nuevo código procesal penal, tiene cuatro año, y todavía no está implementado, es decir paso toda una gestión gubernamental,y el código no se implementó,por culpa de uno o de otro,ahora lo único se hicieron es una ley transitoria, que volvió mas engorroso todo, se nombraron algunos funcionarios,las cabezas de los ministerios, ahora se están realizando algunos concursos, ahora en teoría en octubre tenemos que comenzar con el nuevo código y no estamos preparados para eso. No tenemos la infraestructura necesaria,ni el personal, no tenemos el entrenamiento necesario, pensá vos que la dinámica de trabajo, fijate vos que mientras hablo con vos tomó mate, en el próximo sistema eso no lo voy a poder hacer a eso, bueno eso tiene que ver con la calidad del nuevo sistema.

Le pregunte al Sr. fiscal por las figuras de la suspensión del juicio a prueba y otras como la mediación etc, sobre su beneficio o no dentro del sistema de justicia:

- Yo creo que mientras la persona procesada no tiene una sentencia condenatoria, sale beneficiada... esté tipo de cosas se les explica detalladamente a las personas,el tema es que la otra persona lo entienda, no porque la otra persona sea menos inteligente, sino que es una cuestión cultural, ellos no tienen la función de interpretación de leyes, te digo esto porque esto no pasa solo con la suspensión del juicio a prueba, pasa también con la condena condicional. Mira vos le decís a una persona “te vamos a dar tres meses de prisión, pero vos no la vas a cumplir porque como es tu primer pena va estar en suspenso, y vamos a tenerla en suspenso para ver como te comportas vos, si te portas bien, la pena desaparece, si te portas mal la pena vas a tener que cumplirla”, tenes que explicarle a veces en términos incluso infantiles y aún así a veces no te entienden, pensá que estamos hablando de personas de sectores marginales, que culturalmente no están preparadas para una cosa así. La suspensión del juicio a prueba es mas compleja que está explicación, vos tendrías que decir: “como vos no tenes antecedentes vamos a parar el proceso, vamos a suspender el juicio y vamos a ponerte a prueba a ver como te portas,si va todo bien la causa se archiva, sino mira que sigue el juicio y te condenamos, tampoco te condenamos te dictamos sentencia”, tienen muchas sutilezas que no se si las alcanzas a entender. Es difícil hablar y hacerse entender con gente que maneja otros patrones culturales y eso puede estar en la habilidad de cada uno de los actores de como manifestamos o como expresamos, hay veces que me hago entender bien y otras no, y hay gente que tiene mas facilidades para hacerse entender que otras y lo mismo es el receptor, hay receptores que pueden entenderlo mejor y otros no y otros que entran a un tribunal y ya se bloquean y se quedan duros porque no saben que pasa; es decir, hay muchas variables que influyen sobre esto, pero me parece que un problema comunicacional, no creo, en mi experiencia personal y con las personas que yo he trabajado, no creo que sea un problema de desidia de los actores o mala fe de los actores judiciales.

Una de las cuestiones que surgieron del dialogo fue el papel de la víctima dentro del proceso y dijo al respecto:

-Respecto a la víctima, bueno la víctima es otro tema, porque está involucrado con la burocratización del sistema de justicia, lamentablemente muchas veces nosotros nos olvidamos que detrás de un expediente hay un conflicto humano y detrás de ello personas que sufren, personas que le pasan cosas, y nosotros los tratamos como un tema que tenemos que sacarnos de encima, porque? Porque yo tengo está pila de expedientes y quiero sacarlas de cada y que pasa para allá, y quisiera hacerlo con todos los expedientes. Porque? Porque yo cosifique mi trabajo, pasaron a ser expedientes y no conflictos humanos, y cuando viene la víctima interfiere en ese sistema que yo tengo en la cabeza, por eso muchas veces, sin darnos cuentas, las des-tratamos a las víctimas, me pasa muchas veces a mí,de todas maneras trato de hablarles. El otro día mi empleado me dijo, “le hablaste bien pero con términos jurídicos” , como les vas a decir “pertinente”, la gente no entiende no está en su léxico esa palabra y claro uno no se da cuenta de eso, porque como estamos todo el día trabajando con esto, por ahí es una cuestión cultural también. No se como va ser la reforma, como ya te adelante no nos dijeron, te vuelvo a repetir no nos han participado no tuvimos ningún tipo de cabida en la organización ni en la infraestructura de los nuevos ministerios, por el ministerio público de la acusación, moderno, tiene todo una oficina dedicada a la víctima... si nos remontamos a la historia del proceso penal, el tema de la expropiación del conflicto, donde se excluye a la víctima, es algo muy real, nosotros lo patentizamos con la gente, ahí ya, les estamos diciendo a la gente “vos no tenes nada que ver con el conflicto”, es una locura, actualmente nosotros tratamos de explicarle de darle todo los elementos que tenemos de mostrarles todo lo que estamos haciendo, pero ahí entramos con otro problema, que muchas veces, aún así no es lo que muchas veces lo que la víctima quiere, porque la víctima quiere otra cosa, quiere que sangren...

...Acá hay que distinguir algunas cosas, la propia Convención de Derechos Humanos, habla de los derechos de la víctima, creo que es necesaria, creo que tiene que tener sus derechos reconocidos y su participación, el problema está en ¿cómo lo implementamos a esto? Lo que se ha buscado a lo largo de todo las experimentaciones...tenemos diversos problemas con la víctima, una es la de los profesionales que lucran con esto y entonces por ahí es un negocio para los profesionales, no lo ven como vos o yo, el problema es conflictúan innecesariamente el conflicto dentro del proceso, muchas veces las personas no quieren resolver el conflicto, quieren sangre, quieren desahogarse, quieren hacer catarsis pero no únicamente hacer catarsis de ser escuchada sino que hasta no ver caído a la persona no paran,pero aún cuando uno le diga no corresponde, es contrario a derecho, ellos insisten y insisten. Yo creo que esté bien que se le de un lugar en el proceso, escucharlas, pero deben tener los mismos límites que se deben tener al actuar en estos tipos de conflictos, que es el de la ley, no pueden ir mas allá de lo que dice la ley, ni arrogarse mas facultades de los que determina la ley, para mí eso es fundamental. No estoy de acuerdo que la víctima este autorizado a hostigar o intimidar a un imputado, porque el imputado tiene derechos porque sino estamos desvirtuando todo el proceso. La idea de tener un proceso es que podamos volcar y resolver todos nuestros conflictos de un modo racional.

En el dialogo le comente al Sr. fiscal sobre lo manifestado por los privados de la libertad y la falta de investigación en las causas produciendo perjuicios hacia ellos, el contesto:

-Yo no creo que todos los jueces penales, masiva-mente provinciales y federales condenen a gente sin pruebas, puede ser que haya un margen de error, pero en su mayoría, por un cuestión de lógica, un 70 o 80% es con pruebas, puede ser que un 20 o 30% tengamos con error, pero no un 100%, bueno hay pruebas ¿ahora la pregunta esas pruebas son suficientes para el que está detenido o son suficiente para el juez, que es el que tiene que dictar la condena? Otra vez entramos al tema de la percepción que es lo que percibe el imputado de su situación. Vos viste lo que es estar encerrado, hablándose a sí mismo, dialogándose a sí mismo, mintiéndose a sí mismo e ir manipulando los hechos para ir sintiéndose bien tranquilo, no es fácil estar detenido, requiere de una entereza psicológica muy importante. Yo no creo que sea tan así como lo dicen, de todas maneras no le dicen lo que está en los expedientes, quienes son los testigos para no comprometerlos no ponerlos en riesgo, se me ocurre en función de lo que me estas diciendo, no es que a mi me conste esto. Ahora vos me decís ¿ tenemos un déficit probatorio importante? Sí, si tenemos un déficit probatorio importantisimo en el proceso, todos cuando hablan de la reforma procesal penal, hablan como si lo mas importante de la reforma fuera el juicio oral, y digamos que si que es importante, pero lo mas importante es la primera parte, la investigación, la recolección de la prueba, ahora no se va delegar mas la recolección de la prueba, nosotros vamos a recolectarla -fiscales- y nosotros vamos hablar con cada una de las personas para decirle vos vas a venir a juicio y contarles lo que paso.

Una de las preguntas que realice fue ver cual era su visión de la Argentina en relación con el resto de América Latina:

-Mirá, lo que yo veo, no tengo muchos conocimientos acabados de lo que está ocurriendo en otros países, lamentablemente no he viajado tanto, ni me interesado en literatura internacional, si te puedo decir que esto no se puede ver como una cuestión aislada de la cuestión social, vos me preguntas como están los hospitales de América latina, las escuelas de américa latina, como está la justicia de américa latina,que son los servicios básicos que tiene que tener un ser humano, para empezar hablar, después incorporamos otras cosas; y yo te voy a decir y no se si está tan bien. Mira yo te voy a decir como arrasaron con las favelas en Brasil con la excusa del narcotráfico y yo te voy a decir eso no es justicia, yo no creo que ahí se respeten los derechos humanos, pero te vuelvo a repetir para mi es por la precarización que nosotros vivimos en esté hemisferio, que creo, espero y apuesto para que el día de mañana se revierta. Yo ansío estar en una sociedad donde haya hospitales para todos y no como acá que el único hospital de niños de la región sea el de ..., por ejemplo...

Ya, ha está altura del dialogo le manifesté que desearía saber su opinión sobre la burocratización del sistema de justicia y la independencia de los jueces a lo cual contesto:

-Bueno eso yo ya te lo manifesté, creo que a veces se pierde el norte, no es solo sacarnos expedientes y cumplir un horario. Respecto a la independencia es relativo porque eso depende de cada uno, hay jueces que teniendo encuenta el criterio de la Cámara directamente actúan en tal sentido, porque saben que es inútil actuar en otro sentido, hay veces que yo no apelo cosas porque sé que la Cámara no lo va otorgar, no va revocar el fallo y va confirmar la sentencia, en cierta medida uno está condicionado por la opinión del otro, no es una falta de libertad, bueno es decir te condicionan pero no es un condicionamiento ilegitimó, sino que son jueces de Cámaras que en uso de sus facultades, dictan sentencia y establecen jurisprudencia, uno tiene que seguir, bueno no es que uno tiene que seguir, es como la jurisprudencia de la Corte no es que me quita libertad pero no puedo desconocerla, oh puedo dejar salvado mi criterio siguiendo lo que establece la Cámara. Yo no veo como falta de libertad, para mi es el sistema de pesas y contrapesas de esté sistema. Yo no tengo la verdad en esto, yo realizo una valoración con lo que tengo y lo fundamento, pero necesariamente tiene que ser la solución, pero puede haber otras...

Ahora si vos me planteas, que un Camarista me llama y me dice que para determinado caso yo deba seguir tal o cual postura o sea me direccione en un caso concreto y ahí si te digo que no tengo libertad y que me presionan para tomar una determinada dirección. Yo no lo he visto a esto... .



En cuanto a la relación con sus colegas el funcionario respondió:

Depende,... te soy sincero, depende de lo que yo quiero lograr con un expediente, si quiero una solución rápida o no,normalmente yo me manejo vía formal, pero si quiero una solución rápida, voy busco hablar personalmente con el secretario, con el juez con el sumariante, con el defensor... muy fluido no, pero cuando necesito están.

Dentro de las modificaciones que debe realizar nuestro país, y mas específicamente el sistema de justicia, para cumplir acabadamente con la Constitución Nacional es cumplimentar el tema del juicio por jurado y las audiencias públicas de los juicios orales, el Sr. Fiscal se expreso en estos términos al respecto:

- Perdón, pero la administración de la justicia es un acto de gobierno y como tal se debe dar publicidad de sus actos, además la Constitución lo establece así... yo soy un fiscal de la democracia y quiero sea así, las audiencias tienen que ser públicas con las excepciones propias como los menores o causas que atenten contra el pudor,sino tienen que ser públicas.

Y el juicio por jurado, es otro tema,la Constitución dice que tiene que estar y en la reforma del '94 se mantuvo o sea que la voluntad se ratifico de que esté...

Si vos me preguntas si se ganan en juicio con jurado, yo te tengo que decir que si se ganan porque tenes la Constitución y la leyes pero también se pierde, nuestro sistema se basa en la convicción y en la sana crítica, el juez debe fundamentar lo que falla y yo puedo atacarlo sino estoy de acuerdo … en un juicio por jurado no, porque es si o no,y eso le priva al imputado de revisar la sentencia y eso está consagrado en los pactos internacionales el doble conforme, tenes ahí a favor y en contra...

JUEZ PENAL:

Comencé la entrevista solicitando al entrevistado sus años de servicio en el poder judicial.



- Yo tengo 20 años de servicio dentro del poder judicial,en el fuero penal,...un año en el fuero civil.



Durante la entrevista le pregunte al Sr. Juez por su contacto e interacción con las personas privadas de la libertad, a lo cual respondió:



- Visité varias veces las cárceles y mi contacto en tiempo con ellos es el que requiera el acto procesal, actualmente lo que establece el Art. 41 de la ley penal, es un pequeño diálogo para saber su vida, ver su personalidad.



En relación a la reforma penal y el contexto social donde se realiza cual es su visión:



-Como crítica podría decir que tiene muchas leyes penales desperdigadas a lo largo, incluso insertas en normas civiles, que hacen que se le dificulten al justiciable conocerlas todas y también a los operadores del derecho... .

...(cumple con las expectativas sociales el sistema de justicia)si nos remitimos a la opinión generaliza de la gente podemos decir que no,actualmente el sistema no cumple con las expectativas de la gente. Cuestión que no pasa solo en Argentina sino en toda América Latina... .

...(se deba a deficiencia del sistema o por falta de recursos) ambas cosas, lo que veo del sistema es que posee una inflación legislativa que impide al ciudadano conocer acabadamente las leyes.



Sobre los nuevos medios introducidos como la mediación, el sistema de suspensión del juicio a prueba (introducida hace varios años pero de reciente aplicación en la reforma procesal de la provincia), etc. :



- El sistema de suspensión del juicio a prueba fue introducido en el año 1994 o sea que tiene varios años y como métodos alternativos de resolución de conflictos, si, han habido avances, sobre todo con los criterios que fijo la Corte Nacional con el caso Costa, con la introducción del juicio a prueba con el llamado criterio amplio, con lo que le dio al instituto una ampliación que no tenía.

Camarista penal:

Ingresó al poder judicial en el año 1975, luego se trasladó a otra provincia y volvió a ingresar a la justicia en el año 1985 hasta la actualidad. Hace once años que cumple la función de juez de Cámara en lo Criminal y antes fue, once años fiscal penal y cinco años defensor oficial .

* los derechos humanos y el sistema penal:

- Los derechos humanos están desde siempre en nuestra Constitución Nacional, como el derecho a la vida, a la propiedad, etc; ahora consagrados como tales a partir de 1994 y la consagración de los tratados internacionales como leyes supremas, junto con la Constitución Nacional, de la Nación Argentina.

- Se consiguió acá achicar los voluminosos expedientes de cientos de fojas por las comunicaciones necesarias para la realización del proceso. Ya que se agrandaban los expedientes con los sin números de oficios,cédulas y sus diligenciamientos engrosando los expedientes enormemente... Ahora eso se pudo achicar por el uso de informática y el correo electrónico, ya se está aplicando al menos en esté sector del poder judicial, permitiendo una comunicación mas rápida con los profesionales e incluso con la policía, cuando se solicita algún informe. Hemos simplificado el trámite acá en la cámara penal, hay poco trámite, prácticamente seria la integración del tribunal, luego la citación a juicio, para que las partes presenten las pruebas, sobre lo que va a tratar en la audiencia de debate y finalmente dirimir sobre las pruebas suministradas y después estaría el debate, serían solamente esos casos procesales, solamente. Nosotros hemos simplificado en un solo decreto donde unimos la integración del tribunal y la citación a juicio. Y en ese decreto le agregamos una especie de invitación a las partes, para si el caso da para hacerlo, se decrete la suspensión del juicio a prueba, si es procedente o que pidan el juicio abreviado... Y en el decreto de admisión de prueba unimos dos cosas, la admisión de la prueba y la fijación de la fecha de debate, ya en ese decreto... entonces tenemos con dos notificaciones, que antes eran cincos, con dos notificaciones ya estamos en condiciones de realizar la audiencia de debate … lo que dura unos cinco meses en notificarse, nosotros abreviamos a un mes...

* las pruebas en el proceso y la investigación:

- Hay una cuestión acá, la idiosincrasia, la gente con las que nos manejamos acá, voy a hablar de generalidades, siempre hay excepciones, gente que no está dispuesta admitir su responsabilidad en los hechos , aunque él salga filmado y saludando a la cámara, ese no soy yo, me lo cambiaron, eso es un principio general, aquí nadie está predispuesto a reconocer un hecho delictivo, entonces, a continuación viene la frase “me condenaron sin pruebas”, - “no es cierto “, es muy difícil, muy difícil que alguien se lo condene sin pruebas, es mucho mas fácil que salgan personas que tengan responsabilidad y participación en un hecho y que esté probado, es mucho más fácil que quede en libertad por algún defecto legal que lo de la prueba. Que alguien pueda ser condenado sin prueba es casi imposible por lo menos en nuestro sistema penal.

-Con la modificación que nosotros tuvimos en el año 2004, con lo cual desaparecieron los juzgados de instrucción y empezaron a existir las fiscalias de investigaciones preparatoria, nosotros tuvimos, llegados, expedientes armados de mejor manera, con mayor cantidad de pruebas, con pruebas mas eficientes y la mayoría de los expedientes que llega a juicio están prácticamente, como decimos acá “ cocinados”, hay que hacer un gran esfuerzo, una gran tarea, una labor defensiva muy importante para que se ponga en duda las pruebas recolectadas por parte de la fiscalia. Los expedientes que no tienen pruebas suficientes, no llegan, a la etapa de juicio, aclaro estoy hablando de generalidades, porque sino no sería posible algunos casos que terminan en absoluciones.

* el tema comunicación, imputado y ciudadanía :

- El terrible defecto que tiene el Poder Judicial es la falta de comunicacion a la sociedad, yo pienso que si la sociedad tuviera un acceso mas frecuente a la justicia, podría darse cuenta de un monton de cosas,que la gente supone y supone mal, supone equivocadamente. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros los operadores de la justicia le explicamos a nuestros amigos, parientes o cuando damos charlas y les explicamos a la gente como se maneja como actua la justicia, la gente entiende, entonces hace falta ese canal de comunicación entre la justicia y la gente, porque cuando se lo utiliza la gente lo comprende. Ahora en está cámara en especial, nosotros, tenemos una especie de programa, donde vamos invitamos a las escuelas secundarias, generalmente, los últimos años, vienen y también los estudiantes de la facultad de derecho a presenciar los juicios orales, entonces ellos toman nota, y demás y cuando termina la audiencia con la nuencia del defensor y del fiscal de cámaras, hacemos salir al imputado en fin y todo y quedan los chicos y hacen preguntas, no sobre el caso en particular porque nos está vedado..., pero si sobre la mécanica del proceso, entonces los chicos se van dando cuenta que hay pre-conceptos, pre-juicios en la sociedad que están apoyados en ignorancia.



* oficina de prensa, capacitación de los periodistas e información:

- Nosotros tenemos una oficina de prensa, del Poder Judicial del Chaco, depende del Superior Tribunal de Justicia, nosotros tenemos un buen acceso con uno de los chicos que trabaja en prensa que está mas avocado a la parte penal, entonces cuando tenemos casos relevantes y demás, los invitamos, incluso ellos hacen fotos, toman notas y cuando sale la sentencia nosotros ponemos a disposición de ellos la sentencia, sino aquí hay historias a medias, no cierto, la gente sabe que se le imputa a fulano de tal, pero no sabe si fue condenado, y si fue condenado a cuantos años, cual es la condena y como tiene que cumplirla. Entonces nosotros superamos esa cuestión poniendo a disposición de ellos, de ese muchacho la sentencia en cuestión... es cierto que los periodistas que están dedicados a las cuestiones penales no tienen capacitación ... entonces el léxico que ocupan es inadecuado, hay ignorancia supina de cuestiones elementales del proceso, hay cuestiones, ignorancia hasta donde llega el límite de la libertad de expresión y donde se encuentran los límites que necesita la justicia para garantizar el éxito de la investigación, entonces no se puede publicar todo lo que se sabe , no se puede publicar todo lo que se gana o se obtiene incluso con medios no oficiales, un ejemplo puede ser el caso "Camila", todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo dice cosas, y quien tiene verdaderamente a su cargo la responsabilidad de la investigación y de darle contenido a los actos que va realizando nunca se expreso, que es el fiscal que está investigando, entonces a mi me parece que eso perjudica, tanto la investigación, como la difusión, como la comunicación del tema a la sociedad, porque entonces la sociedad tiene manifestaciones como las que escuche hoy en un canal "nadie sabe nada, esto es una injusticia porque el gobierno no nos da material para que opinará ", esto no es así, hasta que no esté la resolución o haya sentencia definitiva dicha por un operador judicial, la gente no tiene porque opinar nada, la gente no está para eso, la gente está para confiar en las instituciones y si cree que las instituciones no funcionan recién ahí reclamar, pero mientras tanto las instituciones tienen un tiempo durante el cual es necesario realizar una serie de pericias, por ejemplo, el ADN, no se determina de un día para otro.

* derechos humanos y fuero penal:

- En realidad , salvo una etapa oscura de nuestro país que todos conocemos, siempre se garantizaron, lo que hoy se consideran derechos humanos consagrados en la Constitución, aunque no hayan estado consagrado en la constitución puntualmente, estaban consagrados de manera implicita en la Constitución y siempre fueron respetados, siempre se trato de respetarlos. Ese dicho "hay jueces garantista o no garantistas" no tiene sentido porque todo son o deberían ser garantistas, es decir, dotar a las personas o permitirles el libre ejercicio de garantias establecidas en la Constitución, justamente garantias establecidas para que los derechos humanos sean operables- operativos, de está manera todos los jueces somos garantistas, todos los jueces concedemos la oportunidad de la defensa en juicio, todos controlamos un debido proceso penal y sino están los remedios que la misma ley contempla para que esas mismas garnatias sean operativas. Ahora, siempre hay dentro de los operadores, algunos que no llevan adelante sus funciones como corresponde, bueno pero eso ocurre en todos los ámbitos, así como hay ingenieros buenos y malos, hay operadores de la justicia buenos y malos también, entonces desde la tortura que aún es norma en algunas comisarias y en algunos medios policiales, no me refiero solamente a la tortura física, sino también a la psicológica- psiquica pasando por algunos fiscales que omiten determinadas obligaciones procesales que hacen operables esas garantias constitucionales o hasta jueces que están mas preocupados por solucionar su imagen frente a la comunidad, que dictar una sentencia conforme a lo que la sociedad espera y no a lo que la ley le indica ?, tenemos casos, por ejemplo, pero yo creo que no son la generalidad, yo creo que la generalidad es la de todos los días, la cotideanidad, lo que ocurre todos los días en los tribunales, es que todos los que están sujetos a un proceso penal, tienen las garantias penales . Ahora, después está lo otro, las cárceles ? Hay garantias? Hay derechos humanos en las cárceles? Y lamentablemente no, acá en la provincia del Chaco, creo que el mes pasado se inauguro la cárcel de Saenz Peña, la unidad penal de Saenz Peña... yo tengo una especialización en derecho penal y una de las materias que estudiamos es cárceles, por lo tanto tengo un conocimiento muy estricto sobre el tema, cuando ví el proyecto ( de la cárcel de Saenz Peña) y realmente el proyecto reunía todo y cada una de las condiciones requeridas y no solamente por la cuestion de insfraestructura, sino también por la cuestión de llevar adelante el proceso de resociabilización que dice la Constitución, que lamentablemente en la mayoría de los casos no se puede implementar por cuestiones de insfraestructura o por cuestiones de manejo. Está cárcel , su estructura permite el manejo de los presos para llevar un proceso serio de resociabilización. La unidad penal de acá de Resistencia y la alcaídia de Resistencia no están preparadas, la infraestructura es un desastre... en cambió la Unidad Federal que tenemos, llamada nueva U7, es una cárcel antigua pero funciona dentro de los standares.

*víctimas, proceso y sus derechos:

- Aquí tenemos una oficina de atención a la victima que funciona las 24 hs del día, todos los días del año, allí se instruye a la víctima acerca de los derechos que tienen, pero además en la comisaria, cada uno que realiza un denuncia por algún delito se le informa a la víctima sobre los derechos que tiene, cual es ese derecho? El de poder constituirse en querellante y coadyudar a la acción del fiscal, pero también tenemos un centro de mediación, trata de acercar a la víctima - victimario y solucionar los problemas, no sustituye la pena, pero si restauras las heridas, que provoca el delito. El imputado ve allí, lo que no puede ver en un proceso normal, que es el alacance de su accionar sobre los demás, no solo sobre la víctima sino también sobre la sociedad... . Y nosotros tenemos cuando terminamos el juicio, hacemos la sentencia, unos de los puntos de la sentencia dice: "notificar la presente sentencia a la víctima " ... entonces se manda una cédula con la parte resolutiva de la sentencia que se notifica a la víctima.

... nuestro código procesal declara primero el imputado y el primer testigo es la víctima, de hecho en el juicio también puede presenciarlo, eso ha permitido, por ejemplo, algunas reacciones que ha nosotros mismos nos ha sorprendido, por ejemplo que el actor se pare en medio de una declaración de otro testigo y estando el damnificado, la víctima,... el imputado se disculpa, pide perdón o llorado, son momentos que incluso nos sorprendio a nosotros y son cosas que eventualmente se pueden llegar a dar.... pero en los casos de juicio abreviados, suspensión del juicio a prueba, donde no participa tanto la víctima, entonces nosotros tenemos una costumbre de llamarlo y explicarle con palabras claras, no jurídicas, cual es el sentido y las condiciones que se impone cuando se concede, la suspensión del juicio o cuales son el alcance del juicio abrevado, donde el imputado reconoce ser autor del hecho, reconoce su responsabilidad e incluso nosotros tenemos una técnica, nosotros dijimos: "¿ de que hecho ud se hace cargo? Entonces él relata el hecho, entonces queda bien en claro lo que tipo se hace cargo, acepta la calificación penal y acepta la pena que se impone, entonces la víctima que está presente está satisfecha por ve como concluye todo . Yo creo, de acuerdo a mi experiencia, lo más satisfactorio para la víctima es cuando dice el autor: "yo reconozco que hice esto", "te pido perdón" o "estoy arrepentido"... , ese es un punto de inflección donde la víctima hace un profunda... aceptación.

* mediación penal- ley que posee la provincia del Chaco:

- La mediación penal se puede aplicar a todos los delitos, pero en algunos delitos el efecto es no imponer pena en determinados delitos mediados, por ejemplo, lesiones leves, violencia familiar e incluso lesiones graves, cuestiones de hurtos pequeños, incluso robos- arrebatos- allí la mediación podría llegar a sustituir la pena con un agregado mas con una regla de conducta, ahí si la mediación podría sustituir la pena, pero yo no creo que la mediación penal pueda sustituir la pena en todos los delitos. Entonces la mediación penal por ejemplo, en un homicidio, la mediación puede restaurar algunas heridas, poner frente a frente al autor

y a la víctima, entonces ponerlos enfrente para restaurar las heridas que ese delito deja... .

Lo que pasa que mucha gente piensa que mediación penal es sustitución de pena y no es así... .

* visión de la justicia Argentina a nivel latinoamericano y europeo :

- Yo tuve, en el 2006, la oportunidad de participar, en Brasil, de un encuentro internacional de jueces, tuve la oportunidad de compartir con colegas de Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y de europa de Italia, Noruega, España, Francia, Portugal, estuvieron, en realidad curiosamente, los sistemas son bastante parecidos, ... pero en todos los lugares tenemos los mismos problemas tanto los paises del primer mundo como los paises latinoamericanos incluso los paises asiáticos, tenemos el inconveniente del asinamiento en las cárceles, el problema de la resociabilización de los internos, ningún sistema procesal es malo, los hombres son malos o buenos, uno puede tener un sistema procesal malo pero con hombres eficientes y tener un sistema procesal brillante pero con malos operadores entonces no funciona... .

Esas cárceles modelos, que aparecen en algunos correos eléctronicos, que uno quisiera estar ahí y no en su casa, esos casos son muy pocos verdaderos, por ahí en algunos paises desarrollados se da. La mayoría de los paises tienen las mismas cárceles que tenemos nosotros, con los mismos problemas que tenemos nosotros con los internos, tienen los mismos conflictos que tenemos nosotros con la polícia, con el tema de los derechos humanos, con la tortura, exactamente igual en Estados Unidos, en Francia, en Venezuela o en la Argentina, exactamente igual, en todos lados hay tortura, en todos lados tenemos gente que viola derechos, te estoy hablando de jueces, fiscales y demás que violan los derechos elementales de la gente, pero la mayoría de los operadores tienen el serio y leal compromiso de avanzar por el camino del respecto

a nuestros semejantes, respeto a los derechos humanos, respetar las garantias constitucionales también, la mayoría estamos en eso.

* corrupción y eficiencia dentro del poder judicial :

- Los funcionarios del poder judicial del Chaco, presenta en general, una buena imagen..., no te voy a negar que hay casos puntuales que son conocidos socialmente... yo creo que hay corrupción instalada, tuve ocasión de conocer algunos casos muy puntuales ... la mayoría de los magistrados son excelentes, además te das cuenta por la fortuna que tienen, son trabajadores, yo vivó en un barrio, mi colega vive en un barrio... es una casa mas dentro del barrio, vivimos con un nivel ecónomico similar a los que nos rodea, no tenemos lujo, ni nada de eso, así que uno se puede dar cuenta por ese lado.

* aborígenes su relación con la justicia:

- Hay dos ámbitos en el Chaco, uno de los ámbitos donde la integración de los pueblos originarios se da y están prácticamente integrados a la vida común del resto de los ciudadanos, por ejemplo, aquí en la zona urbana tenemos, en Fontana (localida de la provincia del Chaco que limita con la ciudad de Resistencia) el barrio "casique pelayo" un barrio de pueblos originarios pero que es un barrio más de esa ciudad, tenemos acá – Resistencia- el "barrio toba", donde también la comunidad prácticamente se ha mezclado con lo que ellos dicen "el blanco" y los han ingresado a la comunidad, o sea, ellos ahora ya han incorporado totalmente las costumbres, la vida diaria del ciudadano, ahora hay una realidad, la del interior – localidades más lejos de la capital del Chaco- Resistencia- donde todavía conservan sus costumbres, viven separados, en comunidades y en muchos lugares seria complicado experimentar un proceso diferente . Te voy a contar una anedocta, nosotros tenemos la posibilidad de ejercer la jurisdicción con salas unipersonales , nos solemos constituir en el interior en el lugar del hecho, por ejemplo a mi me tocó ir el año pasado a Pampa del Indio (localidad dentro de la Provincia del Chaco alejada de la Capital- Resistencia) por unas lesiones graves que hubo por una pelea entre dos grupos de "wichi" (tribú de pueblos originarios), constituido ahí el tribunal, lo constituimos en el juzgado de paz , hicimos el debate, convocamos a la víctima y a los autores, resulto que la víctima hablaba muy poco el castellano, hablaba el idioma de ellos, entonces como interpretes actuaban los mismos imputados y habia sido que los imputados habían sido sobrinos de la víctima, pero hablando entre ellos - en medio del debate- después de prestar declaración testimonial a la víctima que era traducidos por los sobrinos, comenzaron a dialogar entre ellos, cosa que no se puede en una audiencia debate, pero yo lo autoricé, no es lo lógico ni lo usualmente permitido, pero lo permití porque las cosas se estaban dando así y se estaban dando bien, terminaron ellos arreglando el problema que existia entre ellos, ahí mismo se pidió – el defensor lo pidió- una suspensión de juicio a prueba, se corrió vista en el momento al fiscal y ahí mismo se dictó la sentencia, ese es un caso para que veas como nosotros nos amoldamos a lo que se dió en ese momento y seguramente ese es el ejercicio de como ellos hubieran superado el problema . Todos se fueron contentos, tanto la víctima como los imputados, todos contentos.

Yo opinó que habría que investigar más si en esas comunidades no sería posible un proceso adecuado a su idiosincracia .

* relación entre los funcionarios entre sí y estos con los administrativos:

- Mira nosotros tenemos una buena relación, incluso acá entre los colegas de la Cámara e incluso con el Fiscal de Cámara, el cual es muy expeditivo, él impulsa mucho el procedimiento de juicios abreviados ...y ahí podes ver la buena relación con el Fiscal de Cámara y la buena relación que tenemos entre nosotros, por supuesto que hay predilección por uno o por otro... y pese que a muchas veces diferimos en muchas cuestiones, por ahí nos peleamos- hablando- discutimos a fondo cada uno defiende con mucha energía su propias convicciones pero realmente tenemos una excelente relación . Y tenemos una buena relación con los jueces de las otras cámaras, lo que pasa que no dialogamos constantemente con ellos.

* independencia del juez o del sistema judicial:

- Para mi gusto sí – son muy independiente- , lamentablemente hay, pero creo que depende de cada juez, el juez cuando quiere es independiente y otras no, se trata de una cuestión de cada uno , yo gracias a Dios he sido independiente toda mi vida, y ahora estoy apunto de jubilarme y nunca han podido "bajarme el copete ", y yo creo, que el juez debe ser así, porque esa es la garantía para la sociedad. Ahora hay cuestiones que son cuestiones jerárquicas, cuando el Superior Tribunal resuelve una causa en tal sentido, no tiene sentido que nosotros terminemos resolviendo la causa de manera diferente porque sabemos que vía apelación extraordinaria van a revocar .

* el camino que lleva la justicia Argentina:

- Creo que hay enormes ganas de hacer las cosas bien ... las intenciones son buenas por ahí las resoluciones, las decisiones que se toman son malas porque no son las mas adecuadas, no son las que la gente espera o no dan solución a los verdaderos conflictos que tenemos y demás , pero pienso que la gente se reúne para beneficiar al resto, pienso que la gente se junta para mejor el sistema. Cada Congreso que tenemos, cada reunión en la que participamos cada juez coloca su granito de arena para que las cosas vayan mejor cada vez, hay sinceridad en los própositos, por ahí no somos muy buenos en los resultados ...yo tengo esperanzas que las cosas van a mejorar y se van a ir dando respuestas a la sociedad . Por otra parte hay preocupación porque no podemos llegar a la gente, buscamos los caminos para llegar a la gente, ¿cómo podemos satisfacer los requerimientos de la sociedad? En eso hay preocupación y ocupación, lo que pasa que por ahí los resultados no son los esperados.


CONCLUSIONES


Los puntos relevantes fueron contestados por los funcionarios, no hay formulas mágicas, ni téorias infalibles, ni programa perfecto, ni ley perfecta. HAY SERES HUMANOS, que como tales son perfectibles y limitados, pero esto no nos revela de la responsabilidad que nos consierne como miembros de una sociedad que hace uso de su libertad en cada instante y con cada decisión.

Tal vez alguien cuestione mi centralización en la persona, y es legítimo, lo hago con toda intención porque somos nosotros los que creamos todo lo que nos rodea (instituciones, leyes, etc), somos las personas las que damos rienda suelta a los medios que la naturaleza nos doto para bien o para mal y de eso no podemos escapar, la responsabilidad no es de la institución -ya que está sin las personas que las componen no son nada- sino de las personas que las componen .

De hecho en las entrevistas realizadas, los funcionarios llegan a esa conclusión, podemos agregar, crear sistemas con mas detalles y medios pero si no hay compromiso, ética y responsabilidad de cada uno de los actores, eso que creamos, planeamos y aplicamos no va a funcionar e aquí que comienzan las crisis y los replanteos.

Y lo que se puede observar de todo este recorrido por una de las instituciones importantes de la democracia es que las relaciones entre el individuo y las instituciones del estado, entre ellos existe un permanente conflicto, que tiene por límite a la libertad y a la autoridad - no autoritarismo-.Todo el sistema constitucional moderno y la teoría del estado de derecho es un intento de reconciliación entre esos dos conceptos aparentemente antiéticos.

En los extremos encontramos al autoristarismo, anarquismos y libertinaje, por supuesto que la libertad no se identifica con ninguno de ellos.

Si bien la constitución no reconoce una libertad absoluta e incontrolable. De allí que el concepto de libertad debe unirse a otros para que tengan valor jurídico. Y por eso debe haber libertad con responsabilidad; libertad con trabajo; libertad con respeto;libertad con cultura;libertad con sentido de Nación; libertad con honestidad y con seriedad. Dirá Duguit " libertad -deber" (Conf. Duguit, León " Traite de droit constitutionnel", t. III, p. 639.).
Ya Montesquieu señalo: "...En un Estado, es decir, en una sociedad que tiene leyes, la libertad no puede consistir en otra cosa que en poder hacer lo que se debe querer  y en no ser obligado a hacer lo que  no debe quererse. Es necesario distinguir lo que es independencia de lo que es libertad. La libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permitan; y si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, no tendría más libertad, porque los demás tendrían el mismo poder..." ( Conf. Montesquieu, ob.cit, p.205.).
La libertad es necesaria para hayar propósitos, y la libertad del individuo consiste  en su capacidad para escoger el fin, para hallar el camino y para cosechar las recompensas de sus esfuerzos y empeños. Concebida así la libertad como un don cultural, se integra a está última con  la personalidad jurídica, para así,  con la capacidad de obrar, hacerlo con eficacia juridíca.
LLegamos, ahora a la libertad y su implicancia en el estado de derecho, este parte de una idea primaria y fundamental que hay un derecho que es fundamental para el hombre y condicionante de todos los demás, el cual es ser reconocido simpre como persona humana y en su vinculación con lo social - abarca aquí lo jurídico-normativo- con personalidad jurídica-.
En esté sistema la libertad civil es un fin y la libertad politica es sólo un medio. Y ello, por cuanto el hombre en sí msimo es fin y no medio; ha sido creado para ser libre y viene al mundo con la vocación a la libertad; el Estado no le otorga esa libertad, como no le otorga el derecho a la vida y a la dignidad; sólo debe asegurarle  esos derechos y el goce de los mismos a los ciudadanos.
Encontramos en el fondo dos precipicios que la amenazan -libertad- : la renunciación Y revolución; la dejación voluntaria y el cambio violento. Es por eso necesario una difícil armonía, un equilibrio entre la libertad y la ley. Ese equilibrio debe lograrse teniendo en cuenta  lo que ya casi un siglo señaló nuestra Corte Suprema de Justicia siguiendo a la Corte  de EE.UU:" por grande que sea el interés general cuando un derecho de libertad se ha puesto en conflicto con atribuciones del poder politíco, más grande y más respetable es el que se rodee ese derecho individual de la formalidad etablecida para la defensa; y si hubiera dudas sobre la interpretación de un texto, debe resolverse en favor de la libertad. Es, la libertad contra  la opresión: es mejor para quienes detentan el poder equivocarse del lado de la libertad"...(Doctrina Corte Suprema de EEUu, recogida por nuestra doctrina desde el caso sojo, del año 1987. Conf. Bidart Campos, derecho Constitucional, t.II, p.145.)
Al analizar el factor responsabilidad veremos que tiene repercusiones importante y mas allá de lo que uno puede observar o sentir sobre la conducta del individuo en sociedad. Mucho se ha escrito en relación a la responsabilidad penal y civil, pero muy poco de la responsabilidad institucional y familiar la cual afecta la base de  toda la estructura social.
Si la familia es la célula de la sociedad,si de ella salen los individuos que luego se ocupan de las instituciones( educativas, religiosas, politicas, juridicas, etc) veremos que es está  la  que hoy, junto con sus individuos en particular, sufren una gran crisis que afecta a toda la estructura estatal.
¿Que ha cambiado dentro de las familias? ¿ Que es lo que el individuo hoy encuentra en la familia? ¿ Cómo repercute esto en las instituciones sociales básicas? para responder estas preguntas, hare un breve comentario de un confererista, que  me sorprendió, ya  que al partir de una premisa falsa todo su discurso no tenia valor en relación al tema que  hablaba y que tenía relación con la moral. ¿De que se trataba su discurso o planteo?, de la ética profesional, comenzando por la moral de la sociedad y aquí comienza su error que dinámito su planteo y que  advertimos varios de los que allí estabamos."...la moral de los pueblos está determinada por lo que ellos con su conducta eligen  en un tiempo determinado-época-" ...
Cual es el error plantear a la moral como solo conducta que elige el hombre y no como elección libre de los pilares que sostienen esa moral y por ende a un pueblo en un momento o tiempo determinado. La moral no se sostiene , ni es  la conducta de pueblo, los pilares de la moral son los valores supremo sobre los que se desarrollan conductas rectoras y propicias y el otro son los principios que en correlato con esos valores y en coherencia interpretan y se aplican; estos son los  simientos de  la moral de un pueblo. Siguiendo esta línea de argumentación para las actividades que se realizan dentro de la sociedad y para cada actividad profesional, está  la ética, que es la rectora de estas prácticas o deberian serlo.
Pero todo error sirve para mejorar y surgió el planteo ¿Que valores están rígiendo las conductas de los individuos de  nuestra socieda y mundo en esté momento?¿ Se rigen por alguno?
En realidad muchas veces nos da la impresión que no...pero no es así; en cada época los individuos eligen por que pelear o reclamar o como desean vivir, un ejemplo  fué la revolución francesa, la lucha por los valores supremos de la justicia, la igualdad y los principios rectores de la razón, democracia, etc.
Más reciente, luego de la segunda guerra mundial el mundo se unio de una manera única  a fin de terminar con la tírania y la matanza, eligiendo con ello la vida y la libertad como valores rectores y volvió afianzarse los principios de la democracia y la razón para regir sus conductas.
¿Hoy que ríge a nuestras sociedades?... puedo esconder la cabeza como el avestruz y decir lo que es politicamente correcto o  decir lo que vivo, veo y escucho en los diferentes ámbitos que me muevo, con las diferentes personas de distintos paises dialogó, de las diferentes recopilaciones periodisticas que realizó, y en todo ello rige :- el valor de someter al otro - como muestra de poder-(ejemplo sobrado y cotidiano publicado en medios de comunicación y vivido en tribunales todos los días: la violencia hacia la mujer cada vez mayor, hacia nuestros ancianos, sobre nuestros niños, sobre la parte mas vulnerable de la socieda o sobre los que creen en el otro); - el que vale por lo que tiene y no por lo que es- muestra de poder y otra forma sometimiento, con lo que lleva chicos y jovenes que no encuentren sentido en los estudios o en hacer las cosas con esfuerzo, si con avivadas y subyugamiento consiguen muchos de los habitantes, lo que los hace poderosos y valiosos para la gran mayoria; -llegar a un puesto público-ejecutivo, legislativo o judicial: sin importar como? si todo se olvida y todo se tapa, la responsabilidad solo para los empleados no para ellos la cabeza como autoridad, ¿cuantos funcionarios de cualquier fuero de los nombrados son sancionados penalmente, civilmente o administrativamente por sus errores y sus conductas? muy pocos. Se exige mas al que menos responsabilidad tiene y al que mas debe tenerla por su cargo y porque debe estar preparado para ello, menos. Eh aquí la base del gran mal LA CORRUPCIÓN, todo está piramide constituye el gran mal que aqueja al mundo desde su nacimiento y que gran parte de los  hombres no quiere modificar.
Que papel juegan en todo esto el derecho y los derechos humanos? en realidad para algunos solo estar escrito en un papel, es  necesarios que  los individuos  los apliquen, creamos leyes y tratados ,etc muy lindo -intelectualmente- pero nada efectivo y aplicables para una gran mayoria de la  sociedad y de los funcionarios y operadores juridicos, sociales, etc; hare una aclaración importante, y que amerita la ocasión, hay muchos de estos funcionarios y operaradores que arriesgan sus vidas, sus comodidades sociales, sus privilegios por los valores que encierran esos derechos- humanos y subjetivos- a ellos mi mas alto respeto y consideración.
Bien al llegar a este punto parece irreal la posibilidad de un cambio, como buena realista positiva, digo : si es posible, pero con sacrificio.
No podemos seguir permitiendo que las cabezas de las instituciones- politicas, juridicas, religiosas, etc- más importantes sigan dilapitando lo que se construyo con tanto esfuerzo y en algunos casos con sangre.
¿Que nos queda? darle valor a lo que tiene valor, la persona, partir de lo básico para ello no es necesario solo un papel con buenas intenciones y tratados firmados con buena voluntad, sino acciones concretas acompañadas de conductas éticamente irreprochables, asumiendo los errores y reparandolos inmediatamente y no a largos plazos que solo benefician a los corruptos.
Continuar exigiendo a los otros actores importantes en está sociedad los educadores que enseñen a pensar y aplicar valores en cada conducta.
Requerir de las familias la responsabilidad que les cabe en todo esto como formadores irremplazable de lo que son los simientos de las personas de sus hijos  a responder por sus actos, que luchen por sus ideales y valores.
Para ello hare algunas consideraciones que servirán :

PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA:

La misma prescribe que los hombres deben ser tratados según sus decisiones, intenciones o manifestaciones de consentimientoparece ser tan básico que resulta casi vacuo como directiva de moralidad social.
Comenzare por analizar esté principio, partiendo de que la voluntad de los individuos es moralmente relevante según ciertos principios normativos básicos, pero no lo erige en el árbitro final de la justificación moral. Lo relevante aquí es la voluntad o el consentimiento de las personas . ¿ Cómo se relaciona esto con los derechos humanos?... vaya en todo.., la única condición que tienen los derechos humanos son de su "aplicabilidad", esto está constituido por  los actos voluntarios  de los beneficiarios y no por otras de sus restantes propiedades -raza, sexo, etc-.
Esto nos direcciona hacia otra pregunta interesante ¿que determina la voluntad de un individuo?...filosoficamente hay varias clases de determinismos: -Éticos: según el cual los hombres no pueden dejar de hacer el bien  y cuando hacen algo moralmente erróneo, lo hacen por compulsión o error. -Teológico: que afirma que si Dios es omnisciente, sabe por anticipado lo que  los hombres harán, lo que implica que éstos no pueden frustrar sus expectativas.-Lógico: afirma que, dado que el valor de verdad de una proposición es atemporal, una proposición acerca de lo que alguien hará  en el futuro siempre es verdadera o falsa, por lo que el agente no puede alterar el valor de verdad que la proposición ya tenía antes de su acción.-Psicológico: afirma que las acciones humans están condicionadas por sucesos, inclinaciones, tendencias, etc, de indole mental.-Físicosostiene que nuestros actos son el resultado causales de factores físicos, químicos, biológicos (como los de orden géneticos)  que ocurren en forma inmediata en nuestro organismo  y mediata a otros organismos o en el medio circundante.- Social: que afirma que las acciones de los hombres están causadas por factores tales como su pertenencia a cierta clase social, o por la forma que participa en la estructura productiva, o por el proceso de socialización y de educación a que el individuo se ha visto sometido, o por las tradiciones culturales y hábitos sociales de su medio social, o por la influencia propagandística de los factores de poder, etc ( Ver Tyler, Richard, vos determinism, en Edwards, p.,dir.,"Encyclopedia of philosophy". New York, 1967, vol.1-2, p.359).

Bien, esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿en la base de cualquier determinismo que hay y porque el individuo elige uno u otro? el valor y principios por los cuales rigen sus vidas. Esto hoy se ve afectado por las necesidades básicas insatisfecha lo que obliga o tuerce la voluntad de muchos individuos, lo que permite negociar -terrible palabra - con esos valores y principios, llegando hasta el límite de entronizar a los individuos sin ningún tipo de valores como modelos de nuestros jóvenes y niños. ¿Porque?  por que tienen u obtienen mas con su conducta que lo que se obtiene con conductas que persiguen o se conducen de acuerdo a los principios morales.

¿POR QUE LA MORAL COMO BASE DE LA LIBERTAD?

Si partimos de la idea que el hombre desde épocas muy remotas busca respuesta y para ello se abre caminos para su desarrollo, veremos que para ambos casos, el hombre -la historia es su resultado- de errores y aciertos llego a obtener muchos  resultados positivos  que hoy vemos plasmados en los diferentes estados constituidos y las diferentes culturas.
Ahora bien frente a esos diferentes interrogantes el individuo fue optando por los medios mas acorde a sus necesidades, pero a la vez, como es un ser perfectible, busca lo perfecto, esto lo lleva al centro de su ser ¿que quiere ser y como serlo? esto es lo que moviliza a llegar al núcleo del tema "virtud" cuyo camino son los valores rectores y los principios interpretativos para lograrlo, ¿a fin de que? porque esté desgaste ? por nuestras ansias de lo perfecto de lo realmente completo en sí, cuyo anhelo solo tiene un camino que sintetiza todo esto, la MORAL.
Muchos¿ dirán a quien le interesa?, se puede optar por otro camino, lamento defraudarlos pero la historia sigue escribiendose hacia ese sentido antes mencionado . ¿Porque? por los resultados ya que los mismos son visibles y palpables para todos, esto es lo que ánima su continuidad.
Las diferentes culturas, instituciones, personas se desarrollan, crecen, retroceden y crean en base a ella.
Durante décadas y siglos este proceso continúa sin poder detenerse por los diferentes acontecimientos. Sólo van cambiando las formas, pero siempre como límite rector su anhelo superior de lo mejor, de lo perfecto....
Bien, ahora surge el interrogante¿ quienes son los garantes de esté desarrollo y de este camino optado desde época inmemoriables ? el propio INDIVIDUO a través de su voluntad.
*ver: www.fundacionfedi.org/argentina.

ANEXO I
MAPAS : 

REPÚBLICA ARGENTINA


PROVINCIA DEL CHACO


PROVINCIA DE SANTA FE





BIBLIOGRAFIA

1)- Eugenio R. Zaffaroni,libro: Hacia un realismo jurídico penal marginal, pág.30,Monte Avila editores latinoamericanos,1ed. 1993.
2)-Abbas Milani (2004). Lost Wisdom: Rethinking Persian Modernity in Irán Mage Publishers, pág. 12.
3)-Pérez Royo, Javier (2005). Curso de Derecho Constitucional. Madrid: Marcial Pons, págs. 237 y 238.
4)-González Uribe, Héctor (1988-1989). «Fundamentación filosófica de los derechos humanos ¿personalismo o transpersonalismo?». Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (19), págs. 326 y 327.
5)-Labardini, Rodrigo (1988-1989). «Orígenes y antecedentes de derechos humanos hasta el siglo XV». Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (19), págs. 294 y ss.
6)-Platón, República 449, 450 y 460.
7)-Aristóteles, Política. Libro tercero, capítulo V.
8)-Von Balthasar, Hans Urs (1997). Antiguo Testamento (Gloria 6). Editorial Encuentro, págs. 149 y 150.
9)-Santiago 1960"http://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago5:4;&version=RVR1960.
10)-González Uribe, Héctor. Fundamentación filosófica de los derechos humanos ¿personalismo o transpersonalismo?, págs. 328 y 329.
11)-Pérez Luño, Antonio Enrique (1986). Los derechos fundamentales. Madrid: Tecnos, págs. 31
12)-Fernández Galiano, Antonio y de Castro Cid, Benito (1999), pág. 546
13)- Pérez Royo, Javier (2005). Curso de Derecho Constitucional. Madrid: Marcial Pons, pág. 238.
14)-Pérez Luño, Antonio Enrique (2005). Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. Madrid: Tecnos, pág. 26.
15)-La Corte Interamericana de derechos humanos ha expresado que " una misma situación son aplicables la convención Americana y otro tratados internacionales, debe prevalecer la norma mas favorable a la persona humana", conf.OC5/85. La colegiatura obligatoria de periodistas parág.52.
16)-Véase Antonio Augusto Cancado Trindade, Derecho de solidaridad, en ob.cit., pág 66.
17)-Pérez Luño, Antonio-Enrique (2006). La tercera generación de Derechos Humanos. Navarra: Aranzadi, pág. 33
18)- Helio Gallardo, por ejemplo, hace referencia a cinco en Gallardo, Helio (julio/diciembre 2003). «Nuevo Orden Internacional, derechos humanos y Estado de Derecho en américa Latina» (pdf). Revista Crítica Jurídica (22): pp. 260, nota al pie nº6. Consultado el 20 de junio de 2007.
19)-Pérez Luño, Antonio-Enrique (2006). La tercera generación de Derechos Humanos. Navarra: Aranzadi, p. 28
20)-Pérez Luño, Antonio-Enrique (2006). La tercera generación de Derechos Humanos. Navarra: Aranzadi, pp. 32 y 33
21)-Vallespín Pérez, David (2002). El modelo constitucional de juicio justo en el ámbito del proceso civil. Barcelona: Atelier, p. 31
22)- Roberto González Álvarez, Aproximación a los Derechos Humanos de Cuarta Generación.
23)-Vallespín Pérez, David (2002). El modelo constitucional de juicio justo en el ámbito del proceso civil. Barcelona: Atelier.
24)- Matcher, Franz, «La protection judiciarie des droits de l'homme», Informe General presentado en el Congreso Internacional Extraordinario de Derecho Procesal, Bolonia, 1988, v. I, sobre la Tutela giurisdizionale dei diritti dell'uomo a livello nazionale ed internazionale, p. 12.
25)-Pérez Luño, Antonio Enrique (1991). «La evolución del Estado social y la transformación de los derechos fundamentales». Problemas de legitimación en el Estado Social. Madrid: Trotta, pp. 96 y 97
26)-Morello, Augusto Mario (1998). «Los derechos del hombre de las tercera y cuarta generaciones». Estudios de derecho procesal - nuevas demandas - nuevas respuestas, v. 2. Buenos Aires: Platense/Abeledo-Perrot, pp. 943-951
27)- Gelman, Robert B., Declaración de los Derechos Humanos en el ciberespacio.
28)-Bustamante Donas, Javier, Hacia la cuarta generación de derechos Humanos : repensando la condición humana en la sociedad tecnológica.
29)-Bustamante Domas, Javier (septiembre/diciembre 2001). «Hacia la cuarta generación de Derechos Humanos: repensando la condición humana en la sociedad tecnológica» (pdf). Revista Interamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación I. Consultado el 18 de septiembre de 2007
30)Gallardo, Helio (julio/diciembre 2003). «Nuevo Orden Internacional, derechos humanos y Estado de Derecho en América Latina» (pdf). Revista Crítica Jurídica (22): pp. 260, nota al pie nº6. Consultado el 20 de junio de 2007.
31)-Comité de Derechos Humanos, Observación General nº 24, parágrafo 10 (en inglés) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf. Comité de Derechos Humanos, Observación General  nº29,http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf.
32)-Laporta, Francisco (1989). «Ética y Derecho en el pensamiento contemporáneo». En Victoria Camps. Historia de la ética, t. III, "La ética contemporánea". Barcelona: Ed. Crítica, pág. 293.
33)-Origen de los derechos humanos-Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU).
34)-La Corte Interamericana de derechos humanos ha afirmado que "la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida la restricción al ejercicio del poder estatal" Conf. OC 6/86, La expresión "leyes" en el art.30 de la Convención Americana sobre derechos humanos, parag.22.
35)- Véase Antonio a. Cancado Trindade, Democracia y Derechos Humanos: el régimen emergente de la promoción internacional de la democracia y del estado derecho en la Corte y el sistema ineteramericano de derechos humanos, ed. Rafael Nieto Navia, San José, Costa Rica, Corte IDH-1994,pp.515 y ss; art.3 Carta OEA.
36)-Véase Francisco Villagrán Kramer, Resp. Internac. del Estado por denegación y desafío de justicia y violación de garantías judiciales, en la Corte y el sistema interamericano de derechos humanos, ed. Rafael Nieto Navia, San José, Costa rica, Corte IDH-1994-, pág.571 y ss.
37)-Hortensia D.T Gutierrez Posse-vol.163.ED-1995-pág.893/899-.
38)-Los aspectos prácticos del derecho internacional americano de los derechos humanos-Zaffaroni, Eugenio Raúl: Argentino, asesor especializado del Instituto Interamericano de derechos humanos. Profesor Titular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y de Criminología en la Facultad de Psicología de la UBA. Secretario general adjunto para América Latina de la Societé Internationale de Droit Pénal. Ministro de la Corte Suprema de la Nación Argentina. Autor de diversas obras sobre derecho penal y criminología. Este artículo fue publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 112 Marzo-Abril de 1991, ISSN: 0251-3552,.
39)- Caso Salem, Tribunal Especial entre Egipto y los Estados Unidos, Recuil des Cours, Academie de Droit international, vol.II,1163-1237.Según A.A.Cancado Trindade, en el derecho internacional general, los conceptos de denegación de justicia y agotamiento de los recursos internos interactúan para formar la base de la mayoría de las reclamaciones internacionales, "Aplicacao da regra do esgotamento dos recurso internos no sistema interamericano de protecao dos direitos humanos" en Derechos Humanos en las Américas, CIDH, Washington,1984,p.217 y ss.
40)-Caso De Wilde,Ooms y Versyp,13-03-72,A,n.14;Caso Rengeisen,16-07-71,A,n.13.
41)-Corte IDH, caso Velásquez Rodriguez, sentencia del 29 de julio de 1988,pár.60 y Opinión consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990.Excepciones al agotamiento de los recursos internos (art.46.1,46.2.a. y 46.2.b. Convención Americana sobre Derechos Humanos, pár. 41.Ver informe Comisión IDH,n.31/93, caso 10.573 del 14-10-93 donde señala:"...los principios reconocidos    de derecho internacional disponen que el agotamiento es requisito sólo donde no existan recursos adecuados y eficaces", pár.9.
42)-«http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_jur%C3%ADdico»
43)-Justicia y derecho, Salvat editores,SA-1973-pág.71-92
44)-TAKESHI SETO, Subdirector Instituto de Asia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente,UNAFEI-Las reformas al sistema  de justicia penal en Japón y en América Latina.Logros, problemas, y perspectivas(pág.35-53)Ed.2011-ISBN 978-9977-47-429-8.www.ilanud.or.cr.
45)-www.cejamericas.org
46)-www.cejamericas.org
47)- Las reformas al sistema  de justicia penal en Japón y en América Latina.Logros, problemas, y perspectivas.(Pág.23/26-27)Ed.2011-ISBN 978-9977-47-429-8.www.ilanud.or.cr.
48)-STAVENHAGEN, Los derechos de los pueblos indígenas: esperanzas, logros y reclamos, en AAVV, Pueblos indígenas y Derechos Humanos, Bilbao, 2006, p. 24.
49)- Cfr. HURTADO POZON, El indígena. Op. cit. p. 36 y sig.
50)- Sobre la génesis y contenido del Convenio, Cfr. GÓMEZ, El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en
AAVV, Pueblos Indígenas y Derechos Humanos, Bilbao, 2006.
51)- Dice el Convenio OIT 169: Art. 8.1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. Art. 9.1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Artículo 10.1 Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2. Deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento.
52)- ARDITO, Cambios y perspectivas dentro del derecho consuetudinario q’eqchi, en Revista Pena y Estado nº 4, 1999, p. 17.
53)- YRIGOYEN FAJARDO, Reconocimiento constitucional del derecho indígena y la jurisdicción especial en los países andinos
(Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador), en Revista Pena y Estado nº 4, 1999, p. 129.
54)- Dispone la Constitución política de la República de Colombia de 1991 en su artículo 246: «Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos,siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional». En sentido similar o con ligeras variaciones, cfr. el art. 171.III de la Constitución del Estado boliviano de 1994, el art. 191 de la Constitución Política del Estado de Ecuador de 1998, el artículo 149 de la Constitución del Perú de 1993 y el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Pese a las previsiones del art. 63 de la Constitución de Paraguay de 1992, no parece existir en la práctica un sistema dualista. Cfr. VERA VIVEROS,Revista Pena y Estado nº 4, 1999, p. 258 y sig.
55)- Sentencia C 037-96 de la Corte Constitucional de Colombia. Debemos destacar que la Corte Constitucional de Colombia se ha convertido a través de una riquísima jurisprudencia en el tribunal que más ha contribuido hasta el presente en la conciliación de un sistema penal consuetudinario indígena con otro formalizado, respetando los Derechos fundamentales.
56)- En el sistema norteamericano e incluso actualmente en el británico la materia penal no se rige por el common law, sino que prevalece casi unánimemente el derecho legislado o statutory law. Dichas normas están sistematizadas y por lo tanto son objeto de la interpretación jurídica. En todo el mundo anglosajón puede afirmarse la vigencia de los principios fundamentales en materia penal,
como legalidad, irretroactividad, etc. Cfr. HENDLER, Derecho penal y procesal penal de los Estados Unidos, Buenos Aires, 1996,passim.
57)- BINDER, Proceso penal y diversidad cultural: el caso de las comunidades indígenas, en Justicia Penal y Sociedad nº3-4, Guatemala, 1993, p. 24.
58)- Nos describe esta situación VILLAVICENCIO, destacando que en el Perú se han registrado estos mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos al margen del Poder judicial. Cfr. Mecanismos alternativos de solución de conflictos, en Revista Pena y Estado, nº 4, 1999, p. 116. Está a favor de la aplicación de la ley penal indígena fuera de sus territorios YRIGOYEN FAJARDO,
Reconocimiento, op. cit. p.135.
59)-BORJA JIMÉNEZ, Sobre los ordenamientos sancionadores originarios de Latinoamérica, en AAVV, Pueblos indígenas y Derechos Humanos, Bilbao, 2006, p. 664.
60)- BINDER, Proceso penal. op. cit. p. 26.
28. En este sentido, cfr. BORJA JIMÉNEZ, Sobre los ordenamientosOp. cit. p. 672.
61)- RAMÍREZ, Diversidad cultural... Op. cit. p. 71.
62)- ARDITO, Cambios y perspectivas, op. Cit. p. 21.
63)- VILLAVICENCIO, Mecanismos alternativos, op. cit. p. 114.
64)-YRIGOYEN FAJARDO, Reconocimiento,. op. cit. p. 134.
65)-Juan Carlos Ferré Olivé,Diversidad cultural y sistema penal, Revista Penal, n.º 22.—Julio 2008, pág.42.
66)-Juan Carlos Ferré Olivé,Diversidad cultural y sistema penal, Revista Penal, n.º 22.—Julio 2008, pág.42.
67)-Ver Irigoyen, Raquel, Pautas de coordinación entre el derecho indígena y el derecho estatal, Fundación Myrna Mack, Guatemala, 1999.
68)- Ver Ramírez, Silvina, “La Reforma procesal penal y los pueblos indígenas” en www.cejamericas.org
69)-Caso de Chile con su ley indígena 19.253 de 1993
70)-Caso de Bolivia, que está trabajando en un proyecto de ley de coordinación desde 1997, con posibilidades de retomar su discusión en la actualidad.
71)- El artículo 1 dispone: “Los pueblos indígenas tienen derecho,colectiva o individualmente, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Derecho internacional relativo a los Derechos Humanos.
72)-El artículo 33 manifiesta: “Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos,prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”.
73)- Es relevante diferenciar las costumbres de los sistemas jurídicos,principalmente porque las primeras siempre han sido tomadas
como subordinadas y secundarias al sistema de justicia imperante en el Estado.
74)- Sin ir más lejos, en Argentina un fallo adverso a indígenas mapuche,Atilio Curiñanco y Rosa Rua Nahuelquir, en contra de la Empresa Benetton, tuvo en el 2004 amplia difusión. En cuanto a la criminalización, en la IX región de Chile se constatan  persecusiones criminales, que tienen que ver con las políticas formuladas por el Estado chileno frente a los reclamos del pueblo mapuche.
75)- Para ilustrar al respecto pueden citarse los casos de Guatemala,en donde el Convenio 169 de la OIT es utilizado por algunos de los jueces para fundamentar el reconocimiento de las decisiones de las autoridades indígenas; el caso de Bolivia, cuyo código de procedimiento penal incorpora una fórmula de extinción de la acción penal en los casos de resolución en las comunidades indígenas; en Colombia, donde el Tribunal Constitucional es ejemplo de decisiones paradigmáticas que protegen los derechos de los pueblos indígenas.
76)-Sistema Jurídico Indígena. CEJIS, Santa Cruz de la Sierra 2003, págs. 24 – 29
77)- Ver, Sistema Jurídico Indígena. CEJIS, Santa Cruz de la Sierra 2003, págs. 24 – 29.
78)-El contenido sobre Argentina, se basa en Acuña (1995, 1997 y 2000), Cavagna Martínez et al (1994), FIEL (1994), Oyhanarte (1972), Smulovitz (1995) y Thome (1998)
79)-Esto se inauguró con el gobierno constitucional de Perón que, frente a la vieja Corte, promovió en 1946 el juicio político de sus miembros por mal desempeño. Removida la casi totalidad de los miembros, el nuevo gobierno estuvo en condiciones de nombrar a sus reemplazantes. El proceso de remover a los miembros de la Corte y a jueces se repitió en las aperturas democráticas de 1973 y 1983, en algunos casos de la mano de la demanda de organismos de derechos humanos (como en 1983 y 1984 durante el gobierno de Alfonsín).
**Podemos citar por ejemplo como bases de datos jurídicas relativas al derecho chino: www.chinalawandpractice.com ; http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/Frameset-index.html (Base de datos en ingles del propio gobierno chino); http://www.cecc.gov/index.php?PHPSESSID=d5e32c61ad12c2f883472392bd7e2c6d (Base de datos del Congreso de los Estados Unidos).
(+) las encuestas se encuentran a disposición de quien lo solicite en formato papel.
(++) las grabaciones de los diferentes funcionario están a disposición de quien lo solicite (solicitarlo a: sampor_83@hotmail.com).


Este articulo fue enviado a la Fundación FEDI por:
Autor: Natalia Sampor, Argentina
Título: Los Derechos Humanos y los Sistemas de Justicia

Suscrita como Miembro Invitado de la Fundación de Estudios de Derecho Internacional

N.B.: La Fundación de Estudios de Derecho Internacional no se hace responsable por los conceptos u opiniones emitidos en cualquiera de los artículos publicados por sus Miembros Invitados y Suscriptores Internacionales, todo el contenido enviado a nuestra redacción es publicado íntegramente, pues no censuramos ninguna opinión o punto de vista, todo lo contrario nuestra Fundación FEDI respeta, valora y promueve la diversidad de pensamiento como base filosófica y moral de nuestra Institución Académica.
Departamento de Suscriptores de la Fundación FEDI. www.fundacionfedi.org

0 comments:

Post a Comment

Déjale tus Comentarios a la Fundación FEDI

Fundación FEDI / Haz tu Comentario: